Opinión

La seguridad sin punto de quiebre

Presenciamos, en seguridad, una realidad exacerbada por covid, protesta criminal y la Inseguridad ciudadana que alcanzó un pico histórico en estos tres años

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agosto 13, 2021
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Esperemos, aunque difícil, que en el último año de gobierno del presidente Iván Duque, se logre un punto de quiebre categórico en términos de seguridad.  Claramente lo describió el maestro Jean Carlo Mejía en su publicación de El Espectador: “La Seguridad de Duque, entre lo formal y la desgarradora realidad”. Mejor frase no podría enunciarse para retratar los 3 años de gestión de la actual administración en esta materia.

Estamos presenciando una realidad exacerbada por tres pandemias: El covid, la protesta criminal y la Inseguridad. Tres males que alteraron drásticamente la agenda de emprendimiento, equidad y legalidad del gobierno, así como los compromisos adquiridos durante la campaña política.

Y a lo anterior se suma el feroz despertar en esta transición, de varios monstruos que hábilmente permanecieron inactivos en los 8 años del gobierno anterior. Fueron espectadores pasivos, criminalmente vivos, y financieramente agresivos, moviéndose estratégicamente sobre la siempre generosa actitud negociadora, no solo con las Farc y al ELN, también con el Clan del Golfo, y lo peor sin duda alguna, la siniestra suspensión de las fumigaciones.

Como es natural luego de un acuerdo con actores ilegales, tal como ocurrió con las autodefensas, el 5 % de la estructura orgánica de las Farc se rearmó y está en las disidencias.  Son 30 grupos con cerca de 1.200 integrantes, de acuerdo con la fundación Conflict Response/ CORE, los que siguen creciendo en los últimos años debido al control sobre zonas cocaleras, al aumento del reclutamiento especialmente de desmovilizados, a su ubicación en frontera y a la protección del régimen de Nicolás Maduro.

El ELN sigue vigente, según Insigth Crimen está en 4.000 hombres, frente a 1.400 de hace 10 años, y sin sumar las células de apoyo. Esto significa que se ha fortalecido, no obstante los golpes propinados por la Fuerza Pública, como fue la baja de alias Ariel, el más significativo de los últimos años. Pero el Comando Central y las estructuras de esta organización terrorista están intactas, avanzan sin importar tiempos y espacios, financiándose de la extorsión, el secuestro, la minería y el narcotráfico, sus cabecillas jubilándose de enfermos bajo la protección de los regímenes cubano y venezolano, y el 80 % de sus frentes operando conjuntamente con las autoridades del vecino país-las FANB, desde su territorio en la frontera.

El Clan del Golfo, con más de 1.500 integrantes e influencia en 124 municipios, sigue expandiéndose a otros territorios, especialmente fronterizos y cocaleros. Cada vez más fuertes en el golfo de Urabá, el bajo Cauca, el Catatumbo y Tumaco; aunque parece están perdiendo terreno criminal a lo largo de la frontera con Venezuela debido al ELN y a las disidencias de las Farc. Actúan en alianza con el cartel de Sinaloa y son las principales mafias del narcotráfico exportadoras de cocaína hacia el mundo. Controlan la minería ilegal y tienen extorsionado desde el vendedor informal ubicado en las vías, hasta los mineros artesanales o barequeros que deben pagar 100.000  pesos mensuales y/o 1 millón de pesos por maquinaria pesada. La Fuerza Pública golpea diariamente a estas estructuras, captura sus cabezas locales, pero avanza poco en conquistar y consolidar el territorio. El Clan del Golfo ha demostrado capacidad de expansión, reacomodamiento y sorprendente respaldo, por intimidación, colaboración o cooptación de las comunidades donde ejerce influencia.

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Los cultivos ilícitos, siguen siendo el principal dolor de cabeza. Sin ellos no habría amenaza, ni grupos terroristas, ni Clan del Golfo

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Los cultivos ilícitos, siguen siendo el principal dolor de cabeza. Sin ellos no habría amenaza, ni grupos terroristas, ni Clan del Golfo. Según la ONU son 143.000 hectáreas, las mismas que registrábamos en el año 2000. Producimos 1.200 toneladas de cocaína y seguimos siendo los principales productores mundiales. El gobierno tiene sobrada voluntad para reactivar las fumigaciones y avanza en la erradicación manual; pero tiene todo en su contra, comenzando por los tribunales de justicia y su fallo modulado. Se desconoce que en 2012 estuvimos a punto de eliminar las hectáreas ilícitas, llegamos a 48.000 Ha. Y está comprobado aquí y en Perú, años 90, que la única forma de torcerle el pescuezo a este fenómeno, en nuestro territorio, es contando con 16 bases de fumigación, que operen simultáneamente, de manera ininterrumpida, contrarrestando el efecto globo y con suficientes fuerzas militares y policiales de apoyo que confronten a criminales y terroristas.

La inseguridad ciudadana alcanzó un pico histórico en estos tres años: el 94 % de percepción negativa en los ciudadanos. Y la culpa no es únicamente de la Policía que cada día hace ingentes esfuerzos por revertir los indicadores de criminalidad. Pero la estrategia de contención tiene límites, es coyuntural, desespera al policía, conlleva desgastes, desencadena fracturas institucionales y conduce a resultados tergiversados, a veces a la mentira. También se desmotivan, cuando en una protesta criminal se asesinan sus compañeros, los más vulnerables, los de la seguridad ciudadana. Es urgente restablecer el respeto por la autoridad y considerar penas severas, quizá la cadena perpetua y porque no la pena de muerte. Sin autoridad no hay democracia.

Los burgomaestres en las ciudades capitales, deben jugársela por la seguridad. En total sintonía con el gobierno nacional. Es necesaria una visión integral, que incorpore y comprometa a todos los actores de la prevención social y situacional, que restituya el ornato público, con medidas de choque que paren el deterioro y destrucción que ha dejado la protesta criminal, y una justicia que deje de soltar a los vándalos, que ya tienen en la “primera línea” una guarida para delinquir, arropados en una muy desdibujada protesta social.

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