Conformada por once municipios bañados por las aguas del río Catatumbo, se encuentra una región biodiversa que lleva su mismo nombre y que carga consigo un legado de luchas colectivas, el Catatumbo, Norte de Santander. En este territorio de variados ecosistemas, con una amplia diversidad de minerales y una distintiva flora y fauna, florece la vida en medio de las adversidades.
Es cuna de una gran historia de resistencia comunitaria, forjada desde las comunidades campesinas e indígenas, como consecuencia de las realidades sociales que hoy siguen escribiendo las narrativas de conflicto, violencia, despojo y desigualdad.
Hoy, de cara a la entrada de un nuevo gobierno, hemos identificado algunos de los tantos retos y desafíos que enfrentamos en la construcción de un Catatumbo con justicia social. Las comunidades exigimos un territorio en el que la violación a los derechos humanos no siga siendo el motivo principal de nuestros relatos, discursos y denuncias; en donde florezcan las infancias y se perviva en comunidad; en el que la estigmatización de nuestra región no se continúe transmitiendo en la prensa local y nacional y en el que, en definitiva, podamos “morir de viejos” y en condiciones de dignidad.
Un desafío persistente en nuestra región, y que guarda sus orígenes en el histórico abandono estatal, es la violencia estructural, base de las múltiples desigualdades. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la incidencia de pobreza multidimensional en el departamento de Norte de Santander cerró el año 2021 con un porcentaje del 44,0 % en centros poblados y rural disperso. Y, es precisamente en territorios como el Catatumbo donde se incrementa en mayor medida debido a las complejas condiciones de vida.
Hace casi 35 años se llevó a cabo el paro del Nororiente, un estallido social en el que, a través de una movilización cívico-popular las comunidades del Cesar y de Norte de Santander dieron a conocer a la luz de la sociedad la vulneración de derechos básicos y esenciales en sus territorios.
Tres décadas después, esta violencia estructural continúa estando latente. Aquellas banderas de expresión popular con las que se exigía la garantía de derechos básicos como la educación de calidad, la salud digna y la infraestructura vial, siguen siendo motivos de denuncia social.
Actualmente, el Catatumbo continúa reflejando cifras bajas en calidad educativa y poco acceso a la educación superior, el sistema de salud continúa incurriendo en la falta de acceso a la prestación de servicios oportunos para sus pobladores y, frente a la infraestructura vial, que garantiza la movilidad de sus habitantes y la comercialización de sus productos, los únicos avances los suman las iniciativas de los recaudos voluntarios liderados por las Juntas de Acción Comunal y las Asociaciones de Juntas que destapan las vías en cada temporada invernal. Esto demuestra que, sin garantías sociales y sin un Estado que priorice las verdaderas necesidades de las comunidades, estas realidades continuarán siendo el pan de cada día.
Sumado a lo anterior, también nos encontramos de frente a una violencia directa que no cesa. Debido al contexto de conflictividad que las comunidades han padecido, el Catatumbo se ha reconocido como una de las regiones de Colombia priorizadas para el postacuerdo, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las Farc-EP. Sin embargo, el panorama actual no es el mejor.
Las vulneraciones a los derechos humanos a través de la presencia de los diferentes grupos armados ilegales y del Estado desde el aparato militar, limitando su papel en relación con la garantía de derechos, desestabiliza la vida de las comunidades, afecta la generación de liderazgos comunitarios y aumenta la persecución hacia las voces comunales.
Por último, una situación que se incrementó en niveles altos después de la pandemia del covid-19 y que se suma a los grandes retos y desafíos para el próximo gobierno está relacionada con algo tan esencial como el derecho a la alimentación… el Catatumbo también padece hambre. La inflación nacional alcanzó cifras históricas en abril, sumando un acumulado anual del 9,23 %, la más alta en los últimos años. Los efectos, sin lugar a dudas, llegaron a todos los rincones del país, desde las grandes ciudades hasta los campos donde también sacamos nuestras banderas rojas.
Finalizando el 2021 se pudo visibilizar la manera en que se incrementó la crisis de la economía rural campesina en el Catatumbo, los pequeños productores de cebollita roja, un cultivo típico de las zonas frías de Ábrego y La Playa, tuvieron que ver cómo su producción se dañaba por las pocas garantías para comercializarla.
En definitiva, esto último enciende las alarmas en relación con la producción de alimentos. Si el campo no tiene garantías para desarrollar una economía campesina, las brechas sociales que produce el capitalismo salvaje permanecerán latentes y la desnutrición aguda, severa y moderada en los niños y niñas, continuarán no solo llenando con cifras los informes del Instituto Nacional de Salud, sino que, además, seguirán estancando la vida de las comunidades y, especialmente, de la niñez que debe ser protegida, cuidada y valorada.
Es por ello que hoy, a escasos días de elegir Presidente de la República, las comunidades necesitamos de un gobierno que represente el cambio, en el que se respete, valore y defienda la vida humana y natural y que no haga oídos sordos a las injusticias sociales.
A la región del Catatumbo se le debe históricamente un Estado garante de los derechos básicos y fundamentales, presente en sus dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales, y con la capacidad de transformar nuestras realidades. Los retos y desafíos son grandes, es momento de empezar a escribir en las narrativas de nuestra historia un Catatumbo en el que podamos tejer un futuro en verdaderas condiciones de dignidad.
