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Ayer estuvo en Bogotá la comadre, una campesina que junto con su pareja procura vivir de lo que produce su parcela en un pequeño lote de Cundinamarca. A manera de cariño me trajo una caja llena de plátanos verdes y maduros, cocos, mangos y mandarinas producto de su trabajo. Sé que también crían pescados en un par de pozas, levantan gallinas y patos, al tiempo que mejoran poco a poco su vivienda y educan un par de hijos hermosos y llenos de gracia infantil.
Una década atrás los dos dejaron las armas junto con otros trece mil mujeres y hombres combatientes de las FARC. La inmensa mayoría de ellos perseveran en el compromiso que firmaron, enfrentando con optimismo las dificultades económicas y de todo tipo que los acosan. El partido político que una buena parte de ellos conformaron, perdió recién su personería jurídica y por tanto los que conservan aún la vena política, examinan la posibilidad de sumarse al Pacto Histórico.
No han sido fáciles estos diez años. Las deficiencias en el cumplimiento de lo acordado por parte del Estado han sido enormes. Se sabía que sería así, no se olvidan las lecciones del movimiento comunero de José Antonio Galán. Pero había que intentarlo y lucharlo. En eso ha sido importante el apoyo de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, Noruega y Cuba. Así como de algunos sectores políticos, unas veces consecuentes y otras veces vacilantes.
Para complicarlo más todo, desde la llegada del nuevo gobierno el panorama se ha tornado realmente trágico. El nivel de la agresión oficial contra el Acuerdo de Paz, los firmantes, sus ideas y propósitos alcanza cada día niveles más sorprendentes. Arremetida que llega de la mano con otra, la ofensiva frontal contra el gobierno anterior, contra el Pacto Histórico, contra cualquier manifestación de disenso político, contra la cultura y el arte alternativo.
De repente, resucitan los peores fantasmas. Un fanatismo religioso cristiano tan exacerbado que aborrece incluso el discurso papal, la demonización de las ideas socialistas y progresistas, la negación de los derechos de las mujeres y las diversidades, el odio desenfrenado hacia quien disiente de la única política admitida, la apología de la fuerza bruta, el desprecio por los principios y leyes del derecho internacional, el delirante aplauso al genocidio.
Una nueva especie de fascismo invade los noticieros de la televisión y la radio, la gran prensa escrita, las redes sociales, la conversación cotidiana. La expansión gigantesca de una realidad artificial, falsa y engañosa, se encuentra en el primer lugar. El poder acusa, calumnia, difama con impunidad absoluta, crucificando en las pantallas a sus víctimas sin la menor posibilidad de respuesta. El poder judicial se torna impasible, calla, se muestra servil y cómplice.
Todo indica que se ambienta y prepara un escenario violento de nuevo tipo. Que comienza con la entronización de un juez omnímodo radicado en territorio estadounidense. Allá es donde hay que denunciar a cualquiera, para que lo pidan en extradición, lo juzguen y condenen sin la menor posibilidad de justicia. De acá los entregarán gustosos. Los acusarán de narcos, traficantes, terroristas, de cualquier crimen atroz. A eso apunta la campaña.
Por eso los nuevos cargos contra Maduro y el intento de empatarlos con el antiguo secretariado de las extintas FARC, por eso el vínculo que inventan entre el crimen de Miguel Uribe y los antiguos congresistas de Comunes, por eso las repentinas revelaciones contra Sandra Ramírez, contra Petro y la Alcocer, por eso la abrumadora campaña de desprestigio contra el senador Cepeda, por eso el frenético empeño por destrozar mediáticamente al Pacto Histórico.
El presidente reitera una y otra vez su apoyo incondicional a la fuerza pública y sus acciones, cualesquiera que ellas sean. Mientras amenaza con emplearla con contundencia total contra las protestas, las movilizaciones, los paros, los bloqueos, conductas todas convertidas en las peores manifestaciones de delincuencia. Mientras anuncian el recorte del salario mínimo, la contrarreforma pensional, el alza en impuestos y el fin del campesinado.
Los grupos armados terminarán siendo funcionales. Al fin y al cabo, están articulados con poderes regionales corruptos que apoyan al poder central. Nuestro país puede estar siendo condenado, conscientemente, a un caos de bandas y matanzas, mientras que este sirva a los intereses de las grandes compañías transnacionales mineras, como sucede en varias naciones africanas, en la Libia que dejaron tras bombardearla sin piedad en nombre de la democracia.
La oposición debe ser abolida, destripada prometió Abelardo. Un fenómeno que se toma todo el continente y frente al cual no podemos permanecer impasibles.
Me quedo con la gente que firmó la paz y trabaja silenciosamente por ella. Con los que con sus luchas conquistaron derechos y los defienden. Con los que levantan proyectos de democracia y justicia social sin pisotear a nadie. Con los que están contra el odio y la mentira.
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