La vasta renovación de los altos mandos de policía, militares y de inteligencia fue más lejos de lo esperado. Las consecuencias en el corto y mediano plazo pueden ser graves pues se puede generar un auge de la inseguridad si las diversas formas de delincuencia aprovechan el desbarajuste institucional creado. Llamar a calificar servicios a más de 40 generales de las tres fuerzas, cada uno con más de 30 años de experiencia, sin que medie una situación que exigiera tan drástica medida puede crear una crisis en la seguridad del país.
El objetivo de controlar el estamento militar e impulsar una nueva estrategia de seguridad con mandos “limpios” lo entiende cualquiera. Lo que no se comparte es que sin hacer un proceso de selección de nuevos mandos se desperdicien carreras, conocimientos acumulados, lecciones aprendidas y el costo de la formación de cada uno de los oficiales expulsados. El mensaje que envía el gobernante es que desprecia el significado de las carreras, de los esfuerzos y sacrificios que han realizado.
Se esperaba que la renovación de mandos respondiera a los excesos, errores y arbitrariedades cometidos por un grupo de oficiales leales a la corriente política que estimuló el “todo vale”. Rompieron su juramento y actuaron de forma ilegal contra la ciudadanía como lo ha confirmado la JEP. Estos merecen sanciones y su retiro. Pero lo que se produjo fue un descabezamiento indiscriminado en la gran mayoría de los casos. Del gobierno de cambio se esperaba que erradicara a los mandos comprometidos en violaciones a los derechos humanos, en investigaciones por delitos graves o actos de corrupción e inclusive que separara a quienes mantienen sus afinades y lealtades con el modelo anterior de seguridad y los antiguos mandatarios.
¿Qué busca Petro? ¿Una cúpula que pueda controlar? ¿Un mando para la nueva estrategia? Es natural que busque una cúpula obediente, profesional y dispuesta a aplicar sus lineamientos sin cuestionamientos, la cúpula ideal para aplicar la nueva estrategia de seguridad. Pero en este caso, habría aplicado el proceso para seleccionar a los nuevos mandos, de una manera más armónica, gradual, sin golpear la moral institucional y desbarajustar la operatividad de las fuerzas.
Lo peor sería que Petro busque una cúpula clientelar, sometida, incondicional. Esas que reciben ascensos y beneficios en la medida en que cumplan los designios del jefe sin respetar ética ni principios. Lo que se premia es la lealtad ciega, la militancia, saber decir si y siempre. Estaríamos en este caso eliminando el sistema de pesos y contrapesos que impide en una democracia que el poder militar o el poder civil sobre el militar, se desboquen. Convertir la fuerza pública en un apéndice de un sector político sería un grave error y difícilmente lo toleraría este país de rebeldes de izquierda y de derecha y no es lo que Petro ni Velásquez buscan.
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Aumenta la gravedad de la barrida el vacío que crea en las líneas de mando operativas
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Otro aspecto que aumenta la gravedad de la barrida es el vacío que crea en las líneas de mando operativas. Se genera una ruptura pues las fuerzas del orden tardarán meses en ajustarse, en reemplazar los cargos que ocupaban los oficiales retirados. Las acciones que se derivan de los análisis de inteligencia, la planeación y ejecución de operaciones, las reacciones que deban tomar antes las amenazas de los diversos grupos delincuenciales, todas se dilatarán, quedará al garete por un buen tiempo. Cuando al fin se completen los cargos, los nuevos oficiales tardarán en conocer sus territorios y responsabilidades otro tiempo más. Un país con los problemas de seguridad que exhibe Colombia no debía darse el lujo de desestabilizar sus fuerzas militares y de policía, ni sus organismos de inteligencia.
El desorden que puede surgir lo pagará la ciudadanía en el deterioro de la seguridad urbana y rural. Las fuerzas ilegales van a aprovechar el cuarto de hora. Con las amenazas vigentes de las bandas criminales, la alta criminalidad en las ciudades, así como con las persistentes acciones de las disidencias de las Farc y del ELN en amplias regiones del país, el riesgo de que las F.M. y la policía afectadas reduzcan la eficacia de su accionar es obvio. El golpe moral y el impacto por la ausencia temporal de mandos es una conjugación peligrosa. La estructura militar es enorme, paquidérmica, burocrática, con muchas capas operativas que hacen difícil un rápido accionar.
De manera que cuando se emprenden cambios en estas instituciones el mandatario civil debe saber que son lentos, que necesitan planeación, asignación de recursos, entrenamientos específicos, infraestructura, definición precisa de objetivos y formas de medir la eficiencia de los resultados. ¿Cuáles son los logros que se esperan de las fuerzas renovadas? ¿Un número de capturas (ya no bajas)? ¿Un número de kilómetros reconquistados a las fuerzas del desorden? ¿Cuántas toneladas de cocaína incautada? ¿Y para qué se esperan esos resultados? ¿Para debilitar o para acabar al enemigo? ¿Para derrotarlo o para someterlo al aparato de justicia transicional o al penal ordinario? ¿Cuántos soldados se necesitan en terreno, con qué equipos y formación… y ¿…dónde están los mandos con experiencia de combate para dirigirlos?
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El gobierno aspira a un sometimiento de las bandas criminales y a una negociación exitosa con el ELN. Pero es bien sabido que se necesita negociar desde una posición fuerte
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El gobierno aspira a un sometimiento de las bandas criminales y a una negociación exitosa con el ELN. Pero es bien sabido que se necesita negociar desde una posición fuerte. Si se debilita la fuerza oficial, la contraparte obtiene ventajas en el proceso. Una cosa es negociar tras el fortalecimiento de las F.M. y de policía que se hizo durante los mandatos Uribe con los contundentes golpes que le propinaron a las Farc, y otra negociar en medio de un proceso de renovación del mando de la fuerza pública, sin una estrategia clara y sin objetivos ni medios definidos.
Al gobierno de cambio le corresponde recuperar la legitimidad y credibilidad en la fuerza pública deteriorada por las revelaciones de la JEP, las acciones arbitrarias de las que se jactaba el anterior gobierno y la violencia contra los jóvenes y la ciudadanía urbana. La ciudadanía reclama otro tipo de seguridad, una policía cívica y menos militarizada. Esto es lo que se espera de un ministerio de defensa que recupere el mando y la visión civil sobre el uso de la fuerza pública. En las zonas rurales donde la población padece un creciente dominio de fuerzas ilegales el reclamo de la presencia estatal incluye a un aparato de fuerza eficaz que proteja al ciudadano que debe sobrevivir entre las bandas criminales que cobran sus diferencias quitándole la vida a civiles desprotegidos.
Ya algunos medios, voceros de la derecha insensata, insinúan que la acción busca afianzar el control del poder civil sobre el mando militar para establecer desde temprano quien manda, y lograr la obediencia clientelista al interior de la fuerza pública. Es un modelo que pondría a las fuerzas de seguridad al servicio del ejecutivo pues los mandos entenderían que su supervivencia en la carrera y los beneficios que obtendrían dependen de la puntuación que logren en palacio. Sería un gran error del equipo de Petro deslizarse hacia ese modelo y por supuesto nadie ve al ministro de Defensa dispuesto a jugar el rol de artífice de la construcción de una fuerza militar al servicio de un sector político porque riñe con los principios democráticos que siempre ha exhibido.
Sin duda al gobierno de cambio le corresponde hacer ajustes, pero como la seguridad tiene repercusiones en la ciudadana, la soberanía y la estabilidad institucional, es importante que la reorientación sea transparente, que se produzca después de un debate público y que la ciudadanía comparta los objetivos. Lograr consensos es indispensable para que los peligros que plantean las bandas criminales, la guerrilla del ELN, el narcotráfico y la delincuencia común se neutralicen. La tarea del gobierno es lograr un equilibrio entre las necesidades de seguridad y los ajustes a la fuerza pública que le cierre las oportunidades al crecimiento de la delincuencia y garantice el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos.
