Aunque la demolición del edificio Acuarela, una mole frente al Castillo de San Felipe parecería no tener reversa, el proceso avanza a paso de tortuga. La encargada de hacerlo será la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ya cuenta con el presupuesto y debe garantizar que no haya ninguna afectación en las edificaciones vecinas.
La batalla legal de la Agencia Jurídica del Estado apoyando al Ministerio de cultura y que finalmente y a regañadientes el alcalde William Dau acompañó, se se ha despejado. El pataleo jurídico de los constructores de Promotora Calle 47 S.A.S. continúa mientras la defensa del patrimonio cultural por parte del Estado se profundiza con la proporción presupuestal del los $ 2 mil millones que constará la demolición.
Esta en juego el estatus de Cartagena en la UNESCO que acaba de dar un nuevo plazo hasta diciembre del 2022, aunque el ministerio de Cultura espera que sea más pronto.
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