Hasta 1982 la homosexualidad fue delito en Colombia. La Constitución del 91 creó la estantería para que paulatinamente la Corte Constitucional haya reconocido varios de nuestros derechos en gota a gota. Uno por uno fue luchado cada derecho. Nada nos ha sido reconocido oficiosamente ni regalado. Las demandas elaboradas cuidadosamente por juristas homosexuales y demócratas heterosexuales lograron resultados como que contamos con la unión marital de hecho desde 2007 como única opción para proteger parcialmente nuestra vida en pareja.
El Congreso de la República ha sido nuestro opositor declarado. En 13 años hundió los nueve proyectos de ley que buscaron algún derecho, desde los obvios y moderados patrimoniales hasta el matrimonio civil que despierta tanto morbo. El Congreso ha retrasado sistemáticamente, con poco y pobre debate la hora de la igualdad.
Las luchas sociales por los derechos civiles siempre se han enfrentado con los sectores más conservadores y privilegiados de la sociedad: hombres, blancos, propietarios y entidades religiosas. Las luchas inacabadas por los derechos de las mujeres, de los afro e indígenas sortearon las amenazantes voces que decían “la sociedad se va acabar si las mujeres salen de la casa a estudiar o trabajar; los indios no tienen alma; los negros son inferiores, equivalen a ¾ de un blanco”.
Mucha tinta ha corrido desde 2011 sobre los dos pasos adelante y uno atrás que dio la Corte Constitucional en la sentencia C-577. Adelante porque aclaró de una vez por todas que nuestras familias —integradas por homosexuales— son eso, familias. Y porque ordenó suplir la desprotección que como familias enfrentamos por carecer de una forma jurídica para conformarla: un contrato civil con efectos inmediatos. (Solo gozamos de la unión libre o marital de hecho que permite después de dos años de convivencia intentar con testigos y pruebas, gozar de mínimos derechos). La reversa de la Corte al fijar fecha para nuestro acceso al contrato fue abstenerse de llamar las cosas por su nombre. Se limitó a enunciar los elementos esenciales del único contrato existente en la legislación colombiana para constituir familia: el matrimonio civil. Recitó como en la adivinanza: “blanco es gallina lo pone y frito se come” sin poner la inequívoca respuesta.
Pasaron dos años desde la sentencia, el plazo llegó: 20 de junio. Ante la ausencia de ley que regule el déficit de protección que la Corte ordenó subsanar, nuestros derechos están en la incertidumbre, sometidos a la interpretación individual que quieran hacer jueces y notarios. Y dependemos además de su carácter pues hay poderosos infundiendo temor con el poder sancionatorio sobre ellos.
Reconocidos opositores de la igualdad como el Procurador y el vocero de la Iglesia Católica piden —sugieren o ¿notifican? — a notarios y jueces que invoquen objeción de conciencia para sustraerse de cumplir su deber con las parejas homosexuales. Omiten que los operadores de justicia no pueden invocarla para evadir el servicio público confiado.
Para terminar, afrontamos la combinación de todas las formas de lucha. El Colegio de Notarios, entidad de carácter gremial privado pretende usurpar las facultades del Congreso. Expidió un formato de “contrato de unión solemne”. Figura inexistente que no cambia el estado civil de las personas, no tiene reconocimiento en el país ni en el exterior, nadie sabe cómo se liquidaría ni como se dirimen los conflictos. La creatividad del colegio de notarios debe canalizarse en listas de candidatos en las elecciones del año próximo, con nuestros derechos no se juega. Sugerimos a las parejas homosexuales que no firmen ese documento pues estarán más desprotegidos que con la simple unión libre hoy vigente.
A pesar de todo, pronto olvidaremos qué respuesta finalmente nos den jueces y notarios. Atrás quedarán ofensas que algunos curas nos hicieron asemejando homosexuales a delincuentes, las intimidaciones de neonazis en la Plaza de Bolívar y las “Barreras” éticas que pactaron hundir nuestros derechos en el Congreso a cambio de votos en elecciones. Las excrementales frases de los padres de la patria máximo nutrirán columnas del futuro. Apellidos que hoy son sinónimo de intocable poder como Ordóñez, pronto serán recuerdos. ¿Quién recuerda hoy a esclavistas y opositores al voto femenino?
Las luchas civiles siempre están del lado correcto de la historia. Construyen democracia y paz. Con dignidad y convicción juristas voluntarios y organizaciones como Colombia Diversa apoyarán jurídicamente a las parejas que reciban negativa del Estado. Al mismo amor, los mismos derechos con los mismos nombres. Matrimonio civil o nada. Vía tutela llegaremos a la Corte Constitucional para que de una vez por todas termine la tarea que empezó con buena letra hace varios años y que tiene pendientes como la tutela de adopción de las mamás lesbianas de Medellín. Pronto celebraremos porque la igualdad es imparable.
Si me permiten la cuña, en www.angelicalozano.com está toda la información para ejercer los derechos de las personas LGBTI.
