Con mensajes falaces se está invitando a votar, “para mantener la libertad y la democracia”, por el candidato a la Presidencia Federico Gutiérrez, frente al supuesto peligro que representa para las mismas el aspirante Gustavo Petro.
No me atrevo a afirmar que lo hacen por ignorancia, porque si de algo estoy seguro es que se consideran tan superiormente inteligentes, que piensan que el resto de colombianos seguimos siendo sus opuestos, ‘tan supremamente ignorantes’, que nos pueden engañar con mentiras tan absurdas como para salir en estampida a ‘defender la democracia maestro´, y de esa manera ustedes, políticos de oficio, garanticen el continuismo del modelo de democracia representativa, mas no participativa, que les sirve tanto para proteger los intereses de los grandes monopolios económicos que controlan la economía del país y financian sus campañas, como para mantener incólumes los privilegios y beneficios personales que reciben por su gestión, sin importarles un comino que vayan en detrimento del bienestar de todos los colombianos.
En el ejercicio de determinar, con mediana sindéresis, con cuál de los candidatos mencionados peligraría la forma de democracia que realmente tenemos, se hace imprescindible remitirnos a nuestra Constitución Política de 1991.
En los Artículos 1° y 2° dispone que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Al comparar ese ideal, con lo que se practica, podemos fácilmente concluir que la forma de democracia participativa no se ha expresado a lo largo y ancho del territorio nacional, por cuanto a pesar de estar plasmada en nuestra Carta Política, a pocos días de cumplir 30 años de vigencia, lo que se evidencia en cada rincón de la Patria es abandono, inequidad, exclusión, discriminación, inseguridad, desempleo, improductividad agrícola, encarecimiento de los alimentos, carencia de atención de las necesidades básicas en salud, educación, agua potable, etc., debido a la falta de implementación, a profundidad, de la misma.
Como el vocablo democracia está referido a la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por el pueblo y para el pueblo, aun cuando redundante es decirlo, conlleva implícito el propósito de darle la mejor solución a la problemática antes enunciada con decisiones sobre políticas públicas resultantes de una amplia concertación, con la mayor participación posible de los ciudadanos en los procesos deliberativos, en la medida que las decisiones adoptadas nos afectan a todos los asociados.
Se debe rescatar para la memoria colectiva, que la democracia participativa surge en el contexto político mundial como una opción para superar los problemas políticos derivados de la representación, los cuales tienen mucho que ver con la corrupción, por las agendas individuales de los delegatarios, aunado a la distancia que se presenta entre las decisiones de éstos y las necesidades de sus representados.
Dentro de ese escenario y sin mayor esfuerzo mental podemos concluir que el más grande peligro que se cierne para la democracia representativa que tenemos, por el hecho de no ofrecer soluciones a las crecientes insatisfacciones sociales, indudablemente es Gustavo Petro, en la medida que él ostenta una gran capacidad, probada en el debate público, para convocar a los colombianos en la cruzada de reconocer y realizar los postulados de la Constitución Política de 1991, de la cual, viene al caso precisarlo, si fue uno de sus autores, toda vez que Antonio Navarro Wolff actuó en la Asamblea Nacional Constituyente como representante de la fuerza política a la que Petro perteneció.
Y si, tienen razón, es él quien encarna la mayor amenaza para la democracia que a ustedes les sirve, porque le inquieta que los problemas generadores del descontento social se estén agudizando. No quiere que se repitan, por la inercia en resolverlos, nuevas manifestaciones de protesta por el inconformismo social. Conoce muy bien que la única respuesta que puede ofrecerle un gobernante partidario de la denominada doctrina de la seguridad democrática, por estar demostrado hasta la saciedad, es la indiscriminada y violenta represión policial.
O acaso podríamos olvidar el saldo de personas fallecidas y lesionadas dejadas por el estallido social del año 2021 que puso en evidencia las enormes desigualdades y abandonos históricos invisibilizados por décadas.
Y por esa sencilla razón, en el mismo sentido, pero desde la arista opuesta, es el candidato Federico Gutiérrez, por no darse cuenta, o quizá por negarse a aceptar que es mediante profundos cambios la única manera de ejecutar los postulados de la Carta Política, quien personifica un colosal peligro para la democracia en sí misma, entendida ésta como la forma en que el pueblo gobierna para beneficio de todos, y no para unos cuantos privilegiados.
A esa conclusión se llega con la sola lectura de su programa de gobierno, enmarcado en la comodidad del continuismo de políticas públicas, reafirmantes de desigualdades y abandonos.
La fortaleza que no se le puede desconocer a Gustavo Petro, demostrada con suficiencia en su gestión como alcalde de la ciudad de Bogotá, hoy reiterada en su campaña, y de la cual carece Federico Gutiérrez, es su voluntad y obstinación para presentar e impulsar, contra viento y marea, dentro del cauce jurídico, propuestas de transformación que por lo necesarias para resolver las necesidades invisibilizadas del pueblo colombiano conllevan afectación de los intereses económicos de los grandes monopolios que controlan importantes sectores de la economía del país.
Esa gran capacidad, haciendo un parangón con la atribuida al expresidente Alfonso López Michelsen en el sentido de que cuando hablaba “ponía a pensar al país”, bien podría encuadrársele a Gustavo Petro, diciendo que con sus propuestas ‘pone a pensar en el país’.
Acaso podría ignorarse el que nos tenga discutiendo sobre el régimen pensional, después de más de 38 años de estar creyendo que el privado era el mejor, y descubrir que no es tan bueno como lo pintan, al saberse que “cuenta con el 73% de los afiliados, casi 18 millones de personas -contra 6,8 millones de Colpensiones-, pero apenas con el 12,8% de los pensionados, unos 220.000 de un total de 1,7 millones (Jorge Armando Rodríguez UN Periódico), lo que explicaría en parte la excelente rentabilidad que obtienes las AFP del negocio (Salomón Kalmanovitz)” la cual, sin embargo, no llega a los dueños de los dineros ahorrados, toda vez que al reconocer la pensión de jubilación su monto es de apenas un 22% del salario base de la liquidación y, el incremento anual de las mismas, corresponde al rendimiento ordinario de cualquier cuenta de ahorro individual.
Como también nos ha puesto a pensar en la urgencia de renegociar los TLC y democratizar la tierra productiva e inutilizada del sector rural con el mismo propósito de “estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria” por la cual se expidió la Ley 1152 del 25 de 2007 -Estatuto de Desarrollo Rural-, firmada por Álvaro Uribe Vélez, en calidad de presidente de la República; Oscar Iván Zuluaga, como ministro de Hacienda y Crédito Público y Andrés Felipe Arias Leiva, en su condición de ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
En el Artículo 72 la citada ley establece: “A fin de estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria, el Estado, a través de la Unidad Nacional de Tierras Rurales, podrá comprar bienes inmuebles rurales improductivos de propiedad privada.
Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169.
Llama poderosamente la atención que durante el gobierno del expresidente Uribe no se cuestionó la emisión de esa ley de expropiación de predios rurales improductivos.
Con el mismo norte, esto es, el de transformar para mejorar nuestras condiciones sociales, nos ha puesto a pensar sobre las posibilidades de tener un mejor servicio de salud, replanteando la organización y funcionamiento de las EPS, al igual que de una educación superior universal gratuita, como existe en Francia, Finlandia, Luxemburgo, o en Uruguay, aquí en Sudamérica, por solo citar algunos ejemplos.
Las propuestas de Gustavo Petro, obligarían a los congresistas a salir de su zona de confort para adentrarse en el estudio y debate con rigor de los grandes temas de su agenda de trabajo, los cuales a pesar del cuestionamiento que de manera insulsa le hacen sus contradictores, conformistas con lo que sin mayor esfuerzo pueden avizorar, tendrían que ser objeto de un análisis concienzudo, sensato y responsable.
En verdad no veo por ninguna parte al candidato Federico Gutiérrez, por su talante empavonado con las políticas públicas continuistas, proponiendo profundos cambios que afecten los intereses de los grandes empresarios que manejan la economía del país. En verdad podría creerse que respondería a ese gran apoyo que le brindan, en forma distinta a la de mantenerle sus privilegios.
Basta comparar los programas de gobierno de los contrapuestos candidatos, para notar la gran diferencia que existe entre la concepción que cada uno tiene sobre la necesidad de implementar políticas públicas tendientes a resolver los problemas de los más necesitados de la población.
Finalmente, se debe precisar que la Constitución Política de 1991 es el mayor y más infranqueable dique del ordenamiento jurídico que existe para contener cualquier asomo de autoritarismo de Gustavo Petro, toda vez que las antedichas reformas solo pueden realizarse mediante leyes expedidas por el Congreso de la República, órgano que ejerce el control político a las actuaciones del gobierno.
Y, el escogido por el pueblo mediante las elecciones del pasado 13 de marzo, por su forma de composición, no le aprobará propuestas que vayan en detrimento del bienestar de los colombianos.
La única facultad que tiene el presidente de la República es la de presentar, por intermedio de sus ministros, los proyectos de ley.
Las irregularidades para saltarse el mandato constitucional, por así calificarlas con mucha generosidad, ocurridas en anteriores legislaturas, fueron producto de la corrupción propiciada desde el ejecutivo con la nefasta práctica de repartir ‘mermelada’ a inescrupulosos legisladores a cambio de recibir su apoyo en proyectos de ley de que le interesaban.
De ahí que son innecesarias, por estar inmersas dichas prohibiciones en nuestra Ley Fundamental, la denominadas ‘líneas rojas’, que le antepone el expresidente César Gaviria Trujillo, para darle el apoyo oficial del Partido Liberal, a su candidatura presidencial.
