Los políticos que se convirtieron en genocidas

Los departamentos del Chocó y La Guajira, comparten un evento lamentable que enlutan a todo el País: unas cifras criminales de mortalidad infantil, comparable solo con las de Guinea Ecuatorial, Sudán del Sur y Zambia.

A pesar que el porcentaje nacional de este indicador ronda los 15 por cada 1000 nacidos vivos, la realidad en estas dos regiones del Pais es muy diferente y sus cifras oficiales son escandalosas. Sumado a esto hay reclamos de la Defensoría del Pueblo y la UNICEF por los subregistros en eventos lamentables de este hecho, y de otros similares como es el caso de los indices de desnutrición infantil y  mortalidad materna.

La Defensoría del Pueblo en su último informe dedicado a estos dos Departamentos, nos exponen al respecto que tanto en el departamento del Chocó como en la Guajira “se vienen presentando muertes evitables (aquellas que se producen por falta de prevención o tratamiento del sistema de salud) que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada de niños indígenas menores de 5 años como consta en el artículo 44 de nuestra Constitución(ver), por desprotección del Estado, en cabeza del gobierno, tanto nacional como regional… Además hay omisión, desarticulación y descoordinación interinstitucional e intersectorial, nacional y regional, en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones para el abordaje incluyente y diferencial en salud y seguridad social de las problemáticas de la población indígena, especialmente la de los niños menores de 5 años.”

LA CADENA COMPLEJA DE CORRUPCIÓN

Si las muertes de los niños por hambre en Colombia son Predecibles (si no se hiciera nada al respecto) y Evitable (si se actúa con diligencia, honestidad y responsabilidad)  se puede aceptar que hay unos responsables de las mismas, por omisión, negligencia y corrupción. Transparencia internacional define la Corrupción como “Abuso de las posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones”. En este caso particular la consecuencia de esta mala práctica (por parte de altos funcionarios del Estado, Funcionarios del Gobierno, autoridades regionales electas, empresarios y ciudadanos) es nefasta, y su desenlace tan grave que convierte a los que participan en esta “Cadena Compleja de Corrupción” en más que asesinos, como hemos reiterado, en Genocidas; y como tales deberían ser investigados, juzgados y condenados de manera ejemplar, porque “la impunidad es un aliado eficaz de la corrupción, ya que al no sancionar los actos ilegales cometidos por las personas, hacen que éstos se multipliquen en más espacios y lugares”.

Es decir que hay una relación entre los Políticos Genocidas  y  los que integran la Cadena Compleja de Corrupción  ya que los Funcionarios del Estado (Procurador,  Fiscal, Defensor del Pueblo,  Senadores, miembros de la rama judicial, la policía y el ejército); Funcionarios del Gobierno (Directores del ICBF, Ministros y Superintendentes); autoridades regionales electas (Concejales, Alcaldes, Asambleístas y Gobernadores); Empresarios y Ciudadanos que hayan sido participes de esta práctica perversa (de manera directa o indirecta) y que con esto hayan perjudicado la buena utilización de fondos públicos para beneficio de las comunidades vulnerables, son responsable de este Crimen. Robin Hood le robaba a los ricos, y a pesar que muchos lo justificaban, se le podría juzgar solo por Robo; pero robarle a los que no tienen nada, a los más pobres… a eso se le llama crimen, porque su robo no se limita a arrebatar lo material, se arrebatan esperanzas, sueños y hasta la vida de los más vulnerables, aquellos que no cuentan con acceso a servicios básicos, como el agua potable, por ejemplo.

¿Cuánto dinero se pierde por deshonestidad? La cifra al día de hoy no es precisa, pero para el año 2012 el  país perdía  $9,2 billones al año por corrupción. Solo con el 5% de este dinero que se roban quienes no les funcionan la conciencia se podría rebajar radicalmente las cifras de mortalidad infantil, desnutrición infantil (que es una muerte lenta en vida) y la mortalidad materna.

Por los efectos colaterales de este “cáncer” es que en la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción define este delito como “Una plaga insidiosa” y un “fenómeno maligno” (ver extracto del texto)

Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo…”

Documento completo en: https://www.unodc.org/colombia/es/convenciononu.html

 LOS CONTROLES ANTICORRUPCIÓN Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO

Los controles anticorrupción son los mecanismo que evitan o disminuyen el riego que se cometan actos de corrupción; donde hay ausencia o debilidad de estos, el riesgo de que se delinca aumenta. Referente a esto, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, nos suministra información muy útil en dos ítems: primero, el Índice de Gobierno Abierto (IGA), cuyo objetivo es” Medir el cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción, que son aquellas disposiciones que buscan implementar medidas preventivas en el sector público en el marco de las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas de Lucha contra la corrupción”;  y segundo, el Índice de Sanciones, que son las sanciones penales, disciplinarias y/o fiscales que se les ha hecho a servidores públicos  o particulares cuando: comete una conducta​ punible; incurre en cualquiera de las conductas que conlleven al incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, tal como lo estipula la ley; y/o en ejercicio de la administración de recursos públicos causen un daño al patrimonio del Estado.

Y después de analizar el Mapa de Sanciones vs el IGA Departamental, encontramos que:

• A más controles, más sanciones y menos corrupción
• A menos controles, menos sanciones y más corrupción

Por ejemplo, comparando el Departamento de Antioquia y Chocó, encontramos que:

• En Antioquia hay más controles, más sanciones, y por ende, se puede deducir que hay menos corrupción que en el Chocó, aunque parezca contradictorio.
• Y en el Chocó hay menos controles, menos sanciones, y por ende mucha más corrupción que en Antioquia, aunque no parezca por las pocas sanciones se han impuesto. (Ver tabla).

Es decir que en Colombia, más corrupción no se traduce en más sanciones; y la reflexión es que debe exigirse más controles a los Departamentos donde hay menos sanciones y controles, porque esto quiere decir que hay más corrupción, que en los demás. Además no podemos perder de vista, que es precisamente en estos Departamentos, donde la institucionalidad es débil, donde hay mayores índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, desempleo, baja cobertura educativa, desnutrición, mortalidad materna, mortalidad infantil, poco acceso a agua potable, etc.

Al respecto los organismos de control del Estado: contraloría general, ministerio público, procuraduría general y defensoría del pueblo, tienen  mucho que hacer. ¿O cómo se explica en el Chocó y la Guajira, donde muchos de sus Municipios incumplen los controles anticorrupción, hay tan pocas sanciones disciplinarias y penales? Si estas instituciones de control cumplieran su labor en el Chocó y la guajira, con la misma responsabilidad y diligencia que lo hacen en Bogotá, Cali y Medellín,  la realidad fuera diferente. ¿O sería lógico afirmar que hay pocas sanciones porque los Municipios del Chocó son modelos de Gobierno transparente?

EL AGUA Y LOS SERVICIOS BÁSICOS

El Chocó y la Guajira también comparten otras semejanzas, la falta de acceso a servicios básicos. Con dineros públicos administrados de manera transparente se podría garantizar a estas regiones:

• El agua potable y saneamiento
• Centros de asistencia médica, que garanticen una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria
• Establecimientos educativos,
• Energía, etc.

Para la UNICEF el “Estado no puede depender de proveedores privados para suministrar tales servicios, sino que debe intervenir directamente para asegurar su suministro, lo que ayudaría a alcanzar otras metas relacionadas con el desarrollo humano. La educación, por ejemplo, contribuye a incrementar la productividad, a mejorar la salud, a distribuir las ganancias de manera más equitativa y a reducir la pobreza”.

Por ejemplo, garantizar el acceso adecuado al Agua no es un favor; El Agua es un Derecho Humano, y fue reconocido en un acontecimiento histórico por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual reafirma “que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.

La ONU inicio una campaña en 2005 llamada: Decenio internacional para la acción “el agua fuente de vida” 2005-2015. Y de todos los continentes unos pocos países se unieron a esta iniciativa para comprometerse en esta materia; en América Latina y el Caribe, solo cuatro países se unieron a la misma: Brasil, Argentina, México y Colombia. Pero los esfuerzos de Colombia en garantizar el vital líquido a quienes carecen del mismo no han sido significativos.

Siendo la corrupción uno de los factores responsables de esta realidad cruel e inhumana, cabe la pregunta que se haría Frantz Fanon, si viviera en este siglo ¿Los habitantes de estas regiones abandonadas y olvidadas, pertenecen a la zona del no - ser? ¿Esa zona donde a sus habitantes no se les reconoce su humanidad? (…)

El defensor de derechos humanos Paco Gómez Nadal, nos da algunas luces sobre esto. Siendo de origen Español, conoce muy bien al Chocó, hace poco estuvo en Napipí, y al preguntarle sobre la relación entre mortalidad infantil, corrupción y genocidio nos dijo “Hay un genocidio que en el Chocó se viene desarrollando desde hace siglos, es muy complejo, pero el abandono estructural, el racismo estatal, el conflicto armado, el confinamiento de muchas comunidades, las multinacionales que ha controlado el Chocó históricamente, con la autorización de los responsables del Estado desde Bogotá que siempre lo han despreciado y los medios de comunicación que los invisibilizan, son los responsables de esta realidad. Los Chocoanos no tienen derechos humanos, porque para las elites colombianas criollas no son exactamente humanos… en fin son muchos los genocidas, o, más bien los etnocidas”.

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