Limpieza social, una violencia mal nombrada
Opinión

Limpieza social, una violencia mal nombrada

“La cosa es así: sacamos las capuchas, nos las ponemos y comenzamos a limpiar”. ¡Qué cosa tan espeluznante!

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mayo 11, 2016
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Sobre la “limpieza social” hemos escuchado todos en algún momento. Aparecen muertos por oleadas los vecinos calavera de un barrio, los drogadictos, los delincuentes comunes; todos los malandros que tienen azotados a vecindarios enteros con su mal comportamiento y, contrario a lo que por principios debiera suceder, todo el mundo respira profundo, siente alivio, siente un fresco…

Esto forma parte de los conflictos urbanos que ha venido trabajando hace muchos años Carlos Mario Perea, historiador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y miembro del Consejo Nacional de Paz. Él acaba de publicar el libro Limpieza social, una violencia mal nombrada, donde documenta cuatro mil ejecuciones de habitantes de la calle, anónimos, que el Estado no visibiliza y menos investiga.

Cualquier persona que entre a una ciudad de Colombia a mirar qué es lo que sucede, quiénes son los actores que aparecen en los conflictos violentos, de qué manera se enfrentan, cómo se construye ese tejido complejo de la violencia en la ciudad, por fuerza se va a encontrar con la “limpieza social” con la impresionante afirmación de quienes la ejecutan: “La cosa es así: sacamos las capuchas, nos las ponemos y comenzamos a limpiar”. ¡Qué cosa tan espeluznante!

En lo primero que enfatiza el profesor Perea es en que esto no se puede seguir llamando “limpieza social”, porque es una forma de legitimar esa práctica horripilante que sucede en todas las ciudades de Colombia. La forma correcta de nombrar este abominable delito, dice él, es “exterminio social”.

¿Pero quiénes están involucrados? El libro menciona cuatro tipos de victimarios. Primero, los vecinos, o las juntas de acción comunal, o los comerciantes, o las personas que son parte de la vida del barrio. Segundo, bandas delincuenciales locales que alcanzan un cierto grado de desarrollo, forman un pequeño aparato armado y es muy común que deriven en la práctica del exterminio social. Tercero, los actores armados en los que vale aclarar que la guerrilla casi no ha acudido a estas prácticas, pero los paramilitares sí, pues en su momento manifestaron que su objetivo era adelantar un trabajo contrainsurgente y de limpieza social. Y el cuarto actor que aparece es la Policía y los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero estos actores también se mezclan. Hay ocasiones en que los vecinos hacen todo el proceso, en otras los vecinos contratan a una banda o le recogen la información a la Policía y ésta es la que actúa… Las mezclas son muy variables. La condición en todo caso es que no se puede conseguir un cuerpo definido estable que esté haciendo esto. Eso es lo que hace que este exterminio social esté rodeado de un nivel de impunidad tan alto. ¿Por qué? Porque de esto no se habla. Nadie menciona nada, pareciera que las victimas no tuvieran dolientes y es muy difícil encontrarlos.

 

La degradación profunda de la víctima
es lo que termina por hacer héroe al victimario,
legitimando la reproducción incesante de esta práctica

 

 

Carlos Mario Perea encontró que la gente en los barrios populares, por ejemplo, se siente intimidada, no acude a las autoridades para denunciarlo; también se siente avergonzada porque la mal llamada limpieza social pasa por una matriz simbólica de una sanción moral muy grande. La gente sigue pensando que cualquier persona que haya caído en las manos del exterminio social, es porque tiene mucho que pagar. Esta degradación profunda de la víctima es lo que termina por hacer héroe al victimario, legitimando la reproducción incesante de esta práctica.

Así como hay cuatro victimarios, hay cuatro tipos de víctimas: Primero, los delincuentes comunes; atracadores callejeros, pandilleros que hacen prácticas menores; gente que está causando problemas en la convivencia y terminan convirtiéndose en el objeto del exterminio. Segundo, los consumidores de drogas. Son de las víctimas preferidas del exterminio social. El tercero es el improductivo; su prototipo es el habitante de la calle que puede llegar a tener problemas mentales. La cuarta, son los transgresores de la sexualidad.

Ningún exterminio social llega a meterse con cosas de la vida privada, sino sobre el espacio público de la calle. En el fondo lo que el exterminio social pretende es regular la convivencia. No persigue al papá que no responde por sus hijos, o es un déspota con sus hijos, o golpea inmisericordemente a su mujer, o a los hermanos que casi se matan. No.

Pero, detrás del exterminio social también hay negocios. Se contratan bandas o grupos en el centro de la ciudad que ejecutan el exterminio social. Esto lo hace alguien que funge como encargado de “restablecer el orden” y se cree más que el Estado. Muchos académicos y funcionarios del gobierno piensan que eso ya no existe, que está superado. Pero su pensamiento contrasta de manera muy fuerte con el testimonio que se da en los barrios populares.

“El telón de fondo de todo esto es la ausencia del Estado. De esto se ha dicho mucho, pero el Estado está involucrado de una manera cómplice muy compleja en la medida en que no construye una política pública al respecto. Y lo está en la medida de que no se habla de esto que es una cosa cochina, sucia que nadie menciona, por lo tanto no aparece como parte de una campaña política, ni como proyecto en alcaldías ni discutido en ningún concejo, o que haya un político que sea capaz de decir que es necesario que haya una intervención decidida del Estado” dice Perea.

 

 

El Estado está lavándose las manos
y ahorrándose el costo de la intervención
en los conflictos de convivencia

 

 

La investigación publicada del profesor lleva a la conclusión de que el Estado lo que está haciendo es lavándose las manos y ahorrándose el costo de la intervención en los conflictos de convivencia. Nunca ha intervenido salvo en 1988 en el Congreso de la República, que hubo un debate sobre la aparición de los paramilitares, cuando era ministro de gobierno César Gaviria. En el Concejo de Bogotá se discutió una vez y no se tradujo en nada. El tema ha pasado por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, pero lo han hecho a propósito de casos muy particulares de acuerdo con las competencias de cada una de las altas cortes.

¿Y entonces, en qué están los gobiernos?

¡Hasta el próximo miércoles!

 

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