En estos tiempos de recrudecimiento de la inseguridad, cuando desaparecen por ejemplo los contadores de agua de las casas y tenemos que solucionar el daño comprando otro a la empresa de servicio público respectiva y además pagar el desperdicio de agua que se genere que no es cualquier cosa, nos preguntamos los ciudadanos si el impuesto de seguridad no representa una póliza a favor del ciudadano para amortiguar los perjuicios de acciones que se salen de nuestro control y del de la policía...
¿Entonces a donde va a parar ese impuesto millonario que se cobra por unidad residencial? La seguridad no es solo pie de fuerza, debe existir un factor de protección a los bienes que proporcionan control al consumo y distribución de servicios públicos.
¿Donde están los ediles y alcaldes menores para levantar las estadísticas que permitan demostrar que la seguridad debe acompañarse de acciones de respaldo y compensación al ciudadano? La elección popular de alcaldes se convirtió en una patología, y los ciudadanos que nos comimos el cuento de la participación no podemos contaminarnos de indiferencia.
