La Sabana de Bogotá y los municipios industriales

La Sabana de Bogotá y los municipios industriales

Coca Cola, la última en instalarse en Tocancipá

Por: Daniel Jamal Prieto
abril 20, 2015
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La Sabana de Bogotá y los municipios industriales

Desde hace 25 años, en épocas de la Asamblea Nacional Constituyente y la denominada apertura económica bajo el mandato del presidente César Gaviria algunos municipios de Colombia comenzaron a declararse como “municipios industriales”: Yumbo en Valle del Cauca, Itagüi en Antioquía, Nobsa en Boyacá y Tocancipá en Cundinamarca, además de otros casos similares como lo son el de Buenaventura (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico) declarados como Distrito Especial, industrial y Portuario; estos fueron algunos de los que se inscribieron progresivamente en esta figura, con el principal objetivo de recibir mayores inversiones de capitales nacionales y extranjeros mediante, por ejemplo, concesiones a industrias de distinto orden e instalación de nuevas plantas de producción.

Las consecuencias no se hicieron esperar, aquellas industrias que no cumplían con la normativa ambiental de grandes ciudades como Bogotá, Cali o Medellín – el triángulo de oro –, se trasladaron progresivamente a municipios vecinos cuyo desarrollo en términos de ordenamiento territorial municipal era todavía escaso. Incluso hoy aún lo es, los planes de ordenamiento en la mayoría de casos están desactualizados en casi 10 años, Bogotá no es la excepción. Es así como los municipios les abrieron la puerta a estas industrias expulsadas, en gran medida, por daños ambientales bajo la promesa de impulsar el desarrollo social y económico.

En la Sabana de Bogotá el fenómeno no fue ajeno, este es el caso de municipios representativos como Chía, Cajicá, Tocancipá, Sopó, Zipaquirá, Mosquera o Funza, donde industrias nacionales y multinacionales en años recientes han acelerado la instalación de sus complejos industriales; es la mexicana Coca Cola – Femsa la última de las multinacionales de mayor envergadura en instalarse e iniciar operaciones en Tocancipá, a menos de una hora al norte Bogotá. Con una inversión de 200 millones de dólares, según datos de Portafolio[1], la nueva planta embotelladora será la más grande América Latina y en palabras del Director General Ejecutivo, José Antonio Fernández, está alineada con el Gobierno Nacional y su política de generación de mayor empleo formal y mayor inversión extranjera. De otro lado, un análisis más riguroso pone de manifiesto que los objetivos de Coca Cola - Femsa también corresponden con el fortalecimiento de la Alianza Comercial del Pacífico.

Gravísimo es que mientras la nueva planta se presenta en la provincia de Sabana Centro integrada por once municipios (Chía, Cogua, Cajicá, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tocancipá, Tabio, Tenjo y Zipaquirá) como una oportunidad para el desarrollo económico, el bienestar social y el uso de tecnología “amigable con el ambiente”, en el occidente de la Sabana se denuncien daños ambientales, despidos masivos y violación de derechos laborales de las y los trabajadores de la embotelladora de Fontibón, pronta a cerrar.

Pero, ¿qué hay del impacto ambiental? Se han registrado numerosas denuncias y se han interpuesto multas, en agosto de 2008 la Secretaría Distrital de Ambiente multó a la multinacional Coca Cola con 200 millones de pesos por daños ambientales al Humedal Capellanía de Fontibón, como resultado de descargas directas de vertimientos industriales, tanto en el humedal como en el sistema de alcantarillado sin el debido tratamiento de las aguas residuales y los respectivos permisos . Además de la multinacional, otras industrias a pesar de ser multadas siguen causando daños ambientales, tal es el caso de los vertimientos contaminantes al Río Bogotá registrado en cada uno de los 42 municipios que atraviesa el afluente.

El compromiso institucional y el deber constitucional de las autoridades ambientales del orden local, regional y departamental como las Secretarías de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, es vigilar, controlar y regular la actividad de dichas industrias en tanto generan impactos ambientales de acuerdo con su actividad productiva. No obstante, las industrias han encontrado en las alianzas público-privadas, que buscan comprometer a los actores económicos principales con el uso adecuado de los recursos, la recuperación y el cuidado del ambiente, una plataforma para desviar la atención sobre la verdadera naturaleza – aunque se lea paradójico – del impacto ambiental de sus procesos productivos sobre la tierra, el territorio, el ambiente y sus ecosistemas.

En este estado inconstitucional de cosas ambientales, los Planes de Ordenamiento Municipales de Cuencas Hidrográficas, también conocidos como POMCAS, se han alzado como una apuesta ambiental con gran potencialidad que está orientada hacia la recuperación, conservación y preservación de las fuentes hídricas como acuíferos subterráneos, quebradas, humedales o ríos. No obstante, se encuentra que estas alianzas de los privados con los entes públicos no corresponden con la finalidad de la figura misma: la sostenibilidad ambiental. No puede llamarse sostenibilidad ambiental a las jornadas de siembra de árboles de especies vegetales foráneas o al apadrinamento de humedales mientras al mismo tiempo son contaminados por vertimientos industriales indiscriminados, secados mediante la siembra de especies de pino y eucalipto, y la construcción sobre sus rondas.

Las autoridades ambientales deberán encontrar una salida para las incoherencias administrativas, legislativas, judiciales y constitucionales que no sólo restan las autonomías territoriales de cada municipio sino también debilitan la capacidad institucional para ordenar a las industrias planes de manejo de residuos peligrosos, planes de manejo y control de aguas residuales y emisiones atmosféricas, o la adopción de estrategias de carbono neutro orientadas a la reducción de la huella de carbono producida por sus actividades. Imperativo es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales del orden municipal, construyan mecanismos de coordinación sólidos que posibiliten la aplicación de instrumentos de vigilancia, regulación, control y sanción sobre la actividad industrial, de lo contrario, los daños ambientales serán irreversibles toda vez que aún no se han considerado otras variables como el incremento de la densidad demográfica producto de la creciente urbanización de los municipios industriales – como los que integran la Sabana de Bogotá – y otras grandes ciudades, la sobredemanda y escasez de recursos hídricos o el cambio climático. Queda mucho por hacer.

Referencias:

[1] Ávila, Ricardo. (2013, 26 de agosto).” Coca-Cola Femsa instalará nueva planta en Tocancipá”. Portafolio. Consultado en: http://www.portafolio.co/negocios/nueva-planta-coca-cola-femsa-colombia

[2] Elespectador.com. (2008, 12 de agosto). “Multan a Coca Cola por haber contaminado humedal de Fontibón”. El Espectador. Consultado en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-multan-coca-cola-haber-contaminado-humedal-de-fontibon

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