Colombia no solo es un país subdesarrollado y al borde de la inviabilidad, con guarismos en materia de inequidad, deshonestidad, violencia, destrucción ecológica, crímenes de líderes sociales y de derechos humanos que no solo no producen pena a sus gobernantes, sino que, sin excepción, han utilizado el reducido poder que ejercen en los foros internacionales para debilitar a sus hermanos en la misma condición económica y social y a pueblos pobres que buscan liberarse de la dependencia y el infortunio histórico que los doblegó.
No es porque el poder sea irrelevante en la mayoría de foros a los que asisten en línea con la incapacidad supina para generar alguna idea novedosa e importante, sino por los mecanismos arteros a los que acuden nuestros flamantes delegados para oponerse en cada asamblea a los intereses que otras naciones subdesarrolladas y atrasadas intentan defender, para evitar seguir siendo víctimas de las decisiones depredadoras de los países ricos con los modelos de capitalismo sin limitaciones puestos en boga hace 60 años.
Lo han hecho por el único mecanismo posible de presentar sus reivindicaciones en grupos generalmente representativos de cientos de países, cuyas justas pretensiones serían imposibles de ocultar y desestimar si los países desarrollados no tuvieran previsto el instrumento perverso —pues no puede ser cualquier instrumento dada la firmeza de la mayoría de aquellos— de dividirlos, para impedirles no solo cualquier avance, sino incluso arrebatarles los escasos recursos y ventajas con que cuentan.
Y en esa tarea de mellar las posibilidades de sus pares, no una, sino repetidas veces, ha estado presente la representación colombiana, si no encabezada por su presidente entonces por el ministro del ramo y la eficiente asesoría en materia de traiciones de diplomáticos y burócratas especializados, que hace la labor de felones respectiva con resultados, las más de las veces, que superan los objetivos buscados por las potencias industriales.
Lo que no está claro serían los resultados beneficiosos para Colombia como producto de su constante labor proditoria, pues después de ejecutarla no se nota que estos le sean reconocidos al menos en materia económica con alguna ventaja excepcional que, al menos, nos mantuviera fuera de la olla en que siempre nos encontramos. Entonces la labor de bellacos —penosa como lo es y que parece no importunar a nuestros representantes— encontraría alguna retribución en favor de su pueblo, como generalmente lo declaran los mandatarios cuando avisan sus presencias en dichas asambleas o los periódicos cuando —con la tergiversación del caso— nos comunican sus resultados.
Pero no, parece que los resultados apenas se limitan a ampliar la nómina de patricios colombianos en las oficinas de todas las instituciones internacionales. Una apuesta simplemente burocrática para premiar a quienes por su poder y distinción no aguantan oficios menores como el de servirle al país desde adentro. Y toca —burlando a quienes han hecho una carrera diplomática o han estudiado de veras— tenerles disponibles suficientes corbatas en el exterior para que sean felices. Todo dentro del concepto de que el país, mientras se pueda, es para el disfrute de unos pocos mientras los demás permanecen en el mayor desamparo.
Pues la última noticia al respecto es que a la presidencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —a donde llegamos como miembros sin tener virtud alguna para pertenecer en serio— aspira Polonia dizque de la mano de Colombia, que parece poca cosa por la irrelevancia de ambas naciones, pero que conocida la tendencia ultraderechista del régimen polaco y las destrezas maniobreras de nuestra diplomacia, podría representar la llegada de malas prácticas a una entidad que dice fundarse en todo lo contrario.
Y para mostrar las capacidades de Colombia para estos artificios bastan unos pocos ejemplos: En la 61a Asamblea Mundial de Salud sobre propiedad intelectual y medicamentos del 24 de mayo de 2008, la prensa mostró su participación así:
- “Tres razones esgrimió la comisión colombiana para haberse aislado del resto de países en desarrollo”.
- “Nos interesa mucho que se apruebe una estrategia que garantice el acceso de las comunidades a los fármacos”.
- “Sin embargo, Colombia le solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que cuente para estos asuntos con sus similares de Comercio (OMC) y de Propiedad Intelectual (OMPI)”.
Solicitud que por supuesto suscitó el reclamo del resto de países subdesarrollados, pues significaba ir contra las pretensiones de la OMS que buscaba el acceso a la salud y medicinas para todos los seres humanos, y, en cambio, favorecía a las multinacionales de las drogas al permitir que sus decisiones se sometieran a los organismos que manejan el comercio y las patentes en el mundo.
Y la prensa continuó:
- “Como está planteada la estrategia de las naciones en vías de desarrollo, la OMS podría revisar alianzas o tratados de libre comercio (TLC) entre los países. El hecho de que un foro multilateral revise lo bilateral va en contra de la soberanía de los estados”.
“Esta objeción hace referencia al derecho de las comunidades indígenas sobre las medicinas tradicionales que en las disposiciones planteadas por la OMS aparecían como propiedad de los gobiernos”.
“Y se lograron cambios en la redacción que favorecen a los grupos indígenas".
Aunque el cambio se hacía aparecer como una defensa de los indígenas, la verdad era dejarlos expuestos con sus conocimientos ancestrales a la arremetida del libre mercado para ser adquiridos por las multinacionales por cualquier dólar o espejito, conocimientos que en la versión original se encontraban protegidos gracias al cuidado de sus gobernantes.
La excepcional COP25 o Cumbre de París sobre calentamiento del clima en diciembre de 2015, tampoco pasó indemne para las argucias de nuestros representantes. Conocida la unidad de la mayoría de los países subdesarrollados en la defensa de sus derechos como no emisores de CO² y la responsabilidad total de los industrializados en aquella, Colombia, liderando un pequeño grupo de países latinoamericanos, que se conoció como la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac), terminó, una vez apartada de los objetivos de los países subdesarrollados, sirviendo de “bisagra” conciliadora entre ricos y pobres para salvar el Acuerdo.
Acuerdo “bisagra” por el cual los países subdesarrollados resultamos igual de culpables que las potencias industrializadas, asumiendo por ello similares responsabilidades, y, donde nuestros recursos ecológicos extraordinarios —como el caso de nuestros bosques— que sirven para detener el calentamiento de manera inmediata —realidad que nos debía ser reconocida como una ventaja estratégica absoluta en un mundo capitalista— se desdeñó, por la posibilidad —aun remota— de que su solución se diera por medios tecnológicos donde los ricos seguirían imponiendo las reglas como quedó decidido en la reunión más importante sobre el calentamiento global.
Dos casos a nivel mundial a los que deberán sumarse muchos más, que por el sigilo con que se tratan y la presentación acomodada como se conocen algunos, quedan sin registrar en su verdadero alcance. Pero que se repiten de forma mucho más clara y constante para erosionar también cualquier proyecto de unidad latinoamericana —pese a que así lo proclama nuestra Constitución— alegando influencias de lo que de forma vil denominan izquierda, como excusa válida para mantener todo el continente al servicio de los intereses políticos de Estados Unidos y el económico de las multinacionales.
Todo sin que importen los análisis de grandes economistas, libres de sospecha, como Angus Deaton, Joseph Stiglitz o estadísticas de sociólogos como Thomas Piketty, que demuestran la inequidad absoluta del capitalismo salvaje, al que el país, el continente latinoamericano y el resto del mundo pobre están sometidos, sin esperanza, por dirigencias irresponsables y traidoras como la colombiana.
