María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, se declaró inocente de los cargos de tráfico de influencias que enfrenta en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). No obstante, con el objetivo de beneficiarse de un principio de oportunidad, Benavides estaría dispuesta a colaborar con la justicia señalando a presuntos congresistas implicados, entre ellos Martha Peralta, del Pacto Histórico, y Wadith Manzur, del Partido Conservador.
Según la Fiscalía General de la Nación, Benavides habría intervenido de forma irregular en la asignación de recursos provenientes de tres contratos que en total suman $92.000 millones de pesos. Se investiga si utilizó su posición como asesora en el Ministerio de Hacienda para facilitar el desvío de dichos recursos con fines políticos.
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Benavides ingresó al Ministerio en 2020, durante la gestión de Alberto Carrasquilla, y continuó en su cargo durante los mandatos de José Manuel Restrepo, José Antonio Ocampo y finalmente Ricardo Bonilla, quien la convirtió en una de sus colaboradoras más cercanas debido a su experiencia técnica. Durante su permanencia, fue señalada de actuar como enlace entre el exministro Bonilla y varios congresistas, en un presunto esquema de gestión de cupos indicativos —recursos del presupuesto nacional asignados a discreción de los congresistas— a cambio del respaldo político a las reformas del Gobierno.
Cuando estalló el escándalo de corrupción en la UNGRD, Benavides quedó en el centro del huracán. Para defenderse, aportó pruebas ante la Fiscalía que comprometerían a al menos ocho congresistas, lo que abrió la puerta a un principio de oportunidad. Entre los inicialmente señalados figuran legisladores que integraban la Comisión de Crédito Público, como Liana Vitar, Juan Pablo Gallo y Wadith Manzur.
Pese a su colaboración, la Fiscalía imputó cargos formales contra Benavides. Sin embargo, ella busca evitar una condena y mantenerse en libertad a través de una negociación que podría ser clave para profundizar en la investigación. En este contexto, ha emergido el nombre de la senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión Séptima del Senado en el momento de los hechos, quien habría intervenido en un contrato por $2.210 millones de pesos destinados a maquinaria y volquetas para la recuperación de Riohacha, capital de La Guajira.
Peralta fue mencionada por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, como una de las responsables de presionar por la asignación de esos contratos. Como resultado, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación formal. Con el testimonio de Benavides, la situación legal de la senadora podría complicarse aún más, especialmente porque ha sostenido su inocencia respaldada públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien ha calificado las acusaciones como falsas.
Cabe destacar que Peralta no ha negado haberse reunido con Olmedo López en 2023. No obstante, justificó dicho encuentro argumentando que es habitual que los congresistas sostengan reuniones con los directores de entidades públicas para gestionar proyectos en beneficio de sus regiones.
Este caso continúa escalando y amenaza con sacudir aún más las estructuras del oficialismo y de la oposición, al involucrar a figuras de alto perfil político en una red de presunta corrupción institucional.
