En Colombia estamos discutiendo algo más que una elección presidencial. Estamos discutiendo el alcance y la estabilidad de nuestro contrato político: la Constitución de 1991.
Cada cierto tiempo reaparece la tentación de presentar la Constitución como un obstáculo. Cuando las instituciones limitan al gobernante de turno, cuando los controles funcionan, cuando los jueces frenan excesos o cuando el Congreso no actúa como notaría del Ejecutivo, surge el discurso de que “hay que cambiar las reglas”. Ese impulso no es nuevo en América Latina. Tampoco es inocente.
La Constitución de 1991 no fue un accidente histórico. Fue la respuesta a una crisis profunda de legitimidad, violencia y exclusión. Rediseñó el equilibrio del poder, amplió derechos fundamentales, creó mecanismos de participación ciudadana y fortaleció la justicia constitucional. Pero, sobre todo, introdujo una idea esencial: el poder tiene límites.
Quien propone “reemplazar” el pacto constitucional no suele empezar por un diagnóstico técnico sobre artículos específicos; empieza por un malestar político frente a los límites. Se presenta la Carta como una camisa de fuerza, cuando en realidad es un sistema de garantías. Se habla de “refundar”, cuando lo que se busca es ampliar márgenes de maniobra personal.
Conviene recordar algo elemental: la propia Constitución prevé su reforma. El Título XIII establece con claridad tres mecanismos:
- El acto legislativo: permite al Congreso modificarla mediante un procedimiento agravado de ocho debates.
- El referendo constitucional: habilita al pueblo para aprobar o rechazar reformas puntuales.
- La convocatoria de una Asamblea Constituyente: procede cuando se trata de una revisión más amplia, pero también bajo reglas previamente definidas.
Es decir: el sistema tiene mecanismos de ajuste. No estamos ante un texto pétreo ni ante un dogma intocable. Lo que no admite es la ruptura caprichosa ni la sustitución total impulsada por la coyuntura o por la ambición.
No es la primera vez que desde el poder se intenta tensionar ese marco. En el pasado, tanto Álvaro Uribe Vélez como Gustavo Petro han promovido, desde orillas ideológicas opuestas, reformas que impactan la arquitectura institucional. En el caso de Uribe, la reelección presidencial alteró el diseño original en materia de alternancia. En el caso de Petro, el discurso de transformación estructural ha abierto el debate constituyente como horizonte político. Más allá de las diferencias programáticas, el patrón es digno de análisis: cuando el proyecto político se concentra excesivamente en una figura, la Constitución empieza a verse como un límite incómodo.
La experiencia comparada ofrece lecciones valiosas. La Constitución de Estados Unidos, vigente desde 1789, no ha sido reemplazada: ha sido enmendada. La de Noruega data de 1814 y sigue en vigor. La Ley Fundamental de Alemania, adoptada en 1949, consolidó una democracia estable tras la guerra. Incluso la actual Constitución de Francia, de 1958, ha proporcionado continuidad institucional durante décadas. En todos esos casos, el cambio se ha dado mediante reformas, no mediante rupturas periódicas del pacto.
El contraste latinoamericano es ilustrativo. En Venezuela, la Constitución de 1999 promovida por Hugo Chávez redefinió el equilibrio institucional en favor del Ejecutivo. En Ecuador, la Constitución de 2008 impulsada por Rafael Correa acompañó un proceso de fuerte centralidad presidencial. En Bolivia, la Constitución de 2009 promovida por Evo Morales transformó profundamente el modelo estatal, pero abrió tensiones posteriores sobre los límites a la permanencia en el poder. En estos casos, la “refundación” estuvo estrechamente asociada a liderazgos personalistas y a la ampliación del poder ejecutivo.
Cuando una entidad bancaria evalúa la solvencia de una empresa, no se deja impresionar por balances abultados. Aplica la razón rápida: toma únicamente los activos más líquidos —efectivo, inversiones fácilmente realizables y cuentas por cobrar— y excluye lo que no puede convertirse de inmediato en liquidez real. La pregunta es simple: ¿qué tan sólida es la empresa cuando eliminamos lo accesorio?
¿Qué queda cuando retiramos el marketing electoral, las narrativas épicas y la polarización rentable? Queda una cuestión estructural: ¿el proyecto político respeta las reglas del juego o necesita debilitarlas para prosperar?
La verdadera prueba ácida de un candidato no es su retórica, sino su relación con el límite. Su disposición a gobernar dentro de la Constitución. Su compromiso con la alternancia. Su respeto por los contrapesos.
Defender la Constitución de 1991 no significa oponerse a toda reforma. Significa defender el método, las reglas y el principio de que ningún proyecto —por popular que sea— está por encima del pacto institucional.
Porque al final, la pregunta decisiva no es quién promete más, sino quién acepta gobernar con límites. Las democracias maduras corrigen; no demuelen. Reforman; no refundan cada vez que el poder encuentra un freno. Y esa es la prueba ácida de la política colombiana: todo liderazgo que necesite debilitar los límites para realizar su proyecto revela, en el fondo, que no confía en la fuerza de sus ideas sino en la ampliación de su poder.
La Constitución de 1991 no es un obstáculo. Es la garantía de que Colombia siga siendo una República y no el escenario de un experimento personal. Antes de votar, apliquemos la prueba ácida. Eliminemos el ruido. Miremos la estructura. Y decidamos si queremos líderes que gobiernen dentro del contrato social o proyectos que necesiten reescribirlo para quedarse. Ahí está la verdadera elección.
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