Los contratos rodeados de muerte que pueden mandar a la cárcel al exgobernador de Córdoba

Alejandro Lyons tendrá que responder por $100 mil millones que se esfumaron y que indujeron al asesinato del director de regalías del departamento Jairo Zapa

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mayo 10, 2016
Los contratos rodeados de muerte que pueden mandar a la cárcel al exgobernador de Córdoba

A los treinta años Alejandro Lyons llegó a la gobernación cómo la figura promisoria de la política en Córdoba. Sin embargo, su futuro puede verse empañado por la firma de seis oscuros convenios por valor de $ 100.000 millones del fondo de regalías y destinados a programas de ciencia y tecnología. Dos de estos por valor de $18.176 millones fueron firmados con la Fundación Geroge Dahl cuya representante legal es la esposa de Jesús Henao; preso por el asesinato del director de regalías del departamento Jairo Zapa. Otros dos contratos por valor de $68.300 millones fueron firmados con Corporación Áreas Naturales Protegidas representada legalmente por el mismo Jesús Henao y otros dos por valor de $13.926 con la Universidad del Sinú representada por Mara Bechara. Todos con el fin de desarrollar proyectos de ciencia y tecnología para impulsar proyectos productivos región.

Muy recién empezada la nueva gobernación en cabeza de Edwin Besayle, éste ordenó suspenderlos. La decisión ha destapado el manejo oscuro que en su momento Alejandro Lyons les dio, y algo más grave: estos tendrían relación con el asesinato de Jairo Zapa, el director de regalías del departamento, encargado de la asignación de los contratos del presupuesto de regalías y quien llegó al cargo por recomendación de Mara Bechara, una de las favorecidas con los contratos de ciencia y tecnología, socia de Jesús Henao y mencionada en declaraciones por el paramilitar Fredy Rendón alias El Alemán.

Antes de llegar a la gobernación, Alejandro Lyons no tenía mayor experiencia en la vida pública. Se había desempeñado como abogado penalista defendiendo a polémicos personajes como el exgobernador Salvador Arana condenado por el asesinato del alcalde de El Roble; Emilio Tapia, el contratista del carrusel de la contratación en Bogotá; el exsenador Erick Morris condenado por parapolítica y de los senadores Musa Besayle y Bernardo el Ñoño Elías. Fue este último quien es además cuñado suyo, el que impulsó su candidatura y lo introdujo en la  política.

Lyons figuró durante sus primeros dos años como uno de los mejores gobernadores del país hasta que ocurrió el asesinato de Jairo Zapa en marzo del 2014, cuyo cuerpo fue encontrado cuatro meses después enterrado en una de las cuatro fincas de su padre Alejandro Lyons de La Espriella. La Fiscalía no ha establecido aún ninguna relación del crimen con el exgobernador o su familia, pero tiene pistas sobre una red de contratistas, comisionistas y maniobras turbias en torno a toda la contratación del departamento, que los investigadores han denominado “la mermelada de la muerte”.  

Poco tiempo después de la aparición del cadáver de Jairo Zapa, la Fiscalía detuvo a seis personas a quienes señaló como presuntos responsables del asesinato. El 27 de marzo Jesús Heno invitó a Zapa a una reunión en el barrio La Castellana de Montería a la que asistieron cinco personas más: el paramilitar desmovilizado Joyce Hernández quien viajó desde Santa Marta, Jesús Henao, representante legal de la Corporación Áreas Naturales Protegidas y favorecida con dos de los contratos y esposo de la representante legal de la Fundación George Dahl la gran ganadora en el reparto millonario; Carlos Pérez primo de Zapa, Maximiliano García Bazanta, subdirector de la Oficina de Regalías y Jesús Albeiro Torres. Sin pensarlo, Jairo Zapa asistió esa noche a una cita con la muerte.

Joyce Hernández, el confeso asesino, se convirtió en un testigo clave y para Luis González, director nacional de fiscalías, no queda duda que se trató de una encerrona mortal para pedir cuentas de dineros de la contratación con recursos de regalías y por esto han seguido halando la pita para ir más allá.

El gobernador actual Edwin Besayle encontró que para completar, los contratos no han sido ejecutados como lo determinó la interventoría en cabeza de la Universidad Distrital y que los $100.000 millones se esfumaron en manos de la gobernación de Alejandro Lyons quien tendrá que responder penalmente por ellos. Las pretensiones del joven gobernador se han ido evaporando y todo indica, que cercado  por las investigaciones que lo pueden terminar llevando a la cárcel, sus días ahora van defendiéndose por acusaciones de corrupción y por el misterio de un crimen que ronda grandes contratistas de Córdoba y sus cómplices en la clase política del departamento.

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