A través de una carta de llamado urgente, las comunidades campesinas han roto el silencio que los grupos armados de narcoterroristas parecen querer imponer, denunciando una crisis de orden público que ya desbordó cualquier capacidad de respuesta.
El detonante de este grito de auxilio fue el atroz doble homicidio en la vereda San Rafael, donde las balas terminaron con la vida de un padre y su hijo: Ituriel Arenas y Julián Andrés Arenas Duque. Este patrón de sevicia no es aislado, se suma a la tragedia de abril de 2025 en Barragán, donde fueron acribillados Fabio Nelson Torres y su hija Mayrena Torres. Con cerca de 50 muertos en la zona rural, el campo tulueño vive el capítulo más oscuro de su historia reciente.
Resulta indignante y altamente cuestionable el papel del personero Municipal, Óscar Alejandro García Trujillo. Mientras el campesinado denuncia asesinatos constantes y desprotección total, el titular del Ministerio Público y defensor de los Derechos Humanos en Tuluá parece haber optado por el mutismo.
¿Cuál es la función de la Personería si no es la de ser el primer garante de los derechos en el territorio? Su silencio no es solo una falta administrativa, es una bofetada a las familias que hoy entierran a sus hijos mientras él observa desde la comodidad de su despacho en el casco urbano.
En la misiva dirigida a entidades como la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, los campesinos son claros: hay un abandono institucional absoluto y la fuerza pública brilla por su ausencia. La comunidad exige a la Mesa Territorial de Garantías que priorice la vida de los líderes sociales que hoy tienen una lápida sobre sus espaldas. Tuluá no puede seguir siendo el laboratorio fallido de una paz que solo existe en los discursos de Bogotá.
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