Durante años, la Misión de Observación Electoral (MOE) se erigió como la conciencia crítica de la democracia colombiana. Desde el año 2007, en torno a los escándalos de la parapolítica, esta plataforma de organizaciones civiles como la Corporación Nuevo Arco Iris, Viva la Ciudadanía y Transparencia por Colombia construyó su prestigio sobre los escombros de un sistema electoral permeado por el fraude, la coerción armada y la financiación ilegal, con una presencia mediática casi siempre en tono de denuncia, que se convirtió en referencia obligada para entender las anomalías de las elecciones colombianas.
Luego de revisar el origen y las pasadas posiciones de la MOE resulta desconcertante el giro discursivo de su vocera y "perenne" directora, Alejandra Barrios Cabrera, quien, en declaraciones recientes, ha optado por exaltar la "probidad, excelencia y eficiencia" del sistema electoral colombiano, justo en momentos en que las dudas ciudadanas sobre la transparencia del proceso alcanzan niveles de termómetro político. ¿Qué explicación cabe para este repentino viraje? ¿Acaso la MOE ha decidido trocar su tradicional lente de aumento por unas gafas color de rosa?
La extrañeza crece cuando se contrasta esta posición con el origen mismo de una organización que surgió, precisamente, para combatir la opacidad de un sistema que, hoy por hoy, sigue presentando las mismas grietas estructurales de siempre, como los cuestionados formatos E-14, piezas clave del escrutinio, que siguen siendo motivo de queja, frente a los cuales, la MOE guarda una posición anodina, pasiva, que no se compadece con su historial beligerante.
Resulta particularmente llamativa la reacción de Barrios ante la exigencia del presidente Gustavo Petro a la Registraduría para que presente públicamente el software electoral a cargo de la firma Thomas Gregg and Sons. En lugar de respaldar la petición presidencial como un ejercicio legítimo de transparencia, la directora de la MOE optó por recriminar al mandatario, alineándose de facto con las posiciones de un registrador nacional cuyas orientaciones han sido ampliamente controversiales, reforzando las suspicacias y dejando en la opinión pública interrogantes como: ¿Desde cuándo exigir auditoría pública al software electoral es un acto de intromisión indebida? ¿No era esa, precisamente, la clase de batallas que la sociedad civil organizada debería aplaudir?
Pero el asunto no es solo de posiciones públicas. La inquietud de fondo apunta a la naturaleza misma de una organización que se presenta como "representante de la sociedad civil" sin someter a escrutinio público sus propios mecanismos de integración y designación. ¿Quién elige a los directivos de la MOE? ¿Cómo opera realmente ese Consejo Directivo conformado por un puñado de instituciones académicas y ONG? Resulta paradójico que una entidad dedicada a exigir transparencia electoral funcione bajo criterios tan cerrados, sin dar cuenta clara de sus procesos internos de toma de decisiones.
Tampoco ayuda a disipar las dudas el capítulo de la financiación. La MOE se sostiene fundamentalmente con recursos de cooperación internacional, destacándose entre sus principales donantes la agencia estadounidense USAID, que hoy enfrenta señalamientos, incluso desde el propio gobierno de Estados Unidos, sobre injerencia política en América Latina. No se trata, por supuesto, de satanizar la cooperación internacional, pero sí de preguntarse legítimamente hasta qué punto esa dependencia financiera puede llegar a modular las posiciones de una organización que alardea de independencia y rigor técnico. ¿Puede una entidad financiada por actores externos con agendas geopolíticas declaradas considerarse plenamente autónoma?
La inquietud se extiende en el campo nacional. Fuentes consultadas de regiones como el Cauca han denunciado la renuencia de la MOE a acompañar procesos electorales en territorios en donde las sombras del fraude han sido históricas. Precisamente en aquellos espacios puntuales donde más se necesita una veeduría rigrosa, la organización brilla por su ausencia. ¿A qué obedece esta selectividad geográfica? ¿Por qué desertar precisamente de los escenarios más complejos?
El contraste no podría ser más evidente: una MOE nacida para denunciar las artimañas del establecimiento electoral se ha convertido, con el paso de los años, en una defensora acérrema de dicho establecimiento. Sus posiciones recientes no solo distan diametralmente de la rigurosidad que pregona, sino que alimentan la sospecha de que la independencia puede ser, en el fondo, un lujo que no todos los financiadores están dispuestos a tolerar.
Mientras tanto, los colombianos seguimos esperando que alguien, con la autoridad moral que da la coherencia, vuelva a poner el dedo en la llaga de un sistema electoral que sigue produciendo más dudas que certezas. La pregunta incómoda queda flotando: ¿a quién le habla realmente hoy la Misión de Observación Electoral? Porque a la sociedad civil, francamente, hace rato que dejó de representarla.
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