A los 12 años, en la Santa Marta de principio de los años 70, mi mundo se reducía al mar. No había celulares que absorbieran la atención con notificaciones constantes, ni computadores que abrieran ventanas a realidades virtuales, ni videojuegos que prometieran aventuras sin moverse del sofá.
La televisión acababa de llegar al país, pero en mi barrio —calle Burechito o la 21 con Ferrocarril— solo una casa tenía un aparato en blanco y negro. El color era un lujo aún por llegar también a Colombia. Los sábados y domingos, por tanto, se convertían en nuestro ritual: nos íbamos al mar con máscaras improvisadas, arpón de caña y una bolsa de yute.
Buceábamos horas para pescar pargos, sargos o róbalos. Volteábamos piedras en busca de cangrejos azules, ostras perlíferas, jaibas agresivas, erizos blancos que no pinchaban y, a veces, hasta congrios que atrapábamos solo por el placer de verlos retorcerse antes de soltarlos. El mar era nuestro parque de diversiones, nuestro cine, nuestro escape.
No necesitábamos más. En esa época, la Sierra Nevada de Santa Marta permanecía virgen en gran medida. No había paracos ni guerrilla consolidada en sus laderas. Solo colonos criollos viviendo en fincas familiares, generación tras generación, cultivando yuca, plátano, café y cacao en las zonas bajas. Bajaban ocasionalmente al mercado público de Santa Marta con sus mulas cargadas de productos agrícolas: sacos de maíz, panela en bloques, frutas tropicales.
Los pueblos indígenas —Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos— también descendían esporádicamente. Estos últimos, los habitantes milenarios del macizo, guardianes de lo que llaman el “Corazón del Mundo”. Sus vestimentas de manta blanca, mochilas tejidas y sombreros de caña los distinguían de inmediato, pero lo que más quedaba grabado era el olor que traían impregnado: una mezcla de tierra húmeda, resinas de árboles sagrados, humo de fogones de leña y hierbas medicinales.
Un aroma profundo, antiguo, imposible de replicar en la ciudad de cemento y asfalto. Nadie lo describía con precisión; simplemente se sentía como algo puro, lejano de la contaminación urbana. De ahí que a veces nuestras madres nos decían: “¡Vayan a bañarse, que huelen a indio”. La Sierra aún no había sido “descubierta” por el turismo masivo. La Ciudad Perdida (Teyuna) seguía oculta en la espesura, conocida solo por unos pocos indígenas y exploradores ocasionales. Para los pueblos originarios, era el eje del universo, el lugar donde los dioses habían creado el equilibrio cósmico. Para los colonos, era el sustento familiar: la tierra fértil, agua abundante, madera y caza. Para el resto del mundo, empezaba a ser una promesa turística: playas vírgenes, biodiversidad única, nevados perpetuos en el trópico.
Pero para las bandas criminales que llegarían después, se convertiría en el territorio perfecto: corredores naturales para el narcotráfico, rutas de salida al Caribe, acceso a rentas turísticas millonarias y una geografía que favorece el ocultamiento y el control. Hoy, esa misma Sierra —que en mi infancia simbolizaba libertad absoluta, maravilla natural y paz— late herida de muerte por una guerra sin tregua.
Los protagonistas son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas popularmente como Los Pachenca, y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia o EGC). Lo que fue paraíso virgen se ha transformado en un corredor estratégico del narcotráfico: rutas marítimas para cocaína hacia Centroamérica y Europa, extorsiones sistemáticas al turismo, control de economías ilícitas que generan millones anuales y disputa feroz por cada centímetro de terreno.
La escalada reciente ha sido brutal. Desde el 14 de febrero de 2026, intensos combates en zonas rurales de Aracataca (Magdalena) —veredas como La Fuente, El Salto, sectores cercanos a Las Margaritas y el corregimiento Cerro Azul— han sembrado terror en las comunidades campesinas. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente el 22 de febrero, confirmando la materialización de riesgos advertidos en su Alerta Temprana Estructural 020 de 2025. Al menos 46 familias (172 personas, incluyendo 63 menores) se desplazaron forzosamente hacia el casco urbano de Aracataca y municipios vecinos.
Hubo confinamiento forzado, temor constante a artefactos explosivos abandonados en cultivos y viviendas, restricciones a la movilidad y zozobra permanente. Aunque no se reportaron víctimas civiles directas en estos episodios más recientes, la población vive bajo un régimen de terror: la desobediencia, una mirada equivocada o simplemente estar en el lugar equivocado puede costar la vida.
Este clima de miedo llevó al cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona. El 17 de febrero de 2026, mediante la Resolución 091 de Parques Nacionales Naturales, se decretó el cierre total. No fue una medida ambiental habitual para recuperación ecosistémica. Amenazas directas contra funcionarios y guardaparques, intimidaciones en accesos como El Zaino y Neguanje, bloqueos improvisados, cobros irregulares a visitantes y presencia armada hicieron imposible garantizar la seguridad de turistas, comunidades locales e indígenas.
El ministro de Defensa atribuyó inicialmente la decisión a extorsiones y presiones de Los Pachenca (bajo alias como ‘Bendito Menor’), pero informes oficiales y fuentes de inteligencia señalan que el detonante real fue la confrontación abierta entre ACSN y Clan del Golfo por el control de la Troncal del Caribe y las rentas turísticas ilegales.
En plena temporada alta —con playas icónicas como Cabo San Juan, La Piscina y Pueblito, y una biodiversidad que incluye más de 400 especies de aves, monos aulladores, jaguares y arrecifes coralinos—, el parque quedó desierto. El golpe económico a Santa Marta fue devastador: miles de familias dependen del turismo, desde vendedores ambulantes hasta hoteles y guías. La historia de los grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta es un capítulo doloroso de la evolución del conflicto colombiano, marcado por la bonanza marimbera, la expansión guerrillera, el auge paramilitar y la fragmentación criminal posdesmovilización.
Todo comenzó en los años 70 con la bonanza marimbera. Cultivos masivos de marihuana en las laderas bajas generaron fortunas rápidas y economías ilícitas. Surgieron grupos de protección privada —“justicia propia”— para proteger a marimberos, políticos locales y comerciantes. Estructuras como Los Chamizos, Los Magníficos o Los Rojas compartían delitos comunes y, más tarde, se enfrentaron a la guerrilla emergente.
En los 80, la guerrilla consolidó presencia. Las FARC (con frentes como el 19, 59 y 41, expandiéndose desde Pueblo Bello en el Cesar) y el ELN (Frente 6 de Diciembre) usaron la Sierra como corredor estratégico: retaguardia logística, rutas de narcotráfico hacia puertos caribeños y control de movilidad entre Magdalena, Cesar y La Guajira. Hubo incursiones menores del EPL. Estas guerrillas declararon objetivos militares a los grupos derivados de la marihuana, lo que provocó masacres, secuestros, desplazamientos y una espiral de violencia que afectó a indígenas y colonos.
Los 90 trajeron el ascenso del paramilitarismo. Financiados por terratenientes, narcotraficantes y con tolerancia o alianzas de sectores de la Fuerza Pública, grupos como las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG), lideradas por Hernán Giraldo Serna (“El Patrón”, “El Taladro” o “El Señor de la Sierra”), se expandieron. Giraldo, originario de estructuras como Las Autodefensas del Mamey, formó el Bloque Resistencia Tayrona (integrado a las AUC en 1997-2002). Combatieron ferozmente a las guerrillas, desplazaron masivamente a indígenas (Arhuacos, Koguis, Wiwas) y campesinos, y controlaron rutas de narcotráfico.
El paramilitarismo privatizó la guerra: masacres, desapariciones forzadas, limpiezas sociales y despojo de tierras, justificadas como lucha contrainsurgente pero impulsadas por control territorial, economías ilícitas y expansión ganadera o minera. La desmovilización de las AUC (2004-2006) no eliminó el control armado. El Bloque Resistencia Tayrona se fragmentó. Surgieron sucesoras como la Oficina Caribe o Los Pachenca (bajo Jesús María Aguirre Gallego, alias “Chucho Pachenca”, ligado a antiguos mandos de las AUC).
Tras bajas de líderes como Chucho Mercancía y alias “80” (Deimer Patiño Giraldo) alrededor de 2019, el grupo adoptó el nombre Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN o Los Pachenca). Mantienen arraigo local en Santa Marta, Tayrona, corredores a La Guajira y Cesar, con un pie de fuerza estimado en 600-1.000 hombres (aunque algunas fuentes lo reducen a menos de 500).
Su supervivencia se explica por redes familiares (herederos de Hernán Giraldo), control histórico y extorsiones arraigadas. Paralelamente, el Clan del Golfo (heredero principal de las AUC, especialmente Urabeños) avanzó desde Urabá y Córdoba hacia el oriente caribeño. Con casi 9.000-10.000 integrantes y presencia en cientos de municipios, busca rutas marítimas de cocaína, extorsión al turismo y dominación de la Troncal del Caribe.
Desde 2020-2023, la confrontación con ACSN se intensificó: alianzas temporales se rompieron, y la violencia escaló en 2025-2026 por rentas del turismo, narcotráfico y control territorial. Paradójicamente, mientras la violencia escala —con alias ‘Flash’ (Comando 200) de las ACSN reapareciendo el 23 de febrero para desmentir bajas reportadas por el Clan—, el Gobierno adelanta diálogos sociojurídicos en el marco de la “Paz Total”.
Con las ACSN se firmaron compromisos el 18 de febrero para cese de homicidios, protección de civiles, no reclutamiento de menores y no interferencia en las elecciones de 2026. Con el Clan del Golfo, las conversaciones en Doha se reactivaron el 17 de febrero tras suspensiones temporales, enfocadas en desmantelamiento y sometimiento a la justicia. Sin embargo, los enfrentamientos persisten, evidenciando la fragilidad de estos procesos.
El Estado posee superioridad militar y jurídica para desarticular estas estructuras puramente criminales —sin agenda política real, motivadas por codicia—, pero la respuesta ha sido insuficiente e histórica. La ausencia prolongada del Estado permitió que estos grupos suplanten funciones estatales con violencia: imponen “leyes” locales, resuelven disputas, castigan robos con humillaciones públicas (rapado de cabezas, confesiones forzadas) y extorsionan a todos los sectores.
Indígenas y campesinos pagan el precio más alto: desplazamientos forzados, confinamiento, reclutamiento forzado, miedo constante y el riesgo inminente de que su territorio sagrado —el Corazón del Mundo— se convierta en botín eterno narco-paramilitar. Y pensar que los paramilitares fueron creados allí, en parte, para “dar solución” al problema guerrillero y desalojarlos de la Sierra.
Ahora ellos son el problema principal, y el Estado continúa inconsecuente, inepto e indiferente, o a la espera de que surja algún otro ejército privado delincuencial con la misma rutinaria justificación, para hacer justicia con sus propias manos y culpar al Estado por su inoperancia. En la Sierra Nevada, el corazón del mundo que late herido, sangrando cada día más profundo, la herida se agranda con cada familia desplazada, cada acceso bloqueado, cada amenaza que silencia voces ancestrales. Sin una institucionalidad fuerte que restaure la paz verdadera —no solo acuerdos frágiles, sino presencia real, inversión social y justicia—, la convivencia en ese imponente ecosistema elevado se convierte en un bucle infinito de violencia, olvido y sufrimiento. El paraíso de mi infancia se desvanece, pero el clamor de sus habitantes persiste: basta de guerra en el Corazón del Mundo.
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