Las Bóvedas en vilo: ¿gentrificación o legalidad?

Las Bóvedas en vilo: ¿gentrificación o legalidad?

Este histórico lugar ubicado al norte de Cartagena, que por más de cuarenta años ha servido para el comercio, se encuentra en disputa

Por: Omar Andrés Carrasquilla León
octubre 19, 2018
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Las Bóvedas en vilo: ¿gentrificación o legalidad?
Foto: JERRYE AND ROY KLOTZ MD - CC BY-SA 3.0

Las murallas de Cartagena se pueden apreciar desde hace cuatro siglos. De los once kilómetros construidos hoy solo quedan ocho. Edificadas como fortalezas militares hoy son escenarios turísticos. Tan antiguas como ellas son las tensiones raciales, sociales, políticas, económicas y culturales en la ciudad. La brecha social es profusa y se alimenta a diario.

Viernes 20 de octubre de 2017, 8:00 de la mañana. Luego de un viaje de diez minutos a bordo de una moto taxi, Beatriz Solar llega a su lugar de trabajo. Su jornada matutina se divide entre acicalarse, ponerse el uniforme, desayunar algo exprés, salir a la esquina y hacerle una seña manual a la primera motocicleta para llegar puntual a la joyería donde trabaja hace años.

Pero, ese viernes, su rutina se vio distorsionada al bajarse de su transporte, y encontrarse con una treintena de policías y una decena de funcionarios gubernamentales. La sorpresa, inquietud e intranquilidad inauguraron su día.

Beatriz trabaja en el sector comercial conocido como Las Bóvedas, ubicado en pleno centro amurallado de Cartagena, típicamente atestado de turistas y coches con caballos sudorosos y agotados. Mesitas de restaurantes que combaten los andenes con las palenqueras, fachadas multicolores, y muchos carros buscando un rincón donde parquear.

Las Bóvedas se componen de 47 arcos y 23 recintos que por más de cuarenta años han servido para el sustento de muchas familias. Artesanía, joyerías, galerías, anticuarios y una tasca, acogen a cuanto bus repleto de turistas se parquea al frente.

Sin embargo, en los últimos años, los arrendatarios han tenido sendos problemas con las autoridades locales. Desalojos, aumentos importantes del valor del arriendo, la burocracia existente en el ámbito jurídico distrital y las trabas contractuales para que un padre fallecido les herede el espacio comercial a sus hijos, son los platos principales del menú de la discordia.

Cronología de la discordia

Según los historiadores, el Cuartel de las Bóvedas fue la última construcción colonial dentro del casco amurallado. Sus fachadas son de un amarillo ocre asoleado con algunos desperfectos relacionados con su antigüedad. Se encuentran entre los Baluartes de Santa Catalina y Santa Clara. Su primera utilización fue como cuartel militar y depósito de armas para las tropas españolas, luego sirvieron como celdas para próceres de la independencia, y desde hace 44 años fueron entregadas por el Distrito para uso comercial y turístico a un grupo de familias y ciudadanos.

En la década de los setenta, el estado era bastante deplorable. “Se habían convertido en un hueco oscuro al que nadie venía”, describe Marcial Ruiz Pérez, comerciante de artesanías en la bóveda número once, y que tiene 41 años ejerciendo su labor económica en el recinto. En la misma línea, se encuentra la opinión del comerciante Felipe Robles* sobre el abandono del escenario colonial, quien expone que el espacio llegó hasta al punto de ser el techo de habitantes de calle y basural. Robles* lleva casi veinte años comercializando artesanías, filatelia y joyerías típicas.

La alcaldía entregó Las Bóvedas a los primeros comerciantes como medida para darle seguridad y civilización a un escenario que comenzó a generar el caché turístico que disfruta en la actualidad. “Ahora Las Bóvedas son un atractivo para la ciudad, ya no es el hueco oscuro y agrietado que nosotros pusimos bonito”, sostiene el arrendatario Marcial Ruiz.

De esta manera, el gobierno local que es propietario, logró empoderar en privados arrendatarios la restauración y embellecimiento de Las Bóvedas, que con una ubicación privilegiada y céntrica, aseguró el sostenimiento económico a numerosas familias que dependen de la actividad turística hasta hoy, como la de Beatriz Luna con su trabajo en la joyería.

Comerciantes, trabajadores, guías de turismo, choferes, y por supuesto, artesanos, logran el sustento diario en Las Bóvedas, como afirma Oliverio Paternina Castilla, presidente de la Asociación de Arrendatarios del Cuartel de Las Bóvedas.

La relación problemática entre los arrendatarios y las autoridades encargadas de la Alcaldía tardó años en gestarse. Solo hasta inicios de la década del dos mil, comenzaron los primeros choques. Marcial Ruíz expresa que en dicha época, las autoridades quisieron aumentar del 7 al 25 % el IPC. “Eso se echó atrás en reuniones con las autoridades, y, ahora, es uno de los argumentos de la Escuela Taller de Cartagena: que tenemos morosidades desde esos años con respecto al aumento tributario que era legal en ese momento, según su concepto”, señala el comerciante.

La Escuela Taller de Cartagena es un órgano adscrito a la Alcaldía Mayor, y que desde el 2012 es la autoridad encargada del control, protección y conservación de los monumentos de Cartagena, en comodato con el Ministerio de Cultura. Con su fundación, también pasó a ser la entidad arrendadora del Cuartel de Las Bóvedas, rol que anteriormente llevaba la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, con la que los comerciantes de Las Bóvedas afirman siempre haber tenido adecuados canales de comunicación y conciliación.

Desde el 2012, los tropiezos jurídicos, contractuales y económicos entre la ETCAR y los comerciantes se han incrementado. Los derechos de petición, los procesos legales, los desalojos y las acusaciones han complejizado la situación.

Un comerciante de joyerías, que prefiere mantenerse en anonimato, por estar inmerso en un proceso jurídico con la ETCAR, asegura que el argumento que defiende la entidad arrendadora es que, con respecto, al Índice de Precios al Consumidor (IPC), las revalorizaciones del sector y los reajustes legales del canon de arrendamiento, el incremento debió ser del 25 % anual desde hace quince años. Por lo tanto, los comerciantes se encuentran morosos.

Una mora que asciende los 500 millones de pesos por arrendatario y que debería pagarse en cuotas estructuradas en un aumento considerable de la renta mensual.

Oliverio Paternina, presidente de la Asociación de Arrendatarios, advierte que “La ETCAR tomó posesión en octubre del 2012 y desconoce, por algún interés soterrado, los acuerdos con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, anterior arrendadora. La ETCAR ha interpretado de manera errada y malintencionada la legalidad, atropellando al comerciante que ha cumplido sus obligaciones contractuales”.

Paternina resalta la importancia del grupo que representa. Expresa que todos los arrendatarios han hecho por su cuenta promoción y desarrollo de la artesanía, un renglón de la economía de muy poca rentabilidad sujeto a las temporadas de turismo. Con esto, han fortalecido a la artesanía como manifestación e identidad nacional, y después de más de 25 años los quieren sacar con unos argumentos falsos.

“Según lo comentado en altas esferas eso es cierto. Ya que hay gente de Cartagena y Bogotá con influencias políticas, que a través del Ministerio de Cultura, quieren quedarse con esos locales”, denuncia el comerciante Felipe Robles*. En relación con los rumores y corrillos que sostienen que los desalojos y el aumento del valor de arriendo a cifras exorbitantes, es una medida para que los comerciantes abandonen.

De esta manera, empresarios extranjeros y nacionales acaudalados, podrían transformar el espacio en restaurantes, bares y sitios lujosos, aprovechando su estratégica ubicación.

Recientemente, este viernes de octubre, en el que la trabajadora Beatriz Luna llegó al trabajo y se encontró con un operativo policial, obstaculizado por pancartas y manifestantes, se llevaba a cabo un desalojo a la bóveda número 15 donde funcionaba una joyería.

La tensión es alta, los comerciantes alternan sus días entre reuniones con abogados, juntas, y acciones legales. Entre sus negocios, los despachos de las instituciones o los juzgados. Una bomba de tiempo que ya ha comenzado a explotar. ¿Otro caso más de gentrificación en Cartagena?

¿Treta política de exclusión?

La gentrificación puede ser interpretada como un proceso de elitización o aburguesamiento, según Ignacio Ortiz, experto español en urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. Ortiz sostiene que “es un fenómeno que sucede cuando un barrio, por sus características, se vuelve atractivo para un sector de ciudadanos, en principio con rentas más elevadas, que lo comienza a rehabilitar, a mudarse a sus edificios, a recuperarlo y en definitiva a modificarlo en su fisonomía urbana”.

Más allá de efectos positivos como la recuperación espacial, la activación comercial de los escenarios, y por ende, mayor seguridad, flujo de personas y bellas fachadas restauradas, se genera un atropello: “Una injusta expulsión de ciudadanos, que con esa diferencia de renta se ven poco a poco desplazados, a la vez que se da una pérdida de la identidad del barrio para dar lugar a una nueva realidad”, sostiene Ortiz.

En Cartagena este proceso se ha venido generando en épocas recientes. Barrios como Getsemaní, San Diego o Chambacú, con el boom del turismo demandante de todo lo que tuviera procedencia colonial y antigua, sufrieron la llegada de cadenas hoteleras, edificios industriales y de oficinas, restaurantes, bares y discotecas, con una carta excluyente con precios exorbitantes.

Esto resultó atractivo para extranjeros y gente rica del interior del país, que podían costear los gastos de restauración y mantenimiento de estos predios, luego de las revalorizaciones. Donde antes había ritmo, alegría, barrio y ambiente popular, se ha ido convirtiendo en exclusividad, soledad, opulencia y visitantes que solo vienen a vacacionar.

“Después de ser el cordón amurallado uno de los sitios menos deseados para residir, bordeando los años 70 y 80, con la declaratoria de Patrimonio por la UNESCO en 1984 y la especulación inmobiliaria que lentamente ocasionó, hoy día cada centímetro del recinto histórico viene a ser polvo en oro”, describe Ladys Posso.

Posso es una abogada especializada en gestión cultural y una de las expertas más reconocidas de los procesos de gentrificación, conocimiento consumado en su libro Getsemaní Casa Tomada, opina sobre dicho proceso en Cartagena, contrastado con la problemática vivida en Las Bóvedas.

“El desalojo a los comerciantes de Las Bóvedas y su entrega a inversionistas de alto calado, sólo viene a ser un ejemplo de aquellas desapariciones. Desde la Administración Pública y con ayuda decidida de los medios de comunicación, quizás ahora bajo formas más sofisticadas, parece ser política pública rentabilizar el patrimonio”, sostiene Posso.

En Las Bóvedas, comerciantes que acostumbran a pagar arriendos de entre $ 700 000 a $ 2 000 000, según los mismos arrendatarios, la ETCAR les impondría un canon mensual de entre $ 15 000 000 y $ 18 000 000. “El distrito directamente no nos ha manifestado nada. Ha sido la Escuela Taller que ha tomado decisiones sin tener en cuenta a los arrendatarios, y quiere imponer unos cambios en cuanto al arriendo sin haberlo manifestado a los mismos. Quiere imponer unas alzas que van hasta el 1800%. Se están cometiendo abusos por querer sin previa negociación, aumentar los arriendos”, denuncia el comerciante Felipe Robles*.

Lo argumentado por varios comerciantes es que este desproporcionado incremento, lo busca legitimar la autoridad competente con la supuesta mora que adeudan desde hace años, con respecto a los reajustes del canon y las revalorizaciones del sector. $ 500 000 000 por cada arrendatario, anteriormente mencionado.

“¿Por qué nos quieren sacar?”, se pregunta el comerciante Marcial Ruiz, que ha dedicado la mayor parte de su vida a comercializar artesanías en Las Bóvedas. Las respuestas a su cuestionamiento están relacionadas con las voces que afirman que los incrementos de arriendo, desalojos y trabas jurídicas corresponden a una manera de sacarlos del medio. “Hay documentación que lo prueba”, manifiesta el arrendatario Felipe Robles*.

Falsedad y arriendo justo

Una fuente, directiva de la Escuela Taller de Cartagena de Indias, considera que alrededor de toda la coyuntura que se ha desatado hay mucha falsedad y rumores equívocos.

“Esto tiene una historia larga. Ellos con la Sociedad de Mejoras Públicas tenían contrato y pagaban valores de arriendos demasiado bajos con relación a la ubicación estratégica y las ganancias que generan a diario con el turismo. Por directrices del Ministerio de Cultura se hizo avalúo inmobiliario del sector y se les asignarán cánones justos y coherentes”, declara el funcionario.

Con respecto a lo que se dice de la política de incrementos como una tapadera para desalojar, y entregarle los predios a empresarios con otro tipo de modalidad comercial, el funcionario sostiene lo siguiente: “Falso. Todo eso ha surgido por el desalojo a la bóveda 13 (20 de octubre de 2017), que no fue ilegal porque el arrendatario falleció y una de las cláusulas contractuales con él, disponían este vencimiento con su muerte. En esa bóveda se piensa colocar un stand para que los estudiantes de la Escuela Taller vendan las artesanías que ellos fabrican”.

Por lo tanto, para el funcionario ha habido una construcción arbitraria de falsas verdades. “La búsqueda de erradicar a los tradicionales arrendatarios para generar una revitalización comercial y económica, con negocios de élite, y generando una posible gentrificación, es algo falso”, puntualiza la fuente.

Los arriendos próximos a los veinte millones de pesos, expresa el funcionario, no son reales. “La Escuela Taller respetará la vía jurídica. Se llevan a cabo reuniones con los actuales arrendatarios y se respetarán los contratos. Se les va incrementando con lo establecido legalmente, el porcentaje legal. Todo está amparado bajo los aspectos legales y el distrito respeta los convenios establecidos”, asegura el representante gubernamental.

¿Las bóvedas gentrificadas? Realidad o ficción

Javier Julio Bejarano es un reconocido activista y actual candidato al Concejo de Cartagena, quien expresa que su ciudad ha estado gobernada por unas cuantas familias que se han apoderado de las tierras y de los principales negocios de la ciudad. En ese sentido, a nadie sorprende, que ahora quieran apoderarse del espacio de Las Bóvedas, entendiendo que el turismo mueve muchísimo dinero en ese sector.

Bejarano afirma de manera rotunda que en ese escenario se está fraguando otro caso de gentrificación. “Si la estrategia de la Escuela Taller se consolida, todos los comerciantes que están hoy en breve saldrán del centro de la ciudad de eso no tengo ninguna duda”, vaticina.

Sin embargo, para la investigadora Ladys Posso, la gentrificación, concebida en los sesenta por la socióloga británica Ruth Glass, se aproxima más a procesos de tensión y desplazamiento social o vecinal. “En Las Bóvedas, más que de un recambio poblacional, creería que se puede hablar de desalojos comerciales, de boutiquización de espacios, el establecimiento de fronteras invisibles. Embellecer los espacios para el consumo de élite, a los que los cartageneros de a pie no podremos acceder”, expone Posso.

La boutiquización es un término acuñado por Fernando Carrión Mena, investigador argentino, el cual está relacionado con la reforma de espacios tradicionales, históricos o populares, bajo nuevas lógicas de consumo urbano. Centros comerciales, boutiques de marcas lujosas y restaurantes lujosos, reemplazan plazas, mercadillos, tiendas barriales o talleres de carpintería.

Transformación económica, cambio urbanístico e incremento en el precio del suelo, desencadenan éxodos de comerciantes que fomentaron la construcción social y las costumbres del barrio. Ladys Posso opina que generalizar es peligroso y correspondería revisar el caso de Las Bóvedas con precisión, pero de ser cierto lo denunciado por los comerciantes, este sería un caso más de boutiquización que de gentrificación.

Solo el tiempo permitirá descifrar quién es el que utiliza la ardid con algún interés oculto en esta discordia. Si los comerciantes y trabajadores como Beatriz Luna, que llevan años ejerciendo una actividad comercial que les permite subsistir diariamente y generan impacto en el turismo y en el contexto social que los rodea. O, si por otro lado, la Escuela Taller está realizando acciones judiciales y políticas justas con la necesidad de rentabilizar los espacios históricos, pero con la obligación de guardar equilibrios entre el canon de arrendamiento y los ingresos que perciben los arrendatarios.

Las discrepancias y conflictos seguirán ocurriendo, y, mientras, el proceso siga caracterizándose por su poca claridad y parcialidades, corre el riesgo de convertirse en una bomba de tiempo, promiscua a generar violencia, desórdenes e incertidumbre en las familias y autoridades inmersas, todo en una ciudad que pide a gritos no sufrir un escándalo más.

 

* El nombre fue cambiado por petición de la fuente.

Sigue a Las2orillas.co en Google News
-.
0
Nota Ciudadana
Maltratos, sobrecarga laboral (y un aparente deceso por estrés): los pecados de MinCiencias

Maltratos, sobrecarga laboral (y un aparente deceso por estrés): los pecados de MinCiencias

Nota Ciudadana
55 años para revelar los secretos detrás del legendario vallenato

55 años para revelar los secretos detrás del legendario vallenato "La diosa coronada"

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus
--Publicidad--