En las democracias contemporáneas existe una estrategia recurrente: la construcción sistemática de la ilegitimidad de las instituciones autónomas. No se busca su desaparición inmediata, sino su debilitamiento progresivo hasta subordinarlas al poder ejecutivo. Al desacreditar anticipadamente a un organismo técnico, se condiciona la percepción pública de sus decisiones. Si la institución resiste, se la acusa de oponerse al “pueblo”; si cede, pierde su razón de ser. El resultado es el mismo: el contrapeso desaparece y el Ejecutivo gana discrecionalidad.
En Colombia, esta dinámica se refleja con claridad en el retiro indefinido del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la Junta Directiva del Banco de la República, anunciado el 31 de marzo de 2026 tras la decisión de elevar la tasa de intervención en 100 puntos básicos. El presidente Petro lo ratificó de inmediato: el Gobierno “se retira de la junta” porque no será partícipe de una “posición de oposición suicida”.
El mecanismo es preciso. La Constitución (artículos 371 y 372) y el Decreto 2520 de 1993 establecen que la Junta Directiva —integrada por siete miembros: el ministro de Hacienda (quien la preside), el gerente general y cinco codirectores— solo puede sesionar, deliberar y decidir con quórum de al menos cinco miembros, uno de los cuales deberá ser obligatoriamente el ministro de Hacienda. Al retirarse de forma indefinida, el Gobierno no solo expresa desacuerdo: pone en jaque técnico la capacidad misma del Banco de la República para ejercer su mandato constitucional. Cualquier futura reunión carecería de quórum válido y quedaría expuesta a impugnación judicial.
Este no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón más amplio de confrontación con las entidades más creíbles del país. El Banco de la República, las Fuerzas Militares y la Cámara de Comercio comparten un rasgo incómodo para el Ejecutivo actual: gozan de alta confianza ciudadana precisamente porque operan con autonomía técnica y no responden a ciclos electorales. Cuando no se alinean con la agenda, se las descalifica como “enemigas del pueblo”, “banqueros” o “al servicio de la oligarquía”, se presiona públicamente y se busca limitar su funcionamiento.
El problema no radica en la crítica legítima a una decisión de política monetaria. El problema consiste en el uso sistemático de esa crítica —y de herramientas como el retiro del quórum— como mecanismo de presión institucional. La independencia del Banco de la República no es un capricho técnico: fue consagrada en la Constitución de 1991 precisamente para impedir que el Ejecutivo utilice las tasas de interés como instrumento de proselitismo político, de populismo monetario o de alivio fiscal cortoplacista. Su razón de ser es evitar que se repitan los errores históricos de monetización de la deuda y de hiperinflación que castigaron a Colombia en décadas anteriores. La autonomía protege el poder adquisitivo de la moneda y, con ello, a los más vulnerables, que son los primeros en sufrir los efectos de una política monetaria subordinada al calendario electoral.
La proyección resulta preocupante. Si se normaliza el boicot a la Junta del Emisor, se establece un precedente peligroso: cualquier gobierno futuro podrá paralizar instituciones autónomas cuando sus decisiones técnicas no convengan a la coyuntura política. El debilitamiento de los frenos y contrapesos (checks and balances) no fortalece la democracia; la transforma en un ejercicio de poder sin límites efectivos. La historia regional muestra con crudeza cómo procesos de desinstitucionalización gradual terminan erosionando la estabilidad económica y la confianza inversionista, con costos que recaen sobre el conjunto de la sociedad.
Cuando las reglas se redefinen desde el poder según conveniencia del momento, la democracia no desaparece de inmediato, pero empieza a transformarse en otra cosa. Colombia merece instituciones fuertes que trasciendan a cualquier gobierno. Defender la autonomía del Banco de la República no es defender a “banqueros”; es defender la seriedad institucional que el país construyó para no volver al pasado.
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