Muchos opinadores en Colombia se muestran sorprendidos con los diferentes “ventiladores” que se han prendido con tal intensidad que ya se convirtieron en un verdadero huracán, que ha dejado al descubierto la putrefacción de algunas instituciones que históricamente han sido sepulcros blanqueados. Pero la realidad es que las decisiones judiciales derivadas de procesos de corrupción y del subjetivismo de los jueces no es un asunto reciente. Lo que sí es nuevo es que la opinión pública conozca los detalles del modus operandi sofisticado de las organizaciones criminales de alto nivel que desde la legalidad han capturado al Estado.
Una sociedad impregnada y permeada por el fenómeno de la corrupción, en la que la cultura y la corrupción son casi inseparables, ha hecho que vivamos en una caricatura de democracia, que en realidad es una corruptocracia. De hecho, no pueden producir un sistema judicial pulcro y más cuando sus vínculos con el sistema político se legalizaron desde el Frente Nacional por los partidos tradicionales.
Por eso el argumento reiterado de algunos medios de comunicación y magistrados que piden la eliminación de las funciones electorales de las Altas Cortes y el regreso de la cooptación pura, no es más que un sofisma que pretende cambiar algo para que todo siga igual. Desde luego que muchos de estos aspectos deben ser revisados, pero no se puede desconocer que desde hace dos siglos el fetichismo legislativo y constitucional que caracteriza a la dirigencia del país ha creído que con “reformitas” en el nivel jurídico se solucionan los monumentales problemas de la realidad colombiana. Pero la experiencia ha enseñado que aquí se cambia el nombre de las instituciones, pero la esencia de los problemas sigue igual.
Con estos maquillajes que buscan darle mejor presentación a un cáncer que ya hizo metástasis, muchos de los beneficiarios en la sombra del sistema corrupto aprovechan sus posiciones privilegiadas para mimetizarse con el discurso anticorrupción, mientras proponen y realizan reformas en caliente que finalmente perfeccionan el sistema corrupto y preparan el camino para que los herederos de la corrupción continúen capturando el Estado y sus riquezas. La evidencia de Colombia como laboratorio social confirma esta tesis.
Otro argumento propuesto en el caso concreto de la Corte Suprema de Justicia es el de la reforma de su reglamento interno, para que cuando la Sala Plena pida por mayoría el retiro de un magistrado, este tenga la obligación de salir sin esperar el trámite de la Comisión de Acusaciones. Nuevamente este es un “globo” que solo piensa en la inmediatez del caso del magistrado Gustavo Enrique Malo e ignora que puede ser un mecanismo para que también se imponga la salida de alguien honesto que no se adecúe a las lógicas de la mayoría.
Entonces ¿qué hacer? Cuando un sistema jurídico tiene una patología profunda su intervención no se puede limitar a reformas superficiales en el nivel normativo. El proceso de producción de las normas y su aplicación en las controversias sociales no solo es un asunto de carácter judicial. Estas problemáticas contienen diversos elementos que están conexos con aspectos muy sensibles del sistema social y con los contenidos de la moral dominante.
Esta es una crisis que está más allá de lo judicial, en tanto refleja el fracaso de todos los discursos religiosos, políticos, mediáticos y académicos que han pretendido la materialización de una sociedad coherente con los valores de la justicia. ¿Será que las iglesias como las principales formadoras del sistema de convicciones y creencias de las personas están reflexionando sobre su grado de participación en esta crisis? ¿Será que los partidos políticos, que en determinados momentos de la historia han actuado como verdaderas bandas criminales, están repensándose? ¿Será que los principales agentes de los medios de comunicación tienen conciencia de su función social, más allá de los intereses de sus propietarios? ¿Será que las universidades, como reproductoras y multiplicadoras de un sistema social que pide a gritos una transformación profunda, están generando los procesos que la actual crisis demanda?
La realidad de las próximas décadas nos responderá estos interrogantes. Por ahora podemos decir que con nuevos actores la historia se sigue repitiendo, como si estuviéramos suspendidos en el tiempo.
P.D. El exfiscal Eduardo Montealegre dijo que el también exfiscal Alfonso Gómez Méndez cuando fue ministro de Justicia le mandó más de 20 hojas de vida y manifestó que sería bueno que el fiscal Néstor Humberto Martínez investigara cuántos procesos llevó la oficina de Alfonso Gómez Méndez cuando él era fiscal. ¿Será otro huracán que se aproxima?
