A estas alturas aún estamos sacando lecciones de las declaraciones de Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad en torno a las ejecuciones extrajudiciales que fueron perpetradas por la administración Uribe Vélez, en la cual él fungió como Ministro de Defensa. Santos alega que bajo su supervisión se empezaron a dar conocer esos crímenes, y que desde su alta posición buscó que se identificaran los responsables y se le pusiera término a esa práctica criminal por parte del Estado.
Tras responsabilizar a Álvaro Uribe, señalamiento que no sorprende, puesto que ya está establecida su compromiso como el arquitecto de esa práctica iniciada por el ejército estadounidense durante su guerra en Vietnam (la práctica del body count, o asesinatos indiscriminados que buscan mostrar avances positivos en la derrota del enemigo), y luego señalo a su entonces viceministro, Pinzón. Juan Manuel Santos se sintió lo suficientemente libre como para pronunciar una palabra de petición de perdón a las víctimas sin reconocer realmente ninguna responsabilidad.
Algunos estudiosos desde otros ángulos como el de Miroslav Volf, trae a cuento las lecciones de la guerra de los Balcanes y su propia experiencia como participante de las comisiones de reconciliación en su nativa Croacia. Para Volf, el perdón, tanto político como existencial, es una herramienta de uso exclusivo de la víctima. En su tramitación no interviene el victimario ni debe permitirse su presencia.
Con todo, parece que la conocida sentencia de Hannah Arendt en torno a la banalidad del mal ya ha hecho su escuela. Esto se hace evidente cuando los perpetradores pasan al frente para reconocer sus crímenes. Quizás con la excepción de los criminales de la guerra de los Balcanes, mayormente serbios, todos se pronuncian como si hubiera una desconexión entre sus motivaciones personales y la realidad de crueldad que desencadenaron.
La trivialización radica en que, a fin de que el horror sea posible, se requiere de un ejecutivo a carta cabal que lo lleve a cabo.
Las confesiones traen consigo el potencial de reinvención de una nueva realidad. Así, por ejemplo, se reconoce que la confesión de Juan Manuel Santos presenta el ambiente de tal manera que el peso de la responsabilidad de los crímenes de las ejecuciones extrajudiciales bajo el uribismo lo exonera a él.
Sin embargo, los aplausos para Santos, que no cesan, no ocultan el hecho de que su contribución al esclarecimiento de la verdad no pasa de ser un saludo a la bandera. Ya previamente había quedado plenamente establecida la responsabilidad casi que absoluta de Uribe Vélez en la planeación y coordinación de actos criminales que hoy conocemos con el eufemismo de falsos positivos.
Las declaraciones de Juan Manuel Santos pretenden explicar que su eficiencia profesional, el acatamiento a órdenes y la preocupación por la estabilidad de un ordenamiento limitaron la acción de su brújula moral. Es como si existiera una justificación a nombre del “ejercicio profesional”. De ahí se pasa a la banalización del perdón. Quizás por razones que el adoctrinamiento cristiano pueda explicar, se asume que una vez un victimario pide perdón la víctima ha de perdonarlo.
Se pasa por alto que una solicitud de perdón proveniente de alturas sociopolíticas como la de Santos, es un asunto de peso jurídico, no de salvación del alma. El perdón político es un problema de una complejidad mayor que la que entraña el perdón individual entre dos personas. No solo lo reconocen así estudiosos, también es una angustia, como la que han insistido en compartirnos víctimas como las Madres de Soacha, como Raúl Carvajal, que murió clamando en las calles por la muerte de su hijo tras haber confrontado directamente a dos expresidentes responsables directos de ese crimen, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
La Comisión de la Verdad no puede convertirse en un lugar para autoperdonarse, porque el resultado serían otros cien años de impunidad de los crímenes.
