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Escuché al entrevistador estrella de Caracol Televisión, cuando en la sesión matutina del martes entrevistaba al presidente de la Corte Suprema de Justicia con ocasión de un aniversario más de la creación de esta. Como era de esperarse, la conversación giró versó sobre diversos temas relacionados con la justicia, hasta que, en algún momento, el periodista introdujo al magistrado en el tema de la JEP, insinuando afanosamente que convenía una condena abierta contra ella.
No valía que el magistrado explicara sobre el carácter temporal de la JEP y los resultados alcanzados a la fecha. El entrevistador volvía a embestir, aduciendo que esa justicia se había dedicado en lo fundamental a investigar y juzgar las conductas de los miembros de las fuerzas militares, mientras se había desentendido de las conductas cometidas por los antiguos alzados. Sus palabras y su tono no disimulaban para nada su mala intención.
Como periodista que se supone es, y más de un medio de tanta importancia, debería conocer que, si bien la JEP se ha ocupado de las más graves conductas ilícitas cometidas por los militares, lo ha hecho para en lo fundamental decretar a su favor la figura conocida como renuncia a la persecución penal, esto es, extinguiendo la acción penal y en algunos casos disciplinaria, por crímenes de lesa humanidad de los que no se los consideró máximos responsables.
De acuerdo con cifras de septiembre de este año, la JEP ha expedido 45 resoluciones mediante las cuales decreta la renuncia a la persecución penal, favoreciendo con ellas a 1.019 miembros de la fuerza pública, a 46 a exintegrantes de las FARC-EP y 5 a terceros. La amplísima mayoría de militares beneficiados frente a los antiguos guerrilleros, refuta por completo el veneno con que el periodista la emprende contra la JEP. Los más beneficiados con ella son los miembros del Ejército.
Además, para no imprimirle a estas cifras el carácter competitivo de a quiénes ha beneficiado más la JEP, téngase en cuenta que todos estos beneficiarios han tenido que aportar verdad completa ante la jurisdicción, esto es, reconocer no sólo su participación, sino su responsabilidad en los hechos, pidiendo perdón cara a cara a las víctimas y ejecutando acciones de reparación. Es que, cuando se habla de la JEP en los medios y el alto gobierno, lo que brilla es la absoluta ignorancia.
La justicia transicional es una modalidad de justicia que busca cerrar judicialmente los procesos relacionados con los crímenes más graves cometidos durante un conflicto armado, sobre la base de exigir verdad a los comparecientes. Si los comparecientes la aportan de manera completa pueden ser beneficiados con penas alternas. Si no, pagarán condenas muchísimo más duras. Las víctimas son protagonistas principales de todo el proceso y este apunta a la satisfacción de sus derechos.
Pero lo que vemos y escuchamos en los medios es un servilismo absoluto al discurso mentiroso del presidente de la república, vocero oficial del empeño por acabar con la JEP, con el argumento de que produce una gran impunidad. Las cosas realmente son al contrario. Los comparecientes están obligados a aportar verdad. Quiénes dieron las órdenes, quiénes son los últimos responsables. Esto es lo que el presidente y sus amigos quieren evitar a toda costa, que la verdad salga a flote.
El periodista de Caracol debería saber que ante la JEP existen dos tipos de procedimiento. Uno, dialógico, cuando el compareciente se compromete a aportar toda la verdad posible, y otro, adversarial, cuando el compareciente se niega a admitir verdad y responsabilidad. El primero implica una empatía entre el juzgador y el compareciente, que conversen ampliamente sobre lo ocurrido, mientras que el segundo tiene un carácter inquisitivo, de interrogatorios intensos.
Así que el escándalo que arman porque la magistrada Lemaitre conversaba sin rencores con los miembros del antiguo Secretariado de las FARC, y particularmente con Rodrigo Londoño, nuevamente nace de la ignorancia, de la mala fe preconcebida. Los máximos responsables de las FARC han aportado verdad, pedido perdón a las víctimas, interactuado con ellas, cumplen acciones de reparación. El entrevistador mencionado pasa por encima de todo eso.
Igual, otro periodista, de Caracol Radio, que entrevistaba la misma mañana a una mujer adolorida por la violencia criminal que campea en Cúcuta, le señalaba, a manera de consuelo, que probablemente muy pronto el presidente de la república irá a esa ciudad a poner fin a esa situación oprobiosa. Propaganda pura, que atribuye al presidente el poder de solucionarlo todo con su sola presencia, como si fuera cierto. Santa Marta ejemplifica la verdad de esa farsa.
Así que tenemos unos medios haciendo parte del aparato político de prensa del palacio presidencial, totalmente arrodillados, sin el menor sentido crítico y atravesados por la ausencia plena de objetividad y honestidad. Comités de aplausos en la radio, la televisión y la prensa escrita, una vergüenza.
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