En el año 2022 miles de campesinos de diferentes territorios en el país como los habitantes y pobladores de las Zonas de Reservas Campesinas en el Departamento del Cauca apoyaron con su voto el plan de gobierno “Potencia Mundial De La Vida” representando por las candidaturas de Gustavo Petro y Francia Márquez; previo a eso también habían votado en marzo del mismo año por la lista nacional cerrada y territorial a Senado y Cámara respectivamente del Pacto Histórico PH.
Sin embargo, lo que muchos sectores políticos especialmente partidos integrantes del PH no han percibido luego de 3 años es que nuevamente el campesinado es el sacrificado relegándolo a ser parte de la lista de espera del cambio, de no hacer parte de la recampesinización de la nación, del bajo rol protagónico como sujeto político de derechos y la emancipación especialmente por ser históricamente la principal víctima de la guerra y el conflicto armado.
Algunos dirán o tendrán argumentos para manifestar que, si se avanzó en temas importantes como el acto legislativo campesino 01 de 2023, la jurisdicción agraria, ley de compras, el campesino, ley mujer rural, compra de tierras, inclusión del ministerio de la igualdad entre otros, sin embargo, podemos decir que se dio un paso para adelante, pero dos hacia atrás, para esto mencionamos algunas realidades y consideraciones del porqué el campesinado aún sigue siendo discriminado y marginado en la actualidad, aquí mencionaremos algunas que tal vez incomoden por su verdad:
- El acto legislativo campesino 01 de 2023 tuvo mucha resistencia en el texto inicial presentado por la comisión accidental campesina del senado, fue ampliamente modificado como solicito el campesinado y hasta tuvo intenciones de voto negativo por integrantes del legislativo de los pueblos étnicos, de igual manera desde el PH no se ha avanzado en la ley estatutaria, ni la construcción de la política pública campesina, ni las directrices y adecuación institucional para que se incluya el enfoque diferencial y lineamientos campesinos en los ministerios y entes territoriales. Así como tampoco el trazador presupuestal que debe crearse desde el DNP Departamento Nacional de Planeación.
- No existe intenciones o se desconoce el apoyo para la circunscripción especial campesina, una cosa es el acto legislativo de jurisdicción agraria y otra las circunscripción y territorios campesinos, existen organizaciones hace 20 años exigiendo y legitimando sus territorios y no hay respuesta estatal. El campesinado esta siendo mezclado en la reforma agraria sin tener claro cuáles serán sus acciones afirmativas toda vez que la constitución induce al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica y democracia real, pero en la practica el campesinado no está siendo directamente atendido o pasa a un segundo plano.
- En la compra, acceso y formalización de tierras desde la ANT Agencia Nacional de Tierras se mantiene la deuda histórica con el campesinado especialmente en el suroccidente colombiano donde hay múltiples obstáculos poniendo en un viacrucis a las organizaciones campesinas para poder acceder a tierra digna. El porcentaje de tierra comprado bajo acuerdos suscritos con diferentes gobiernos es mínimo.
- Un tema de alta preocupación es frente a la materialización y reconocimiento normativo de los territorios campesinos donde se impone la acción con daño, aumento de la descampesinización y tensiones interculturales con otros pueblos iguales en derechos y también sujetos de especial protección como los étnicos como advierte algunas organizaciones nacionales como Baluarte Campesino con las cuales compartimos y complementamos algunas en este punto:
- La directiva 01 de 2025 de Ministerio de agricultura afirma la prevalencia de territorios étnicos sobre las Zonas de Reserva Campesina ZRC, las cuales deben pasar por la venia y consulta previa indígena. Consolida prohibiciones para crear ZRC en áreas protegidas o Ley segunda, aunque el campesinado viva allí antes de tales leyes.
- El Decreto 0488 de 2025 del Ministerio del Interior pone en funcionamiento los territorios indígenas sin salvaguardar los derechos de terceros y del campesinado, a sabiendas de que existen controversias por territorialidad compartida pero negada por el Estado al campesinado en dichos territorios.
- El Decreto de gobierno 1094 de 2024 sobre Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) para indígenas, desconoce los territorios compartidos entre campesinado y pueblos étnicos reconociéndole a estas últimas facultades de autoridad económica y ambiental en perjuicio de la convivencia y derechos del campesinado.
- Procedimientos administrativos y jurídicos mal ejecutados desde la Agencia Nacional de Tierras creando acción con daño en relación a los procesos de clarificación de origen colonial donde existe campesinado originario que tiene derechos al reconocimiento del territorio campesino como en el oriente del Cauca en municipios de Inzá.
- Uso de la figura y normas de ley de Restitución de Tierras para que la justicia falle en favor de comunidades étnicas ampliando sus territorios a tierras donde conviven con población cultural campesina vulnerando a otro sujeto de especial protección constitucional como en los municipios de Totoró, Cauca y Florida, Valle sin garantías para la defensa jurídica.
- Y para completar, en caso de que el campesinado ofrezca resistencias, la Resolución N° 052 del 2025 "reglamenta" labores de inspección, vigilancia, control e intervención de gobierno sobre asociaciones campesinas desde alcaldías, como si administráramos dineros públicos, como sí lo hacen los cabildos indígenas o étnicos.
- Sobre política e inversión del “Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026” para la campesinada en cultura, educación, salud, deporte, comunicaciones, vivienda, justicia entre otros, hay una descoordinación total toda vez que algunos incluyen al campesinado pero no como política de estado sino desde la oferta institucional y en algunos casos es nulo, algunos tratan de avanzar en acuerdos mínimos y otros los desconocen, parecen como islas que no entienden que se debe avanzar en la política de reconocimiento y distribución del campesinado mencionado por la organismos internacionales como la Resolución 73/165/2017 asamblea General de la ONU sobre los Derechos Universales del Campesinado, la Sentencia 2028 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, la directiva 007 de 2019 de la PGN Procuraduría General de la Nación y el mismo acto legislativo 01 de 2023 que modifico el articulo 64 de la constitución política de 1991.
- Sobre la política minera y extractivistas se sigue viendo al campesinado como depredador y no desde su dimensión ambiental que protege y cuida las montañas y el agua, no fue tenido en cuenta en la COP 16 del año pasado en Cali, Valle por la ministra de medio ambiente, y tampoco se han derogado las licencias de explotación minera que se puede hacer solo con voluntad política si la hubiese, así como tampoco se hace la consulta al campesinado de proyectos multinacionales como los que se quieren hacer en el macizo colombiano y el Cañon del Micay en el departamento del Cauca, donde por ahora solo llega la guerra victimizando de nuevo al campesinado y quedando en el medio del conflicto armado y el paramilitarismo.
- Finalmente, y ante todo este panorama el presidente, los partidos del Pacto Histórico y los senadores y representantes a la cámara queda por hacerles las siguientes preguntas ¿Qué están haciendo al respecto por los derechos del campesinado? ¿Es justo este tipo de tratamientos al campesinado como sujeto de especial protección constitucional? ¿Cuándo convocaran una sesión de la comisión accidental campesina para debatir toda esta situación? ¿El campesinado como será protagónico en el proceso electoral 2026 o dentro de la unidad que surja? O ¿Le tocara al campesinado crear entonces su propio partido político para ahora si ser respetado, darle un lugar digno y que no se le siga humillando?
Exhortamos a todo el Estado colombiano (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), a la opinión pública, organismos de derechos humanos, ciudadanías libres, partidos políticos, solidarios con esta situación y especialmente al campesinado de todo el país a la defensa de sus derechos y evitar su descampesinización, a denunciar su vulneración sistemática, también a la unidad política y organizativa resaltando la visión de clases y popular que nos caracteriza, pero también con la dignidad y conciencia de ser un sujeto histórico y colectivo que propenda por la construcción de paz y una reforma agraria integral, de lo contrario estaremos ante un estado sin campesinada y tendría validez y vigencia el dicho de un campesino caucano hace muchos años “Pa' qué cédula si con mi machete tengo”.
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