Ya es la segunda vez que sucede lo mismo: la minoría LGBTI gana una batalla jurídica que nos obliga a todos los colombianos a acatar fallos en favor de ellos. En esta ocasión (la primera fue con la adopción igualitaria establecida por la Corte en su famosa sentencia C-683 del 5 de noviembre del año pasado) el Ministerio de Educación, acatando una decisión de la misma Corte, ha estado enviando cartas a todos los colegios del país para la examinación de los manuales de convivencia para determinar si hay o no en ellos algún tipo de discriminación a la comunidad LGBTI, y adoptar medidas correctivas para donde sí las hay.
Entre los puntos polémicos está la permisión del uso del uniforme y baños que estén de acuerdo a la identidad sexual de cada joven. De tal forma que, si un niño siente que, efectivamente, no es niño, puede vestirse como mujer, e incluso, usar el baño de estas.
Cosa que, bajo los ojos de cualquier seguidor de la diputada Ángela Hernández, resultaría contradictoria con sentencias anteriores de la Corte Constitucional. Como la C-224 de 1994, que expresamente dictaminó que “el respeto a las minorías, también proclamado por el Liberalismo, no puede llegar hasta el extremo absurdo de pretender que las mayorías se sometan a ellas, o que renuncien al derecho de hacer prevalecer sus opiniones”. Absurdo, ¿no? ¿Estamos -como dijo la diputada- frente a una colonización LGBTI?
No. Es errado pensar que el aseguramiento de derechos de un sector históricamente marginado va en contravía a los de la mayoría.
Manolo Azuero, jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, lo expresó mejor que yo: “no se puede hablar de una colonización homosexual, se tiene que hablar de la consolidación de la democracia. La diferencia nos hace seres humanos. Respetar la comunidad LGBTI, defender los principios de la solidaridad, la tolerancia y el respeto a la diferencia son esfuerzos por la democracia”.
Y es precisamente esto lo que se busca con las normativas que la diputada tanto debate. Con ellas no se está obligando a ningún niño a vestirse de mujer, o a tener que usar baños diferentes al establecido para su género. Por ello no podemos hablar de colonización. ¿Desde cuándo tener que respetar la diferencia es una imposición? ¿Cómo trasgrede nuestros derechos el respetar los de los demás?
Ahora bien, la diputada, al igual que la senadora Viviane Morales (congresista líder del proyecto encaminado a la realización de un referendo en contra del derecho de los menores a ser adoptados por familias diferentes a las conformadas por un hombre y una mujer, excluyendo además de la posibilidad de que los homosexuales adopten, a que lo hagan hombres y mujeres solteras) y todos quienes piensen diferente a la corriente posmoderna tienen el derecho a promulgar abiertamente su pensamiento. Si se les prohibiese tal facultad, ahí sí estaríamos hablando de una colonización por parte de las minorías.
No obstante, situación completamente diferente es la de que escudados en ese derecho, y en la soberanía popular (principio establecido en la Constitución que busca que sea el mismo pueblo quien decida sobre el futuro de la nación), busquen restringir derechos fundamentales de sectores marginados.
Esto no se puede hacer, y ya la misma Corte lo dijo en la sentencia mencionada: “La moral no puede ser sometida al principio de las mayorías, simplemente porque ella no es negociable, ni siquiera conciliable. Una cosa es que la moral pueda ser el fundamento de una opción política y otra diferente es que la política pueda ser el criterio para solucionar divergencias de tipo moral”.
En la democracia no hay cabida para la decisión popular sobre los derechos de las minorías. Si bien la misma Constitución establece que solo y únicamente el pueblo puede decidir sobre la reforma al Título II (Todo lo concerniente a los derechos y deberes de quienes se encuentran en Colombia) también es explícita al decir que las minorías étnicas, religiosas, sociales (y un largo etcétera) cuentan con especial protección por parte del estado. Si no fuese así, en cualquier momento podríamos revivir aquellas épocas tenebrosas de nuestra historia en las cuales la hegemonía política excluía a los sectores (no tan minoritarios) que no se identificaban con ninguno de los dos partidos tradicionales (razón por la cual surgieron las grandes guerrillas que aún no hemos podido acabar).
Y es de entender que esto suceda cuando el derecho se adelanta a la sociedad en la materia social de derechos. Muy rara vez se da, pero cuando pasa, existen grandes dificultades para que la comunidad se adapte a los cambios establecidos. Pasó cuando se abolió la esclavitud y cuando se permitió el derecho al sufragio a las mujeres, está pasando con los derechos de la comunidad LGBTI, y pasará cuando las dos guerrillas restantes se desmovilicen y se integren a la vida civil.
El trabajo ya no es normativo, ni jurisprudencial. Si bien hay muchas cosas que faltan por hacer en ese campo, el verdadero reto está en la misma sociedad. No de imponer derechos de una fracción de la población a otra, sino de aprender a convivir con la diferencia, respetando la libertad de conciencia de quienes consideran que ser homosexual “es un pecado”, y el libre desarrollo de la personalidad, no solo de los LGBTI, sino de todos aquellos que disiden del parámetro conocido como “normal”.
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