Medios públicos
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El cambio puede empezar por fortalecer el sistema de medios públicos y formular una ley de medios que obligue a cumplir con calidad, pluralidad y participación

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diciembre 04, 2022
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La información de calidad es un servicio público tan importante como el de energía, agua potable, educación y salud. Aunque no lo parezca. Por eso en el mundo democrático ya se reconoce que entregar los medios de comunicación a empresarios con intereses diferentes al de servir a la sociedad es un grave error. Los conglomerados industriales y financieros que ejercen de dueños, como es obvio, convierten el servicio público en un negocio privado, regido por pautas comerciales y por sus intereses económicos, abandonando los principios que los obliga a producir contenidos de calidad para el bienestar colectivo. El interés público quedó por fuera del modelo. Los sistemas públicos de medios son una alternativa, a pesar de las limitaciones presupuestales y de la constante guerra de los empresarios que los tildan de gobiernistas, de ser medios al servicio del poder de turno. Así impiden su desarrollo.

Una producción de contenidos profesionales, pluralista, democrática es fundamental para el cambio social, porque ilustra el debate público, forma ciudadanía y ejerce control sobre el poder. Los medios públicos pueden reflejar la pluralidad de opiniones, la diversidad regional, incorporar a las distintas etnias y promover temas que excluidos por intereses comerciales o políticos. Los medios empresariales se olvidan de las regiones porque allá consumen poco, no son interesantes para su modelo de negocios. Por ejemplo, porque el gobierno habla ahora día y noche de ecología, los medios empresariales descubrieron que las selvas y ríos colombianos están en un proceso de arrasamiento desde hace décadas que exige nuevas políticas para frenar el desastre.

En términos culturales el impacto es mayor. Los medios empresariales dejaron de lado la transmisión, producción y desarrollo de los valores culturales y del talento creativo para buscar utilidades a través del entretenimiento banal. Poco contribuyeron a advertir sobre la irrupción del fenómeno narco en la sociedad y se aliaron -en su mayoría- con las fuerzas ilegales excusándose en la necesidad de buscar seguridad a cualquier costo. Cerraron los ojos ante los horrores del paramilitarismo aliado con sectores de la fuerza pública, de los políticos, del empresariado y del poder civil.

Auspiciaron con su silencio la conversión de criminales de guerra en héroes nacionales, y la conversión de guerrilleros en narcoterroristas internacionales que debían ser aniquilados. En vez de contribuir temprano a una verdadera solución como fue el acuerdo de La Habana contribuyeron a instigar el conflicto que no se ganaba con la política de asesinatos y exterminio. En cambio, cuando ya era tarde, convirtieron a los capos de los carteles en piezas comerciales extraordinarias, logrando que la cultura colombiana quedara sobreimpregnada de los valores de sangre, dinero y la ley de la fuerza.

Para los conglomerados dueños de los medios la producción de contenidos gira alrededor de las exigencias comerciales y de sus expectativas políticas siempre ligadas al modelo económico que les permita crecer y asegurar sus negocios. Es evidente en los canales y las emisoras de las familias Santo Domingo, Ardila Lülle y Sarmiento Angulo que constituyen un oligopolio de la producción de contenidos, que lo ejercen sin control social o estatal alguno y sin que nadie les exija cuentas o los llame a cumplir los principios mínimos para ofrecer contenidos de calidad. En este esfuerzo comercial y en promover sus negocios, también se apropian de gran parte de la publicidad pública. El mismo Estado es generador de parte de la utilidad que obtienen los medios empresariales sin que cumplan su misión.

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Los recursos que necesita el periodismo para desempeñar su trabajo de manera profesional han sufrido recortes enormes que minimizan su capacidad de cubrir los temas

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Los periodistas también han sido afectados por la propiedad empresarial. Tanto en la disminución de las plantas de periodistas, centenares han sido expulsados de los medios, como en la disminución relativa de sus ingresos y en las sobrecargas laborales. Los recursos que necesita el periodismo para desempeñar su trabajo de manera profesional han sufrido recortes enormes que minimizan su capacidad de cubrir los temas. Lo que ocurre en las regiones o en otros países de interés para Colombia, se abandonaron porque no es rentable para los medios.  Además, los periodistas trabajan más porque deben nutrir las distintas plataformas de sus medios. Son unos héroes.

La opinión pública, que nunca es tonta aunque si es manipulable de manera temporal, castiga la decadencia de los medios empresariales. La pérdida de confianza de la comunidad en los medios de comunicación aparece en todos los estudios y apenas el 50 % de los colombianos les da credibilidad. Colombia es uno de los países, de acuerdo con estudios de consumo de medios como el del Instituto Reuters, que más consume información de redes sociales como Twitter y Facebook, a pesar de sus pésimos niveles de calidad. Pero es la gente buscando llenar el vacío que dejan los medios que debían ser profesionales.

Los productores de contenidos culturales y de entretenimiento también han sido afectados. Los directores, los actores, creadores y técnicos trabajan en condiciones a veces denigrantes y sujetos a buscar siempre menores costos y mayores audiencias cayendo en la repetición de fórmulas idiotizantes. Hace poco ni siquiera se respetaban los pagos por derechos de autor, como ocurre en el resto del mundo. Los horarios de trabajo son extendidos, las condiciones en los rodajes son precarias, en especial para los técnicos. Pareciera que el ministerio de Trabajo o y la Oficina de Derechos de Autor hubieran tenido vetado su acceso a los canales empresariales durante años mientras directores, artistas y técnicos pasan trabajos para sobrevivir.

Mientras en otros países los canales mantuvieron y fortalecieron sus contenidos para mantener satisfechos a sus mercados locales y contener la arremetida de las plataformas con sus enormes recursos y producciones superiores, los empresarios colombianos agacharon la cabeza acostumbrados a vivir de sus oligopolio publicitario. Los niveles de audiencia son bajos para la población nacional, aunque siguen siendo fundamentales porque no hay más opciones.

Es una responsabilidad del estado corregir esa distorsión. El cambio puede empezar como lo prometió el Pacto Histórico en campaña, por fortalecer el sistema de medios públicos y formular una nueva ley de medios que obligue a cumplir con los principios de calidad, pluralidad y participación. Claro, de inmediato brincarán los empresarios, dirán que se trata de un esfuerzo por imponer la visión oficial y controlar los medios públicos para hacer populismo y propaganda.

Si se revisan modelos como el de la BBC, PBS o la Deutsche Welle, o TVE, se ve una oferta de contenidos de alta calidad para beneficio de la sociedad. Conviven con las empresas profesionales de medios que sin ser de los conglomerados si hacen negocios del sector. La producción cultural se nutre en varios de esos países de un fondo al que contribuyen los hogares por cada televisor que tengan en casa, una suma baja por cabeza, pero sumada son recursos suficientes para que miles de productores independientes puedan producir sus ideas para que circulen en las plataformas con el apoyo de los medios públicos.

Es necesario independizar del todo RTVC, reformarla para que pueda ofrecer más contenidos y contar con un mayor presupuesto incluyendo la torta publicitaria pública y fortaleciendo el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La Radio Nacional, Señal Colombia deben integrar y apoyar una red de canales comunitarios y públicos de las regiones. Estos medios trabajan con recursos mínimos mientras los grupos empresariales locales repiten el modelo central, acaparando los recursos de publicidad, reduciendo las plantas, minimizando la posibilidad de crear contenidos. Las regiones necesitan más contenidos profesionales de información y culturales y requieren el apoyo estatal para lograrlos.

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