Ahora resulta que la defensa de la independencia de la Junta del Banco de la República es una consigna de la derecha. Las etiquetas que el gobierno usa para señalar a brillantes economistas como José Antonio Ocampo, su exministro de Hacienda (ex -CEPAL), Olga Lucía Acosta (ex -CEPAL Colombia), actual codirectora del Banco o Jorge Iván González, el ex de Planeación Nacional, son infames.
La tentación de meterle mano a la independencia de los bancos centrales no tiene color ideológico. Hugo Chávez y Nicolás Maduro son ejemplos cercanos. En Argentina, sobre todo durante el kirchnerismo, el banco central fue usado de manera recurrente para financiar el déficit fiscal. Jair Bolsonaro, el ultra derechista del Brasil, lanzó críticas ácidas en momentos de tasas altas. El bárbaro de Donald Trump, que nominó al saliente director Jerome Powell, no oculta su incomodidad con una Reserva Federal independiente. También están Erdoğan en Turquía y Mugabe en Zimbabue. Autoritarios de derecha e izquierda, distintos entre sí, pero unidos por una misma pulsión: someter la moneda a su conveniencia política.
Ahora seguimos, cómo no, nosotros.
El 31 de marzo de 2026, la Junta del Banco de la República subió la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos, hasta 11,25 %. La decisión provocó la ruptura del ministro de Hacienda con la junta y el respaldo presidencial a una narrativa equivocada, demagógica y peligrosa: que la prudencia fiscal y la autonomía del banco central son reflejos ideológicos de la derecha.
Carreta.
Lo que está en juego no es una preferencia doctrinaria. Es la solidez de nuestras instituciones democráticas. La discusión técnica es legítima. Sin embargo, convertirla en disputa política es otro cuento.
Como si un gobierno que se proclama progresista tuviera, casi por coherencia, que desconfiar del equilibrio fiscal y ver en el banco central un obstáculo, no una pieza esencial del sistema democrático. Esa consigna no resiste una mirada seria a la experiencia europea ni al propio diseño constitucional colombiano.
Los grandes partidos socialdemócratas europeos entendieron hace tiempo que el Estado social no se sostiene sobre el desorden monetario ni sobre déficits sin límite. Se despliega sobre el crecimiento, la credibilidad y las reglas claras. El Labour británico, por ejemplo, afirma en su manifiesto de 2024 que su enfoque se basa en “rigurosas reglas fiscales” (“strong fiscal rules”) sobre la base de la independencia del Banco de Inglaterra. El mensaje es claro: sin ancla fiscal y sin banco central independiente, la promesa social pierde sustento.
La izquierda moderna redistribuye, invierte y protege. Pero no destruye la moneda para hacerlo.
Esa es también la lógica institucional europea. El Banco Central Europeo sostiene que su independencia está consagrada en el marco jurídico de la unión monetaria y que esa independencia favorece la estabilidad de precios.
En Colombia, la Constitución de 1991 fue explícita: la Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del Estado. “Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación”.
La independencia del banco central no es una excentricidad tecnocrática ni una consigna de derecha. Es una conquista republicana. Los gobiernos viven bajo la presión de la coyuntura: crecimiento inmediato, opinión pública, las próximas elecciones. Un banco central está llamado a pensar en la estabilidad de la moneda, en las expectativas de inflación y en el mediano y largo plazo. Privilegiada Colombia con la independencia del Banco de la República.
La inflación rara vez comienza como tragedia. Empieza como concesión. Como la idea de que el banco central debe “ayudar” al gobierno, facilitar el gasto o responder a la urgencia social mediante emisión.
La evidencia histórica en América Latina, y también en Colombia, muestra una relación clara: cuando la independencia del banco central se debilita, la inflación tiende a aumentar. El costo recae, finalmente, sobre salarios, ahorro y estabilidad social.
Venezuela debería bastar como advertencia. A medida que se erosionó la autonomía del banco central, el gobierno de Maduro se volvió crecientemente dependiente de la emisión para financiar el déficit, especialmente tras el cierre del financiamiento externo. El resultado fue predecible: inflación desbordada, moneda destruida, salarios y pensiones sin poder adquisitivo, ahorros evaporados y millones de personas obligadas a salir del país.
La inflación es, al final, el impuesto más regresivo.
La izquierda democrática europea ya ha resuelto la supuesta disyuntiva. Entendió que se puede defender el gasto social y la protección de los vulnerables sin sacrificar la disciplina fiscal ni la independencia monetaria. Comprendió que la estabilidad no es enemiga de la equidad, sino una de sus condiciones.
La discusión colombiana, entonces, no es entre izquierda y derecha. Es un falso dilema.
Es una discusión entre responsabilidad y populismo monetario.
Y en esa discusión conviene no olvidar una lección básica: la moneda no pertenece al gobierno. Pertenece a la sociedad, a la que reporta el Banco de la República.
Del mismo autor: Manual para ganar elecciones en redes
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