La Contraloría General de la República le puso la lupa a las instalaciones de un laboratorio, a raíz de una alerta que recibió el organismo de control sobre posibles irregularidades en la ejecución de un contrato entre la Gobernación del Atlántico y Acafarma, por $9.600 millones, que tiene por objeto el suministro de elementos de bioseguridad para las ESE (Empresa Social del Estado) del departamento.
Según dijo Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, esto se hizo “con el propósito de recaudar información necesaria para dar trámite en una denuncia por posibles irregularidades en la adquisición de elementos de protección personal para el personal de la salud del departamento”.
Y añadió: “Estamos realizando el recaudo de información en todo el país para verificar las posibles irregularidades asociadas a la falta de idoneidad del contratista, presuntos sobrecostos y verificar presuntos conflictos de intereses que se pueden presentar en esta contingencia”.
El ente de control hizo un llamado a la ciudadanía para que sigan presentando sus denuncias a través de los canales institucionales dispuestos por la Contraloría para tales efectos.
