Lo que trae la nueva reforma tributaria

Aunque la tributaria toca a un sector hasta ahora intocable, el financiero, lo hace de manera parcial, mínima y temporal. Lo que se esconde detrás de la propuesta

Por: Armando E. Arias Pulido
agosto 02, 2021
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Lo que trae la nueva reforma tributaria

Ante el fracaso de la presentada por el exministro Carrasquilla con la cual buscaba recaudar 26,1 billones de pesos, el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de una nueva reforma tributaria denominada Proyecto de Inversión Social.

Algo de contexto: con esta segunda reforma fallida, el exministro de marras no logró recaudar un solo peso; por el contrario, dio origen a un gran paro nacional que a la vez se convirtió en un estallido social aún más nefasto que el famoso Bogotazo de 1948 (por sus consecuencias, su duración y su extensión en el ámbito nacional).

La nueva reforma, con la cual se espera recaudar 15,2 billones de pesos, da al traste con la teoría apocalíptica de Carrasquilla de que el país sucumbiría si no se creaban más impuestos regresivos que no tocaran a los sectores empresarial y financiero, y que a la postre llevarían al empobrecimiento de la clase media y a la pauperización de la clase pobre.

Su discurso, basado en el empleo como eje del desarrollo del país y el cubrimiento del déficit fiscal, ha sido cambiado por quien fuera su jefe y por aquellos a quien él defendía a ultranza: los empresarios. Ahora el discurso versa sobre algo más lógico y real: la necesidad de incrementar la capacidad adquisitiva de los colombianos en general, con lo cual se jalona la demanda, que a su vez obliga a incrementar la oferta, que a su vez obliga a generar mayor número de empleos, que a su vez incrementa la capacidad adquisitiva de los consumidores, que a su vez incrementa el consumo, que a su vez incrementa el pago de impuestos de empresarios y consumidores, que a su vez incrementa la inversión del Estado, que a su vez… Una teoría sencilla entendida por los empresarios, pero desconocida por el brillante exministro.

Si bien en concepto de los entendidos, esta no es una reforma estructural, sí contempla algunos aspectos a destacar. En primer lugar, el cambio de pensamiento de los empresarios, al comprender que con la desaparición de las clases media y pobre no obtendrían los ingresos para mantener vivas sus empresas. Entendieron que sin consumidores no existen empresas, y por eso decidieron sacrificar unas pocas de sus ganancias para financiar la reforma y evitar así su propia desaparición.

Así, con la reforma tributaria lo que se busca es que sean los empresarios y no los ciudadanos (que ya han sido golpeados por la pandemia) quienes asuman la demanda de recursos tributarios. El proyecto propone que las empresas tengan un impuesto a la renta del 35 %, el mismo que para 2019 era del 33 %, y en 2020, de 32 %.

En segundo lugar, toca al sector hasta ahora intocable, el financiero, aunque solo de manera parcial, mínima y temporal. Parcial porque solo las entidades bancarias aportarán una sobretasa a su impuesto de renta; mínima porque solo es del 3 % a un sector que generó 5,8 billones de pesos de utilidades en 2020, y temporal porque solo va hasta 2025.

En tercer lugar, un punto que ha sido cuestionado desde diferentes gremios es la austeridad en el gasto que propone el gobierno nacional. Es cuestionado por la incoherencia de la propuesta con algunos acontecimientos que se han producido en los últimos meses y otros que se presentarán en el futuro cercano: la próxima ampliación de las nóminas de la Procuraduría General de la Nación y de la rama judicial, y la asignación de primas onerosas a los altos dignatarios del Estado (Decreto 272 de marzo de 2021), entre otros.

Más aún, el gobierno nacional llevó al Congreso de la República para ser ratificado el acuerdo entre Colombia y el Banco Europeo de Inversión (BEI) sobre el establecimiento de una representación regional de este en Colombia que, en concepto de la Contraloría General de la República (CGR), otorga un exagerado volumen de prebendas representadas en privilegios, inmunidades, facilidades y exenciones al BEI, a sus órganos de gobierno, a su representación regional, a sus agentes y empleados, y a los miembros de sus familias, y los hacen extensibles hasta cuando ya no se encuentren al servicio del banco.

La pregunta entonces es: cuando el Gobierno habla de austeridad en el gasto, ¿se está refiriendo al gasto de los altos dignatarios del Estado o al gasto social para la atención de las personas más vulnerables de nuestro país, que por cierto en la actualidad es mínimo?

 

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