La ilusa propuesta del gobernante de creer que gobierno abierto y transparente es montar una plataforma fría que registra datos no es más que un distractor de lo que en realidad sucede en los procesos de contratación, los mismos que se arreglan y componen desde el mismo momento de las campañas, donde los colaboradores las apoyan económicamente a la espera de recibir beneficios en caso de salir triunfantes.
El pasado 15 de mayo, se publicó por este medio el artículo El “negocio” de licores que tiene emproblemado al gobernador de Nariño, que ha superado las 9.000 visitas. En él se hace un análisis de la forma irregular como se contrató la distribución del aguardiente de Nariño. Por este hecho el fiscal General de la Nación citó para el próximo 1 de noviembre a Camilo Romero para hacerle imputación de cargos
Por otra parte, en el Hospital Universitario Departamental de Nariño no ha sido posible zanjar la dificultad que ha creado la administración de Camilo Romero en contubernio con la Junta Directiva de la ESE más importante del sur, puesto que han desacatado las decisiones judiciales en el sentido de no nombrar en el cargo de gerente a quien ganó el concurso de méritos, de acuerdo a lo planteado en la convocatoria inicial, en la que la Universidad de Medellín determinó en su orden a Gladys Miriam Sierra en el primer lugar, a Ana Belén Arteaga en el segundo y en tercer lugar a Jaime Arteaga, quien actualmente funge como gerente encargado.
Sin el menor recato ético-administrativo, la Junta Directiva por orientación del gobernador, a través de su delegado y quien preside la máxima instancia de dirección del hospital, el señor Pedro Andrés Rodríguez Melo, en un hecho descarado y violatorio de las normas que rigen los procesos de convocatoria, desconocieron el veredicto de la Universidad de Medellín y se inventaron una nueva reclasificación para los participantes y según la cual el ganador sería quien ocupó el tercer lugar, ficha política del senador Tato Álvarez y aliado de Romero Galeano. Este es un hecho de clara corrupción administrativa, porque esta no solo se tipifica cuando hay sustracción de recursos económicos, sino cuando, como en este caso, se manipulan los procedimientos debidamente establecidos.
La decisión del juzgado 4 de familia de Pasto de adelantar un proceso judicial por desacato en su parte resolutiva plantea:
De prosperar positivamente, esta decisión, es posible según los entendidos en la materia, que los miembros de la Junta Directiva, incluido el representante del gobernador se verán en serios aprietos judiciales, que los podrían llevar a pagar con cárcel el desacato.
Por fuera de cualquier consideración de tipo jurídico, lo grave del asunto es la forma cómo se atropellan los derechos adquiridos de los perjudicados con decisiones arbitrarias y la inestabilidad administrativa de la institución hospitalaria más importante de Nariño, que en últimas perjudica la prestación del derecho a la salud para los beneficiarios.
Nunca en la historia político-administrativa del departamento se habían presentado hechos tan vergonzosos e indignantes para los nariñenses. Se espera que la Fiscalía y el Juzgado 4 de Familia de Pasto actúen con diligencia y en derecho.
