La Constitución Política de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana. En coherencia con ese mandato, uno de sus desarrollos más significativos fue la creación de las circunscripciones electorales especiales, concebidas como un mecanismo de acción afirmativa que permitió, por primera vez en la historia republicana, que representantes de los pueblos indígenas accedieran al Congreso de la República con agendas propias.
Sin embargo, más de tres décadas después, resulta ineludible afirmar que dicho mecanismo se ha vuelto estructuralmente obsoleto e insuficiente para reflejar la realidad demográfica, política y organizativa de los pueblos originarios de Colombia.
El problema es, ante todo, aritmético y demográfico. Mientras la población indígena del país supera —según estimaciones conservadoras— los dos millones de personas, con un crecimiento porcentual superior al promedio nacional, su representación en el Congreso permanece congelada en apenas tres curules: dos en el Senado y una en la Cámara de Representantes. En términos reales, cerca del 4 % de la población nacional compite por menos del 1 % de las sillas del legislativo, una distorsión que contradice cualquier estándar mínimo de proporcionalidad democrática.
A esta brecha se suma un dato político de enorme relevancia: de acuerdo con proyecciones del DANE y con el subregistro reconocido por las propias organizaciones indígenas, el potencial electoral indígena se aproxima al millón de votantes. De estar articulado estratégicamente, este caudal tendría capacidad decisoria en elecciones legislativas y presidenciales. No obstante, el diseño actual del sistema electoral los reduce a disputarse una representación marginal, simbólica y precaria.
Esta distorsión produce un efecto directo de vulnerabilidad política y manipulación. La arquitectura institucional vigente incentiva la fragmentación: para las elecciones de 2026, catorce organizaciones distintas avalan listas para apenas tres curules. El resultado es una dispersión extrema: 24 candidatos para dos escaños en el Senado y 22 para una sola curul en la Cámara. Lejos de expresar pluralismo, esta atomización diluye la fuerza electoral indígena, debilita la construcción de agendas comunes y facilita la intervención de maquinarias políticas tradicionales.
La competencia entre organizaciones como AICO, MAIS, el CRIC, el Pueblo Zenú y otras —legítima en sí misma— termina, en la práctica, favoreciendo el clientelismo, el “trasteo” de votos y la cooptación de liderazgos. La división indígena se convierte así en una oportunidad para actores externos que históricamente han instrumentalizado la representación étnica.¹
A esta fragilidad política se suma una desidia administrativa persistente. La Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de garantizar el derecho fundamental al voto, ha justificado históricamente su débil presencia en territorios indígenas bajo el argumento del orden público. Esta excusa resulta insostenible frente a un hecho evidente: son las guardias y autoridades indígenas quienes, en numerosos casos, garantizan con mayor eficacia la seguridad, la transparencia y el desarrollo normal de los procesos electorales en sus territorios.
La cifra oficial de la propia Registraduría —974.563 votantes habilitados en circunscripciones especiales— no es solo un dato estadístico; es el reflejo de un Estado que no ha realizado un esfuerzo serio y sostenido por documentar, incluir y facilitar el ejercicio político pleno de una parte esencial de su ciudadanía.²
Esta omisión estructural ha sido reiteradamente advertida por la Corte Constitucional, que ha declarado un Estado de Cosas Inconstitucional respecto de los pueblos indígenas. Una de las dimensiones centrales de esa inconstitucionalidad es, precisamente, la limitación desproporcionada de su participación política. Los gobiernos posteriores a 1991 han sido incapaces —o renuentes— a actualizar el diseño institucional frente al dinamismo demográfico y organizativo indígena.
Frente a este escenario, se impone la necesidad de un gran acuerdo nacional, basado en la comprensión de que no se trata de concesiones ni privilegios, sino de un ajuste democrático pendiente. Este acuerdo debe transitar, de manera simultánea y no excluyente, por dos caminos fundamentales.
En primer lugar, una reforma política estructural que revise y amplíe el número de curules indígenas en el Congreso con base en criterios demográficos reales, y no en una fotografía congelada de 1991. En segundo lugar, un esfuerzo autónomo y estratégico al interior del movimiento indígena, orientado a la construcción de una plataforma política unificada que permita transformar el potencial electoral en poder real de incidencia.
Un millón de voces no puede seguir conformándose con tres escaños. La deuda no es solo con los pueblos indígenas; es con la calidad misma de la democracia colombiana, que no podrá considerarse plena mientras una parte sustancial de su población continúe representada de manera meramente simbólica.
El reconocimiento constitucional fue apenas el primer paso. Hoy, la tarea pendiente es la justicia electoral, pero también —y quizá sobre todo— la unidad política del pueblo indígena colombiano.
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