Los lunares de la justicia colombiana

Errores en investigaciones como el caso de Sigifredo López, o la falta de respuestas en el caso Colmenares, abre una puerta a reflexiones sobre el sistema judicial del país

Por: Samir Alberto Pérez
diciembre 12, 2014
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Los lunares de la justicia colombiana

Casos polémicos como los del ex diputado del Valle, Sigifredo López; el congresista liberal del Cauca, Luis Fernando Velasco; la senadora de Cundinamarca Nancy Patricia Gutiérrez o la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes Luis Andrés Colmenares, son lunares que la justicia colombiana puede repetir muchas veces si no corrige graves errores en sus investigaciones.

La historia se podría volver a producir en el caso de la ex senadora del Partido de la U Piedad Zuccardi quien está detenida por mandato de la Corte Suprema de Justicia por presunto concierto para delinquir debido a sus supuestos nexos con paramilitares, según lo publica el nuevo portal de periodismo investigativo laotracara.co

En el proceso existe una particularidad: todos los testigos que van desde poderosos jefes de los paramilitares como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Uber Banquéz alias “Juancho Dique” y José del Carmen Gelvez Albarracín alias “El Canoso”, hasta sicarios o lugartenientes como Óscar Villadiego alias “Never”, Eugenio Reyes alias “Geño”, Manuel Castellanos alias “El Chino” y Aleider García Soto alias “El Primo”, han ratificado que no se reunieron con Zuccardi para asuntos ilícitos, ni saben de la cercanía de esta con la organización al margen de la ley. Estos últimos tenebrosos hombres operaban en el sur del departamento de Bolívar y se encuentran amparados dentro del programa de Justicia y Paz, donde se comprometieron a contar toda la verdad de sus macabras actuaciones para ganar beneficios del Estado porque de no hacerlo pagarán largas penas de prisión.

Otro de los ingredientes principales del tema es la actuación de las integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, Clara López y Janeth González.

Cuando comenzaba el proceso, en la etapa preliminar, el 17 de agosto de 2014, ambas ordenaron interceptar las comunicaciones personales de Zuccardi, pero dichas directrices se hicieron con sus firmas adulteradas, las cuales aparecen encima de los nombres de las investigadoras como si fueran las rúbricas originales de las citadas funcionarias. Es decir, las firmas estampadas en los documentos no corresponden a las rúbricas genuinas de López y González, pues a simple vista se nota claramente la diferencia entre las dos. (Ver facsímile con las firmas adulteradas)

Las expertas del CTI luego entregaron los documentos sobre los diálogos telefónicos de la política sincelejana a la Corte como parte de las pruebas en el proceso.

Aclaremos que para realizar una interceptación dentro de una averiguación judicial, los encargados del Sistema Esperanza que funciona bajo el mando de la Fiscalía sólo proceden con las firmas originales de los investigadores. En este caso, parece que no fue así.

La prestigiosa compañía forense ADALID certificó luego de un minucioso análisis que las firmas que presentaron las investigadoras López y González son diferentes y por consiguiente falsas. Esto se dedujo por el estudio y comparaciones con las rúbricas originales de las expertas tomadas de varios informes que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, dentro del marco de la investigación contra Zuccardi, entre ellos el 0220 del 5 de septiembre de 2011.

El misterio que ronda esta parte del proceso, es por qué las funcionarias entregaron un documento con firmas falsas a la Corte. ¿Sería que las funcionarias encargaron o autorizaron a algunos subalternos de confianza para que adulteraran sus firmas haciéndose pasar por ellas, con el fin de hacer las órdenes de interceptación?

En caso de resultar cierto este interrogante, el tema sería una falta gravísima y esta prueba podría estar viciada por falta de legalidad.

¿Qué identidad o ética tienen unos funcionarios que actúan de esta forma? ¿Ante quién se apela cuando un funcionario comente esta clase de irregularidad?

Recordemos que en el caso del ex secuestrado Sigifredo López, este fue investigado por presuntos nexos con las Farc y su proceso fue expuesto con bombos y platillos ante la opinión pública por la Fiscalía General de la Nación, que hasta mostró en los medios de comunicación una imagen que resultó falsa de su cara. Argumentó que el político participó en una supuesta reunión con guerrilleros donde estaría planeando el plagio de sus once compañeros diputados, miembros de la Asamblea del Valle, que en últimas fueron asesinados por el grupo subversivo. Hoy López, en libertad, planea demandar al Estado por terminar de dañarle su vida luego de salir de un largo cautiverio a manos de las Farc.

Lo mismo pasó con Luis Fernando Velasco que tuvo un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia en el que resultó absuelto por supuestos vínculos con el grupo guerrillero y también con los paramilitares, pero al final resultó que su acusador resultó ser un mitómano profesional apodado “El Cabezón”, cuyo nombre es Armando Lugo, quien ahora está condenado por falso testimonio en el caso, pero además realizó esta despreciable práctica en varios procesos.

En cuanto a Nancy Patricia Gutiérrez, quien fue presidenta del Congreso, su exitosa vida pública se acabó cuando la Corte le abrió un expediente por sus supuestas relaciones con hombres de la Autodefensas con nombres de aves. Se trataba de Luis Eduardo Cifuentes “El Águila” y Jhon Fredy Gallo “El Pájaro”, que manejaban los grupos armados en Cundinamarca.

La Corte concluyó que los dos testimonios contra la política no eran creíbles y por ser “inconsistentes”, ante lo cual le ordenó a la Fiscalía investigar penalmente a los falsos testigos que intentaron enlodar a la exsenadora.

Y ni hablar del publicitado y sonado caso de fallecido joven Colmenares, donde aparecieron tres testigos falsos manejados por la Fiscalía, la cual tuvo que recomponer el proceso y ahora la opinión pública sabe que el expediente está lleno de irregularidades y montajes que buscan condenar sin pruebas a los acusados por la muerte del universitario guajiro. A los supuestos informantes José Wilmer Ayola, Jonathan Martínez Ortiz y Jesús Alberto Martínez, les salió caro su jugada porque ahora ellos son procesados por la justicia. El último ya fue condenado a siete años de cárcel.

El expediente de Zuccardi está en la etapa preparatoria del juicio y el 11 de noviembre de 2014 se reanuda este proceso en la Sala Penal de la Corte.

El Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre el caso de las firmas falsas de las investigadoras del CTI, aunque esto fue denunciado por la defensa de la ex congresista el pasado 22 de septiembre de 2014.

Sin embargo, se espera que los magistrados descubrirán qué pasó en ese tema de las firmas y determinarán si hay méritos para condenar a Zuccardi, presa en CESPO desde el 23 de febrero de 2013, o si su proceso es igual a los otros que mancharon a la justicia por estar lleno de falsedades e irregularidades.

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