La detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, refrescó la idea de que los días de Maduro y su comparsa están contados. Horas antes, al producirse la nueva toma de posesión del dictador, habían aparecido múltiples informes de prensa afirmando que se trata de un régimen aislado, inaceptable para la comunidad internacional, destinado a desaparecer en breve.
Lo último, por supuesto, es una vana ilusión. Las relaciones entre naciones se mueven por intereses, no por principios. Al acto de reinstalación del heredero de Chávez llegaron representantes de decenas de países. Son naciones que tienen calibradas las riquezas naturales de Venezuela y cuyos dirigentes saben que la anarquía reinante crea condiciones ideales para sacar tajada.
En la ronda de los extranjeros codiciosos no importa que la cuna de Bolívar se parezca a la Unión Soviética estalinista de las primeras décadas del siglo pasado: un poder absoluto controlado por burócratas sanguinarios, corrompidos e ineptos. Un estado en el cual se desconoce al ser humano como titular de derechos, libertades individuales, garantías democráticas y dignidad. Una maquinaria dispuesta para asesinar en masa mediante el hambre y la sustracción de recursos con destino a la salud.
El juego universal de intereses da oxígeno a Maduro y explica porque buena parte de la comunidad internacional ha tenido actitudes incomprensibles con relación a Venezuela. Mientras los organismos multilaterales como el Consejo Europeo y la OEA condenan al régimen espurio, ciertos países individuales o sus fuerzas políticas representativas, lo apoyan abiertamente o le coquetean.
En asuntos de doble moral se destacan dos actores cuyo supuesto compromiso democrático debería hacerlos inmunes a las ansias de lucro. Me refiero a los Estados Unidos, que a pesar de la palabrería contra el régimen y de algunas sanciones intrascendentes, continúan importando el petróleo y representando la mayor fuente de divisas de Venezuela.
Del mismo combo norteamericano hace parte España, cuyos partidos y gobiernos de izquierda y derecha han emulado por sacar provecho de Venezuela. Así lo hizo Podemos, partido de Pablo Iglesias, y tercera fuerza electoral de la península. Según informaciones de prensa Juan Carlos Monedero, cofundador de aquella organización política, recibió 425.000 euros por asesorar a la República Bolivariana en asuntos monetarios. Y de acuerdo con fuentes creíbles más tarde Chávez entregó a Podemos siete millones de euros para crear en España una “fuerza política bolivariana”.
Tiempo después cuando el Partido Socialista –PSOE- y Rodríguez Zapatero perdieron las elecciones, el expresidente se embarcó en aventuradas gestiones para lograr un acuerdo entre Maduro y la oposición. Pero el tiempo dejó claro que Zapatero en realidad buscaba apuntalar la dictadura y neutralizar las fuerzas políticas contrarias al régimen. Tanto así que a finales del año anterior el supuesto mediador llegó a declarar que la diáspora venezolana tiene origen exclusivo en las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y respaldadas por otros países. En otras palabras la emigración masiva nada tendría que ver con la incompetencia, la arbitrariedad, las confiscaciones abusivas y la estatización de la economía impuestas por el régimen.
La afirmación de Rodríguez Zapatero resultó tan contraria a la evidencia que Luís Almagro, Secretario General de la OEA, solicitó al exmandatario español “no hacer el imbécil” al hablar de Venezuela. Esto mientras la Asamblea Nacional descalificaba su mediación como absolutamente parcializada.
A finales del año anterior Zapatero llegó a declarar que la diáspora venezolana
tiene origen exclusivo en las sanciones económicas de Estados Unidos
y respaldadas por otros países
Pero no han sido los partidos peninsulares de izquierda los únicos inclinados a favorecer a Maduro. A pesar de la prohibición de la Unión Europea de suministrar al tirano chavista cualquier elemento incluido en la lista común militar, el gobierno conservador del Partido Popular PP, presidido por Mariano Rajoy, aprobó en enero del año pasado la venta a Venezuela de materiales y sistemas para refaccionar 86 tanques de fabricación francesa estacionados en el Estado Zulia, frontera con Colombia.
El negocio vino a sumarse a otro realizado en la década pasada durante el gobierno socialista. En esa oportunidad la operación alcanzó un monto de 1.200 millones de euros e implicó la entrega de ocho sofisticados buques de guerra a nuestro vecino. En los dos casos mencionados se trató de actos inamistosos contra Colombia por cuanto las ventas se orientaban a fortalecer la capacidad de fuego de nuestro autoproclamado enemigo, poniendo en riesgo la integridad territorial colombiana. Esto sin contar el espaldarazo implícito a un régimen que desde el comienzo tuvo tintes autoritarios y luego se tornó despótico.
Ahora bien, el actual gobierno Español dirigido por el socialista Pedro Sánchez podría enmendar la plana frente a los colombianos y frente a los demócratas del mundo. Lo primero es que se proscriba toda licencia encaminada a permitir que empresas españolas suministren material de guerra a la Fuerza Armada Bolivariana. En segundo lugar se impone continuar descalificando los intentos “mediadores” de Zapatero, unos intentos que hasta ahora apenas han buscado lavar la cara y reencauchar la imagen de la troika que ha secuestrado a la democracia venezolana. Por último se debe mantener la distancia frente al gobierno usurpador, cuestión ya sugerida por la ausencia de una representación ibérica de alto nivel en la posesión de Maduro.
Pueda ser que España actúe en el sentido indicado. Solo así podrá cambiar la imagen utilitarista y poco comprometida con la democracia que la Madre Patria y sus políticos oportunistas han venido construyendo.
