Esta semana se supo que el expresidente Álvaro Uribe denunció a Gustavo Petro y a Gustavo Bolívar porque a criterio del primero los segundos lo han calumniado de manera grave a través de las redes sociales con dichos y trinos.
Hace poco la exsenadora Claudia López fue obligada a retractarse de sus dichos a través de trinos en la red social Twitter contra el fiscal Néstor Humberto Martínez y contra el exministro Luis Felipe Henao.
Incluso el mismo expresidente Álvaro Uribe también ha sido obligado a retractarse de sus afirmaciones en Twitter, la última vez por afirmaciones hechas contra el periodista Daniel Coronell.
Estos ejemplos son una muestra clara de la irresponsabilidad de la gran mayoría de políticos colombianos, a quienes no les basta con promover debates insulsos y sin sentido desde sus cargos sino que también, de una manera infantil, promueven el odio y la irresponsabilidad a la hora de usar las redes sociales. Lo más descarado es que es en gran parte culpa de ellos que ahora se esté debatiendo en las altas cortes la viabilidad de restringir el derecho a la libre expresión dentro de ellas.
Estos inefables, sin ningún tipo de conciencia y de análisis, promueven las agresiones verbales y eso es lo que les enseñan a sus seguidores: que una discusión no se gana con el peso de sus argumentos, sino con el número de seguidores, likes y de retuits que tengan sus afirmaciones.
Francamente, Colombia vive una de las horas más oscuras y penosas en cuanto a la forma en que se hace política: desde aprovecharse de la crisis de países vecinos para hacer proselitismo, hasta el uso irresponsable de las redes sociales por los mismos políticos que quieren restringir su uso. Además, el debate político colombiano es pobre, mísero y escaso, secundado por fanatismos irracionales, protegido por violentos a los que no les tiembla la mano para atentar contra la vida de aquellos que levantan su voz para criticar esas polémicas formas de encaminar la discusión política de un país con gravísimas problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales; todo ello con el acostumbrado cubrimiento de los medios de comunicación, a los que les encanta todo este show mediático, ya que eso es para ellos "noticia".
Mientras que estos políticos irresponsables se insultan y acusan entre sí, los leguleyos que contratan para la "protección de sus derechos" colapsan el sistema judicial con peticiones, denuncias, demandas, memoriales, quejas, incidentes, etc., que le quitan tiempo a los funcionarios públicos para que investiguen y esclarezcan los hechos delictivos que denuncian los ciudadanos del común. Estos Uribes, Petros, López, etc., son tan inconscientes y tan ciegos de la realidad del país, que no piensan en el tiempo que le hacen perder a los funcionarios judiciales con sus pataletas de adolescentes y promoción del uso irresponsable de las herramientas jurídicas del Estado. En cambio, el ciudadano del común que denuncia un delito pasa años esperando que las autoridades tengan tiempo y disposición de investigar los crímenes, quedándose con la idea de la inoperancia de la justicia, que la justicia "es para los de ruana" y así, cada día más el sistema judicial pierde legitimidad y credibilidad.
Ya basta de ese abuso y despropósito. La ciudadanía tiene el poder y el deber de evitar que estos inefables irresponsables a la hora de usar las redes sociales pierdan el poder político y mediático que actualmente tienen. A la hora de votar tenga esto en cuenta.
