Mientras continúen los asesinatos de líderes como el de la gobernadora del cabildo indígena de Siberia, Caldono, ante las dificultades que plantea la macropolítica del actual gobierno nacional de boicotear acuerdos de paz con las Farc y frenar negociaciones con el ELN, nos toca buscar mecanismos para sobrevivir.
Permanecemos en “guerras híbridas”, como la del Pacífico colombiano, en las que no se enfrentan dos ejércitos, combina violencias ejercidas por grupos de diverso origen y los bandos enfrentados, incluido el Estado y sus fuerzas armadas, escogen a la población civil como objetivo militar para atemorizarla, obligarla a colaborarles o a abandonar el territorio para seguir con el narcotráfico, minería ilegal y el desarrollo de grandes proyectos mineros, energéticos y agroindustriales.
Para no doblegarse ante la violencia indiscriminada se impone fomentar la convivencia mediante pequeñas acciones personales y de respaldo a organizaciones comunitarias rurales y urbanas que comparten un territorio tan golpeado como el departamento del Cauca y la región pacífica del suroccidente colombiano.
Así opina el abogado y profesor de Sociología Jurídica, Roberto Rodríguez, en el diplomado gratuito sobre periodismo y paz con 120 horas de sesiones virtuales programado por la universidad del Cauca para comunicadores de la región.
Con optimismo y creatividad puede empezarse a construir la paz impulsando cambios desde la mentalidad y actitudes personales influenciadas por el individualismo, prejuicios raciales arraigados desde la conquista española, afán de lucro, carencia de escrúpulos, respeto por lo diferente y activa violencia física y sicológica que nos permean.
Rodríguez nos recuerda al filósofo chino Confucio, quien centurias antes de Cristo expresó que quien no tiene paz interior no puede proyectarla a la sociedad.
Es un punto importante para empezar a desarmar los espíritus en una sociedad patriarcal, machista, inequitativa, con bajos niveles de educación, carente de empleos y militarizada como la colombiana, donde jóvenes de extracción popular que no son reclutados por el ejército nacional, en campos y barrios depauperados de las ciudades están expuestos a ser raptados o convencidos por grupos guerrilleros, paramilitares y bandas de mafiosos vinculados al narcotráfico, minería ilegal, la extorsión, sicariato y otros delitos, donde aprenden a utilizar armas de todo tipo y “a ganarse la vida con los fierros” atracando y matando sin reatos de conciencia.
Crear entornos donde todos podamos progresar, como decía Mandela, estimular conceptos de convivencia que tienen comunidades desde tiempo atrás, donde puedan solucionar pacíficamente sus problemas.
El aprender a convivir y ser resilientes con la violencia se convierte en un mecanismo esencial de supervivencia que incluye el fortalecimiento de lazos comunitarios mediante labores colectivas como las mingas indígenas, campesinas y urbanas, la creación de centros de memoria, la reincorporación de los desmovilizados de grupos armados, uniendo brazos e iniciativas en la realización de obras y proyectos de beneficio colectivo, en la creación de cooperativas de producción, transporte, comercio y dedicadas a fortalecer la educación, salud, medios de comunicación y diversas expresiones culturales y artísticas.
También la organización de grupos de mujeres cabezas de familia, desplazados, asociaciones juveniles ligadas al deporte, cultura, entre otras actividades que los alejen del alcohol, drogas y pandillas.
Con estas acciones fortalecen formas autónomas y comunitarias de gobierno, justicia y convivencia, planeación y ejecución de proyectos productivos y administración de recursos para ejecutarlos, sin reñir con entidades del gobierno y más vale complementándose.
Ante la ineficacia del Estado para garantizar la protección de líderes sociales convertidos en blanco de todos los grupos armados legales e ilegales que se disputan el territorio, también se constituyen en alternativa: mecanismos propios de protección, como las desarmadas guardias indígenas y cimarronas que vigilan los territorios y a sus dirigentes.
El pacto de convivencia por la defensa de la vida, paz y el territorio, que intentan concretar varias organizaciones comunitarias, con la gobernación, la Asamblea del Cauca, los personeros municipales, la Universidad del Cauca y otras de la región, más los gremios empresariales, a pesar de los tropezones, es un intento alternativo de paz territorial que intentan concretar localmente sobreponiéndose al resurgimiento de diversos grupos armados que se disputan el territorio.
A través de este pacto pueden establecerse mecanismos para afrontar pacíficamente problemas generados por la propiedad de la tierra, manejo de bosques, cuencas hidrográficas y conflictos ambientales derivados de la minería ilegal y legal y macroproyectos de infraestructura, energéticos y agroindustriales que afectan a amplios grupos de poblaciones urbanas y rurales del departamento.
