La época de mayor prosperidad de las fincas La Radiola y Macondo, en las espléndidas sabanas de Magdalena, se dio cuando su dueño, Roberto José Herrera, pertenecía a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes y tenía el poder para conseguirles a sus amigos contratistas negocios a manos llenas con entidades públicas.
Los cultivos de palma estaban regados con sistemas hidráulicos para aumentar su productividad, contaba con tecnología de última generación para el levante de búfalos y de silos para el acopio de maíz, además de áreas sociales confortables.
Sus visitantes podrían pensar que todo eso se debió al esfuerzo de un hombre que comenzó de abajo hasta llegar al olimpo de la política regional, pero la Corte Suprema de Justicia encontró que la mejoras a las dos propiedades fueron pagadas por contratistas que se beneficiaron de recursos gestionados por Herrera ante INVÍAS, el Ministerio de Vivienda, FONADE y Coldeportes.
Mediante la figura de los cupos indicativos, que remplazaron a los viejos auxilios parlamentarios, el congresista conseguía que esas entidades asignaran recursos a los municipios magdalenenses de Salamina, El Piñón, Pivijay, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pinto. Luego se encargaba de que los alcaldes adjudicaran los contratos a un carrusel compuesto por sus amigos.
Las obras públicas que debían ser ejecutadas se convertían en elefantes blancos y la plata asignada se diluía en un círculo de corrupción al que pertenecían personas acostumbradas a los lujos y la exuberancia. El propio Herrera se encargaba de asesorar a sus amigos y socios en esa empresa criminal -como la denominó la Sala de Instrucción Penal de la Corte- a la hora de comprar ropas y joyas.
De eso dieron testimonio los dueños de la joyería Glauser de Barranquilla donde por sugerencia del político el contratista Pedro Ramón Laza Bula compró un reloj Rolex de 35 millones de pesos, que entre otras cosas se demoró en pagar porque debía darles prioridad a las comisiones exigidas por el entonces parlamentario.
Fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el exrepresentante a la Cámara, Roberto Herrera
Envueltos en ese círculo, los implicados quisieron incluso usar como excusa para explicarle a la Corte sus transacciones con supuestas compras y ventas de vehículos de alta gama. Antes de aceptar culpas y doblegado ante la contundencia de las pruebas, Herrera intentó justificar las consignaciones que llegaban a sus cuentas bancarias con la venta de un carro BMW a Laza Bula.
Cuando se presentó ante la justicia con esa versión, los investigadores ya habían hablado con la concesionara Autogermana y sabían que el vehículo siempre fue de Herrera y que no lo vendió, sino que lo dio como parte de pago para comprar otro de más alta gama.
En cuanto a la manera como era pagada la maquinaria para las fincas del representante, se lee en un aparte del expediente: “JUAN MANUEL VILLEGAS LIÉVANO, gerente de la línea maquinaria de la concesionaria CASATORO, con sede en Barranquilla y quien recomendó a CARABALLO RODRÍGUEZ al procesado, informó en entrevista al CTI de 31 de julio de 2020, que HERRERA DÍAZ compró en 2016 dos tractores marca JHON DEERE avaluados en $230.600.000, cuyo soporte documental fue allegado al expediente, entregados a la empresa H&M de propiedad del acusado y su exesposa DELVIS SUGEY PÉREZ HERRERA”.
Los audios de las conversaciones entre el representante y sus compinches fueron facilitados por la Fiscalía a la Corte porque por aquellos tiempos Herrera también era investigado por la Unidad de Lavado de Activos como cabeza de una empresa de créditos mediante libranza que terminó convertida en una multimillonaria pirámide. En esas conversaciones interceptadas legalmente queda claro la manera como Herrera y sus amigos construían las mentiras que luego se caerían en la Corte.
José René Laza bula, John Jairo Eljadue López y Alberto José Daza Lemus eran los demás contratistas que integraban esa cadena de felicidad temporal cuyos eslabones se harían añicos.
Todo esto ocurrió durante la segunda administración de Juan Manuel Santos, cuya promesa de impulso a las vías terciarias en las regiones marginadas atrajo el interés de los congresistas para hacer valer sus cupos indicativos para sus regiones. Las reglas parecían claras: habría recursos, pero todos los proyectos tendrían que se inscritos por los gobiernos territoriales ante el Departamento Nacional de Planeación.
Sin embargo, los proyectos que teóricamente serían gestionados por Herrera para obras en el departamento de Magdalena no fueron inscritos, pero sí autorizados y entregados. Los registros que la policía judicial consiguió para la Corte muestran que el entonces representante de la comisión de presupuesto de la Cámara era, entre los congresistas, el visitante más asiduo a las oficinas del Ministerio de Transporte y del INVÍAS.
Resolución de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia frente al caso de Roberto Herrera
Confinado ya en la Penitenciaría Nacional de la Picota, el excongresista fue condenado este 11 de enero a 106 meses de prisión (ocho años y ocho meses). También deberá pagarle al Consejo de la Judicatura una multa por cerca de $5.000 millones e indemnizar con más de $9.000 millones a los municipios cuyos recursos él se llevó para su alforja personal.
Este caso es solo un botón de muestra de una ofensiva judicial que la Corte desatará este año para sancionar más de un decena de casos relacionados con los cupos indicativos y para castigar también otros desafueros relacionados con programas socialmente sensibles como el Programa de Alimentación Escolar.
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