Por diversas razones ha sido imposible que las centrales obreras y el gobierno nacional lleguen a un acuerdo en torno al pliego de peticiones presentado el pasado 28 de febrero. Por un lado, debido a la actitud del gobierno que pretende incrementar el salario de los trabajadores oficiales un 0.15 % sobre la inflación del 2016; es decir, el incremento alcanzaría apenas un 5.90 frente al 10.7 % exigido por las centrales. Recordemos que el aumento del salario mínimo fue del 7 %.
Por otro lado, los nuevos sindicatos, a veces fantasmagóricos (CNT, CTU, CSPC, UTC), exigen hacer parte de la mesa de negociaciones. Con ese propósito interpusieron una acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con resultado favorable en primera instancia, lo cual tiene paralizada la mesa de negociaciones desde el pasado 6 de abril. El gobierno ha aprovechado esta división, pese a que la OIT señala que la CUT, CGT Y CTC tienen la representación legítima de los trabajadores del país.
En este contexto los trabajadores oficiales exigieron mejores condiciones de vida y laborales el primero de mayo. Ya lo habían hecho el 26 de abril cuando miles de ellos, especialmente docentes, salieron a las calles a protestar por sus condiciones de trabajo y las políticas neoliberales del gobierno de Juan Manuel Santos.
El decreto 160 de 2014 es el que reglamenta los procesos de negociación y cualquier controversia que se dé con las organizaciones de empleados públicos. Según el mismo, la mesa debe desarrollar máximo dos ciclos de negociaciones de 20 días hábiles cada uno. El primero de ellos ya culminó.
Si termina la segunda ronda y aún no hay acuerdo, las partes podrán convenir la mediación de un tercero, quien escuchará las propuestas y formulará posibles soluciones. Lo cierto es que todo el proceso, si se diera sin dilatación del tiempo, duraría 58 días hábiles. Luego habría otros diez para depositar el mismo en el Ministerio de Trabajo, a partir de los cuales el gobierno contaría con 20 para expedir los respectivos decretos. Así que como van las cosas, los trabajadores estatales no verían un aumento pronto, este podría darse, incluso, a comienzos de julio.
Mientras tanto, la inflación crece y la capacidad adquisitiva de los trabajadores oficiales disminuye. El mismo gobierno sabe que el consumo, según Fenalco, va en picada. El pasado febrero fue el peor mes de los últimos 42. No debemos olvidar que según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el 2015 había en Colombia 1’166.517 de trabajadores oficiales, ya sea en el orden local o territorial. Es más o menos esa cantidad de trabajadores la que lleva ya 4 meses de salario congelado e inicia el quinto. Si alguien cree que tal situación no hace mella en el consumo y la economía nacional es un iluso.
El argumento del gobierno para que el aumento salarial que se propone sea solo simbólico es que el momento actual exige prudencia. Nunca he escuchado que el momento sea tan bueno que permita hacer aumentos generosos a los trabajadores. La lógica consiste en apretar siempre al que produce la riqueza del país. Hay que limitar los salarios, nunca las ganancias de los empleadores.
Con el peso de la última y regresiva reforma tributaria, los trabajadores oficiales ven cada vez más disminuida su capacidad adquisitiva. Se aprestan ya, de no haber acuerdo, a un paro nacional.
