Los ciudadanos viven su tranquilo letargo hasta que un hecho protuberante estremece sus quehaceres y hasta sus entrañas. Entonces reaccionan, asumen una postura de atención inmediata y son capaces de llegar hasta el sacrificio cuando alguna causa los convoca. Los ciudadanos se movilizan, se unen, protestan o aplauden, pero en todo caso, actúan. Como una especie de instinto de supervivencia, hace que los ciudadanos acudan a la plaza pública en busca de respuesta a sus reclamos o para mostrar fuerza con su presencia a quienes quieren desconocerlos o perturbarlos.
Es lo que ha sucedido con Petro. Ha despertado la solidaridad de los ciudadanos, y no solo de sus amigos o electores. No. Muchos contradictores o indiferentes a Petro han expresado su rechazo a la forma vil y mezquina como una fuerza política dominante en el poder ha utilizado, con trampa, todos los elementos jurídicos y legales para eliminarlo del escenario político, con el apoyo, unas veces tímido otras abierto y descarado, de los medios de comunicación.
La sanción de Ordóñez es producto de un complot de los operadores del servicio de aseo, según se ha denunciado por Emilio Tapia, protagonista estelar del carrusel de la contratación. Y con el apoyo del uribismo, han señalado algunos. En todo caso, la actuación casi sumaria y preferente del Procurador es una evidencia más de ese complot, al conocerse la sanción de destitución y muerte política por 15 años, realizada en un breve lapso menor a 1 año. Allí, en dicha sentencia, están contenidos el odio y la sevicia de un juez de extrema derecha y devoto de la Virgen María, con aspiraciones políticas, frente a un sentenciado ex guerrillero, de izquierda, y con acciones políticas en alza. Porque la desproporción de la pena impuesta desconoce la pequeñez de la supuesta falta cometida. Parece haber más dolo en el juez que en el procesado.
Esa torpe actuación política de Ordóñez prendió las alarmas ciudadanas. Motivada por Petro, se desencadenó de inmediato una fervorosa reacción ciudadana que se apoderó durante varios días de la Plaza de Bolívar de Bogotá, como señal de fuerza política que empieza a incomodar al establecimiento. Todo estaba en equilibrio hasta que el Procurador con su censurada actuación provocó la legítima protesta ciudadana. Y para rematar, le promueven una Revocatoria de mandato, en un mensaje claro de los poderosos: “Petro no pasará”.
Empieza a contar en el saldo pedagógico de esta reacción a la actuación vergonzosa del Procurador, la juventud que asiste a acompañar a Petro en su lucha política. La mayoría de los protestantes de la Plaza de Bolívar son jóvenes, para bien de la democracia y de sí mismos. Porque cuando un joven asume una posición política, cualquiera que sea, ganan la juventud, la sociedad y la democracia. Y pierde el establecimiento que ha hecho del analfabetismo político, más que un instrumento de dominación, una política pública.
No es este el momento de indicar por qué la ignorancia es una política pública diseñada con tino y ejecutada con cuidado por el establecimiento. Baste decir que a ellos les conviene mantener la ignorancia colectiva en derechos, en deberes y en participación de los ciudadanos; que ignoren que el libre ejercicio de la ciudadanía es un arma letal para enfrentar la corrupción y el mal gobierno; y que la democracia es el escenario natural donde los ciudadanos hacen prevalecer sus mayorías, y no el instrumento de unas minorías que valiéndose de patrañas como el Procurador Ordóñez, la han envilecido.
Cuando la juventud se politiza, empieza a haber una esperanza de cambio. Porque son los jóvenes los protagonistas de la historia. Y si ellos asumen la defensa del bien común y del interés general, en contra de la corrupción e injusticia social y de los odiosos privilegios del establecimiento, habrá Petro para rato. Que es lo que necesita Colombia: un cambio. Y para lograr un cambio es necesario movilizar a los jóvenes, que son una fuerza de la historia.
Gracias señor Ordóñez por contribuir con su estupidez a la politización de la juventud colombiana. Muy pronto se verán las positivas consecuencias de ello con un soñado país donde el primer camino para buscar justicia no sea correr de prisa a la CIDH en Washington.
