No se sabe cuáles son los criterios que a veces utiliza la organización Colombia Líder para escoger los mejores mandatarios regionales. Algunos de los seleccionados este año causan bastantes interrogantes como en el caso del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ungido como el mejor gobernador del país. Mis reparos son por tres razones. La primera: durante su administración, Antioquia se rajó en las pruebas del Saber, ni siquiera figuró entre los diez primeros departamentos y las estadísticas lo que demuestran son preocupantes índices de detrimento de la calidad educativa.
La segunda: también se rajó en desempeño fiscal, en las últimas dos administraciones de sus antecesores Aníbal Gaviria Correa y Luis Alfredo Ramos Botero, Antioquia ocupó los primeros lugares, entre los departamentos en los estudios sobre los desempeños fiscales de las entidades territoriales que elabora el Departamento Nacional de Planeación.
En las dos administraciones que le antecedieron, Antioquia mantuvo un buen manejo de sus finanzas, pero durante su gobierno desmejoró hasta descender deshonrosos puestos que se constituyen en asuntos alarmantes para el liderazgo antioqueño.
La tercera perlita, cuando el gobernador Fajardo asumió el cargo, la Asamblea Departamental le aprobó el presupuesto del departamento para la vigencia siguiente en $3.6 billones y ahora, cuatro años después, para la vigencia del 2016 es de $3.2 billones, cuantía menor que la que se fijó hace cuatro años. Lo que indica que los esfuerzos de su administración en materia de recaudos en cuatro años fueron supremamente deficientes.
Más allá de estas tres perlitas y otras que ensombrecen la eficiencia de la administración de Fajardo, un informe preliminar de la Comisión del Empalme de Infraestructura, que nombró el gobernador electo Luis Pérez Gutiérrez, ha destapado una especie de eslabón oscuro del carrusel de millonarias contrataciones, adjudicadas de manera directa a la empresa Konfirma S.A.S. desde el 2012 por $ 6. 296 mil millones, solo en el nivel central sin enumerar y cuantificar los valores de los contratos otorgados por las entidades descentralizadas. De los entregados por el nivel central, cuatro son con la Secretaría de Infraestructura Física, en asunto relacionado con la construcción del Túnel del Toyo, adjudicados sin licitaciones con el argumento torticero que en dicha Secretaría “no contaba con el recurso humano con la experiencia para ejecutar la planeación, selección y contratación; como tampoco el conocimiento jurídico, técnico y financiero del proyecto”.
Unas contrataciones donde se colige que hubo una suplantación de las funciones propias de la Secretaría de Infraestructura antioqueña y, en criterios de varios juristas, no se adjudicaron en procesos de selecciones objetivas como lo establece la norma.
Una firma creada hace cinco años por la empresa Cadena S.A., especializada en impresión, distribución y venta de formas continuas comerciales o preimpresas, cuyo presentante legal es Juan Manuel del Corral Suescún y la Cámara de Comercio de Medellín, cuya representante legal es Lina Vélez de Nicholls. Konfirma es una empresa que tiene como objeto el diseño y venta de sistemas de información con alto valor agregado, inspirados en el uso de la información depositada por los usuarios de los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Medellín y no contempla especialidad construcciones de túneles.
Basadas en las recomendaciones de Konfirma, la Agencia Nacional de Infraestructura, adjudicó el contrato de construcción del Túnel del Toyo, el más largo de Colombia con 9.8 kilómetros y la obra de infraestructura más grande del país, entre las poblaciones antioqueñas de Giraldo y Cañasgorda, en la vía al mar Medellín –Urabá por $ 1.2 billones.
La misma empresa que ha recomendado al gobierno de Fajardo contratar con una firma privada la gerencia del proyecto de Túnel del Toyo y sus vías de accesos por $ 35 mil millones y con una duración de 11 años, proceso que está previsto para el próximo 22 de diciembre y que ha prendido las alarmas, en virtud de que la empresa Konfirma esta inhabilitada para contratar con el departamento de Antioquia.
Porque el empresario Juan Manuel del Corral Suescún, propietario de Cadena S.A, empresa matriz de Konfirma hasta hace poco fue miembro de la Junta Directiva del Metro de Medellín como delegado del Presidente de la República, y además, su empresa Cadena es cliente del Metro y las incompatibilidades dura un año después del retiro.
Igualmente, Lina Vélez incurre en otra incompatibilidad debido a que su hermano, Guillermo Vélez Londoño, también es miembro de la Junta del Metro. Como se sabe, el metro es propiedad del departamento y el municipio de Medellín, y como el Gobierno Nacional avaló su deuda tiene representación en su junta directiva. Ahora, la norma es clara cuando señala que ningún representante de una junta directiva puede directamente, ni por interpuestas personas, contratar con la empresa que tiene vínculos. En conclusión: estos son uno de los tantos pecaditos que tiene guardado el gobernador Fajardo y que van saliendo de la penumbra del Túnel del Toyo.
Twitter: @j15mosquera
