Opinión

La "ley" del salvaje Oeste

Si el fiscal general de EE.UU. no tenía en mente una invitación a los cazarrecompensas cuando firmó la orden de captura de Maduro lo que no podía escapársele, es que violaba el derecho internacional

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mayo 26, 2020
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El fiscal Barr, el presidente Trump y el vicepresidente Pence han negado cualquier implicación en la Operación Gedeón contra Maduro. Foto: Presidencia Venezuela

Yo no sé si cuando William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, decidió acusar al presidente Nicolás Maduro de narcotraficante y poner precio a su cabeza, estaba pensando en la posibilidad de que alguien armara un comando y lo enviara a Venezuela para secuestrarlo y cobrar la jugosa recompensa ofrecida de 15 millones  de dólares. Él, o por lo menos sus conmilitones Donald Trump y Mike Pence, han negado cualquier implicación en la llamada Operación Gedeón, frustrada por la decisión con la que los pescadores de La Guaira enfrentaron en la madrugada del domingo 3 de mayo al comando de mercenarios y dieron tiempo a la Guardia Nacional de intervenir, entablar combate y derrotarlos.

Pero si el fiscal general no tenía en la cabeza una invitación a los cazarrecompensas cuando firmó la orden de busca y captura de Maduro y otros importantes dirigentes del país hermano, lo que no podía escapársele, dada su condición de abogado, es que tal orden violaba flagrantemente el derecho internacional. Porque en ninguna parte de la Carta de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos está escrito que un fiscal de los Estados Unidos de América tiene la autoridad ni la potestad de acusar al presidente de un nación  independiente y menos de poner un precio por su cabeza. "Vivo o muerto" como rezan los carteles en las películas del salvaje Oeste.

Lo único legal que podría haber hecho el fiscal  era presentar su caso a la Corte Penal Internacional para que fuera ella quien examinara las pruebas y autorizara la  extradición y el enjuiciamiento del acusado.  El problema es que los Estados Unido ni acepta la existencia de dicha Corte ni se somete a su autoridad. Eso sin contar que esta Corte ha sido diseñada para juzgar delitos de lesa humanidad y los delitos de narcotráfico, asociación para delinquir y uso de armamento – que son de los que se acusa al presidente Maduro – no están tipificados como delitos de lesa humanidad.

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Lo único legal que podría haber hecho el fiscal  era presentar su caso a la Corte Penal Internacional, pero EE. UU.  ni acepta la existencia de dicha Corte ni se somete a su autoridad

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Algunos comentaristas han citado como antecedente de la frustrada Operación Gedeón,  dirigida por el mercenario norteamericano Jordan Goudreau, el desembarco en Nicaragua en el siglo xix, del filibustero William Walker, a la cabeza de Los inmortales, una tropilla de 58 bandidos gringos como él. Cierto: es un antecedente. Pero con una diferencia crucial. Nicaragua estaba envuelta en una guerra civil y el gobierno norteamericano de entonces se declaró neutral. Por lo que Walker se vio obligado a declarar que sus soldados no eran soldados sino colonos. En este caso no hubo la más mínima intención de ocultar el carácter militar de la operación. El contrato firmado con la Sylvercorp por un delegado de Juan Guaidó da por hecho que habrá enfrentamientos armados y que en caso de que debido a los mismos se presenten demandas contra la empresa de mercenarios <<en los Estados Unidos o en Venezuela los contratantes se harán cargo de los costos de la defensa>>.

Por si esto fuera poco la acusación de narcotráfico tampoco ha tenido mucha suerte. El responsable de la Agencia Antinarcóticos de las Naciones Unidas declaró lo que Venezuela está fuera del circuito de producción y transporte de cocaína. Y del supuesto acuerdo entre las disidencias de las Farc y el presidente Maduro para exportar 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos << para envenenar al pueblo americano>> y por el que Trump movilizó a la IV Flota para impedirlo no hay todavía ninguna prueba. Hasta la fecha el único resultado de este operativo militar es la detención por el destructor US Pinckney, el pasado 14  de mayo, de una lancha con 70 paquetes de cocaína a bordo, valorados en 28 millones de dólares. Todo un éxito. La única objeción: el decomiso se realizó en el océano Pacifico y, que yo sepa, Venezuela no tiene costa en el Pacifico.

 

 

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