La izquierda necesita estar más que nunca unida

La izquierda necesita estar más que nunca unida

En año de elecciones hay que cerrar filas en torno al Pacto Histórico

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
marzo 12, 2023
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
La izquierda necesita estar más que nunca unida

Quiero presentar algunas consideraciones sobre estos cuatro elementos de la situación nacional, porque me parecen de actualidad y porque seguramente van a definir el destino y los alcances  de la implementación de los cambios del Gobierno popular del Pacto Histórico, sin pretender, obviamente, agotar las múltiples interpretaciones y lecturas de la coyuntura nacional, y teniendo en mente la configuración de una perspectiva clara para la actuación de las fuerzas de izquierda, con el fin de que ésta  maneje la situación y no de que la coyuntura maneje a las izquierdas, haciendo de esta manera, una especie de balance de los primeros 8 meses  del primer Gobierno de izquierda en las 200 años de historia republicana.

En este sentido lo primero que tenemos que registrar es la denuncia y la investigación del hijo del Presidente, Nicolás Petro, por parte de la Fiscalía,  por hechos acaecidos cuando fungía como diputado del Atlántico, lo mismo que acontece con el hermano del primer magistrado, Fernando Petro, por hechos ocurridos presuntamente cuando ofreció ventajas a los narcotraficantes en visita a la cárcel durante la campaña presidencial, para llegar a la paz total, y la petición de otra unidad de protección en su calidad de alto delegado para la paz en el extranjero, hechos e investigaciones cuyas consecuencias, seguramente van a incidir negativamente en los debates del Congreso de la República con relación a la aprobación de las reformas de salud, trabajo y pensiones.

La nueva actitud que se vislumbra en los partidos Liberal, Conservador y de la U, con relación a la defensa de las EPS, en la tramitación de la reforma de salud, así como en la reforma laboral y pensional, cuando ahora anuncian que dejarán de ser partidos de Gobierno para pasar a la oposición en el mes de septiembre, resquebrajando así la coalición y gobernabilidad del Frente Amplio.

El “Paro Minero” del Bajo Cauca, que se extendió a las regiones del Norte, Urabá, Nordeste, Occidente del Departamento de Antioquia, desde el 2 de marzo, que paralizó el comercio, el transporte, las actividades educativas, el transporte de alimentos y medicinas para los hospitales, y que después de varios encuentros con el Presidente y varios de sus Ministros, donde se concluía que se crearía un Distrito Minero, con todos sus integrantes de esta economía ilegal, sometidos a la normatividad  estatal, fue sometido ayer con grupos del Ejercito y toque de queda para poder despejar las troncales del Bajo Cauca, del Norte y del Nordeste de Antioquia y sur de Córdoba; como una nueva versión del Paro de las AGC, y de otros grupos armados al margen de la ley del año pasado, en un claro reto al Gobierno Nacional como respuesta a la quema de seis dragas ilegales extractoras de oro, con el correspondiente daño ambiental y ecológico  de la región.

El Paro de los taxistas cerrando las vías a los aeropuertos de las capitales, reclamando sus derechos frente a los particulares que prestan el servicio en las plataformas de UBER, alegando una competencia desleal ante la cual el Gobierno Nacional continúa en conversaciones y negociaciones para poder presentar un proyecto de Ley que se encargue de resolver el problema y legalizar la situación con las Plataformas y con los Taxistas.

La salida intempestiva de las carteras de Educación, del Ministro Alejandro Gaviria, quien se había convertido en un verdadero portavoz del “fuego amigo”; de la Ministra del Deporte, Isabel Urrutia; y de  la Ministra de Cultura, Patricia Ariza, con el argumento de la baja capacidad de gestión, pero que después de leer la Carta Patricia al Presidente, queda uno con la duda de si en verdad es objetivo el juicio gubernamental o en cambio primaron las intrigas,  o la falta de una verdadera concepción de una política de la cultura y del arte para la paz y para la transición democrática, como en efecto podemos percibirlo en las siguientes palabras de la exministra, que reflejan muy bien la verdadera concepción del arte y la cultura que debe tener un Estado Democrático:  “El papel de las instituciones de cultura no es hacer la cultura sino estimularla, apoyarla, facilitar los escenarios, la formación y la circulación, reconocer y otorgar presupuestos para las artes y los saberes y contribuir a crear las mejores condiciones para la creación:”  Con esta carta al Presidente, la Exministra de Cultura está mostrando toda su estatura política, moral, intelectual y artística, además de su nobleza, sencillez y entrega total al Gobierno de los cambios democráticos.

El escenario de la batalla por la democratización de los medios de comunicación sigue vigente y ahora mucho más actual que nunca, como se está demostrando hasta la saciedad, suciedad y saturación con la defensa del gran capital de las empresas comerciales de las EPS, a través de los medios de comunicación del sistema neoliberal dominante, que los gradúa como el cuarto poder del Estado de la clase dominante, de tal manera que si el Gobierno Popular no elabora una estrategia de comunicación popular para explicar sus reformas, va a ser muy difícil tener a nuestro favor todas las buenas intenciones del Gobierno con las reformas a favor de los amplios sectores populares.

La reforma laboral con base en el regreso del aumento de las horas extras nocturnas, de los dominicales y festivos, sin concretar el tema del trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo a distancia, sin proponer salidas para la normalización del trabajo informal que llega a un 60% de los trabajadores colombianos, que es decisivo para la reforma del sistema pensional, y para la organización y planificación del nuevo modelo económico democrático; sin tener en cuenta los derechos laborales de los trabajadores a domicilio de los Rappi; sin una reforma a fondo del sistema actual del sindicalismo colombiano con un nuevo Estatuto del Trabajo que reestructure el sindicalismo en  una sola Central Sindical Nacional por ramas industriales, aboliendo el sindicalismo patronal, y poniendo como obligación legal la participación de todos los trabajadores en las elecciones democráticas del movimiento sindical, va a ser muy difícil tener el sujeto político que desde la sociedad civil pueda participar activa y en forma independiente en la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico, del nuevo Estado y de la nueva sociedad democrática.

En el mismo sentido la reforma laboral hay que llevarla a la organización campesina y de los trabajadores agrarios, para que estos se conviertan en sujetos activos de la Reforma Rural Integral, si queremos que el manejo de la tierra tenga una salida democrática acabando con el latifundio y desarrollando el capitalismo en el campo, única manera de darle salida al capitalismo feudal que todavía maneja las relaciones agrarias en el campesinado colombiano.

El problema de la paz total con los diversos grupos armados por fuera de la ley, con los criterios de la negociación política con el ELN, que acaba de terminar en México la primera ronda de diálogos con buenas perspectivas de traer a primer plano en Cuba la negociación del cese bilateral del fuego y hostilidades, y las perspectivas del levantamiento de las ordenes de captura para los jefes de la Segunda Marquetalia y para el Comando Central de las Farc, y con el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y demás grupos armados al margen de la Ley, con todas las críticas y prevenciones por parte de la procuraduría, será una pieza clave en el proyecto de la Paz completa del Gobierno Nacional, que ahora mismo tiene el tremendo obstáculo con el Paro Minero, donde todos los indicios están diciendo que no quieren la Paz: “Si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, no quiere la Paz”: presidente Petro.

La reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario, para darle curso al desmonte del tremendo hacinamiento en las cárceles del país y las estaciones de policía, ha tenido la respuesta negativa sobre la excarcelación de algunos penados que no tienen delitos graves y que pueden salir a cumplir su condena en la casa por cárcel o en trabajos de reparación social.

A este panorama se suma el atentado al Director de la Unidad Nacional de Protección, en la ciudad de Bogotá, en hechos que son materia de investigación  pero que todos los indicios conducen a la lucha que este alto funcionario ha desplegado para sanear la institución de la corrupción que la tiene permeada con relación al manejo de los vehículos que los han usado para el transporte de cocaína, armas y municiones  que también son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Viene a continuación las críticas al Plan Nacional de Desarrollo por la falta de motivación programática y por la ausencia de metas cuantificables en inversiones financieras y en temas y programas de salud, educación y de servicios públicos domiciliarios de energía, agua potable, alcantarillado e internet.

Se agrega a esta situación la violencia desplegada por algunos manifestantes en las marchas contra las reformas el día 15 de febrero en Medellín, marchas que superaron en número de personas a las participantes convocadas por el Gobierno en Bogotá, Cali y Medellín, el día anterior 14 de febrero, que muestran en alguna medida la capacidad de movilización de la ultraderecha con participantes engañados por la publicidad de algunos medios de comunicación y por la situación económica que sufren amplios sectores populares que no comprenden la situación de olla raspada y de corrupción que dejaron los anteriores gobiernos agentes del modelo neoliberal.

A estas contradicciones sociales y políticas del gobierno democrático con el modelo neoliberal se suma la deportación de la exsenadora Aída Merlano, quien regresa a la Cárcel del Buen Pastor, a la misma celda de donde se fugó hace dos años, hecho que ha despertado un huracán de expectativas por las consecuencias que pueden acarrear sus declaraciones contra el Clan de los Char en Departamento del Atlántico, por la compra de votos en las elecciones del expresidente Duque.

Como se puede ver con claridad, estamos parados en un polvorín político, económico y social que no tiene solución inmediata como la quieren algunos  sectores populares que creyeron en las promesas de campaña del Presidente Petro, y ante las cuales las fuerzas de izquierda y los sectores democráticos tienen que fijar una hoja de ruta política clara sobre todo en lo que respecta a las elecciones de octubre, agarrando con fuerza el eslabón principal de la situación política que tiene que ver con la gran contradicción del momento:  la lucha entre el modelo de desarrollo económico capitalista neoliberal y el modelo de desarrollo de un capitalismo democrático, humanista y moderno.

La división del Pacto Histórico con la entrada en acción de nuevos partidos como son los “Independientes” del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, quienes aspiran a poner sus candidatos en las alcaldías y en los concejos municipales, bajo el paraguas del Pacto Histórico, acudiendo a la consulta popular dentro del Pacto para lograr este cometido, con los respectivos avales para los ganadores en estos eventos.

Aquí aparece el problema de la lista cerrada y de la respectiva distribución de los renglones de la misma para la participación de la izquierda y de los partidos fundadores del Pacto en los renglones efectivos de la misma, con todas las ventajas y desventajas implícitas en medio de esta cultura política individualista agudizada por los valores del neoliberalismo.

La necesidad de negociar las alcaldías de las principales capitales del país en las próximas elecciones de octubre es un hecho concreto de la realidad política para poder aprobar las reformas en el Congreso de la República sin que la motilada signifique mocharles la cabeza y acabar con la esencia de las mismas.

El caso concreto de Medellín es paradigmático con los resultados de la administración del alcalde Daniel Quintero; este asunto debe ser asumido por la izquierda del Pacto Histórico con el realismo político de la correlación de fuerzas  actuales, y con el criterio de que la contradicción fundamental que definirá los próximos desarrollos políticos dependerá de quien determine el poder político en la ciudad y en el departamento: si el neoliberalismo violento y corrupto del  gran capital del narcotráfico que ha dominado la política y la economía en las últimas cuatro décadas en Antioquia, con los casos ejemplarizantes y paradójicos de Hidroituango y EPM, o la continuación del Proyecto Político del Pacto Histórico en el 2026.

Se trata de que los árboles no le impidan ver el bosque a la izquierda del Pacto y a los sectores democráticos, en el sentido de que estas fuerzas deben enfocar todas su baterías en colocar candidatos en los renglones efectivos de la lista cerrada al Concejo y acudir con un candidato único de la izquierda a la consulta popular, negociando los espacios de poder real con la nueva administración, pensando en la proyección política del Pacto para el 2026.

Con los criterios del Pacto Histórico para Concejo y  Asamblea y de Frente Amplio para la Alcaldía y la Gobernación, la izquierda puede trabajar en unidad de acción para no dejarse aislar políticamente  en esta coyuntura regional y local  y acumular fuerzas unitarias para  enfrentar los nuevos desarrollos políticos que se perfilan en el horizonte de la transición democrática.

Las reflexiones anteriores tienen en cuenta la relación de fuerzas al interior del Pacto con las fuerza del Partido Liberal, Conservador y de la U, que hasta ahora se han declarado partidos de Gobierno, pero que en el momento muestran sus vacilaciones presionados con mucha fuerza por los intereses del gran capital, además del Centro Democrático y de Cambio Radical, declarados abiertamente  como partidos de oposición, con una gran fuerza política de masas en Antioquia, como ya se demostró con las movilizaciones del 15 de febrero y con los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, que se la van a meter toda para recuperar la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

En este panorama político a la izquierda no le quedan sino dos caminos: aislarse políticamente asumiendo el papel quijotesco y utópico de la revolución en abstracto, o concretar la unidad de acción política con dos o más candidatos en renglones efectivos de la lista cerrada al Concejo Municipal, y participar en la consulta popular del Pacto con un solo candidato de la izquierda, para jugársela con el Frente Amplio por un solo candidato democrático para la alcaldía de Medellín,  y para la Gobernación de Antioquia.

Si las izquierdas del Pacto en Antioquia, Medellín y el Área Metropolitana logran dar este primer paso de unidad, estarán en condiciones reales de enfrentarse al proyecto neoliberal y de dirigir a los sectores democráticos dentro del Gobierno Popular, para defender con la movilización de masas las reformas estructurales que están planteadas para la transición democrática, además de ir creando las condiciones para constituirse en el núcleo más esclarecido de la vanguardia colectiva por los cambios políticos, económicos y sociales que necesita el país.

En este sentido la tarea inmediata será la participación unitaria en la movilización convocada por la CUT para el próximo Jueves 16 de Marzo con el fin de apoyar el proyecto de Reforma Laboral y Pensional que se empiezan a discutir en el Congreso de la República: “! Por la defensa del derecho a la vida, el trabajo digno, las pensiones, la salud y la educación, este Jueves todos y todas a las calles!”;  además de participar unitariamente en la inscripción de los precandidatos al Concejo y del precandidato a la alcaldía para participar en la consulta popular por un candidato del Pacto y del Frente Amplio a la Alcaldía de Medellín, para lo cual hay plazo hasta el 26 de Marzo.

Medellín, 12 de marzo de 2023.

SITUACIÓN POLÍTICA, REFORMAS, ELECCIONES Y UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Por Tiberio Gutiérrez

Quiero presentar algunas consideraciones sobre estos cuatro elementos de la situación nacional, porque me parecen de actualidad y porque seguramente van a definir el destino y los alcances  de la implementación de los cambios del Gobierno popular del Pacto Histórico, sin pretender, obviamente, agotar las múltiples interpretaciones y lecturas de la coyuntura nacional, y teniendo en mente la configuración de una perspectiva clara para la actuación de las fuerzas de izquierda, con el fin de que ésta  maneje la situación y no de que la coyuntura maneje a las izquierdas, haciendo de esta manera, una especie de balance de los primeros 8 meses  del primer Gobierno de izquierda en las 200 años de historia republicana.

En este sentido lo primero que tenemos que registrar es la denuncia y la investigación del hijo del Presidente, Nicolás Petro, por parte de la Fiscalía,  por hechos acaecidos cuando fungía como diputado del Atlántico, lo mismo que acontece con el hermano del primer magistrado, Fernando Petro, por hechos ocurridos presuntamente cuando ofreció ventajas a los narcotraficantes en visita a la cárcel durante la campaña presidencial, para llegar a la paz total, y la petición de otra unidad de protección en su calidad de alto delegado para la paz en el extranjero, hechos e investigaciones cuyas consecuencias, seguramente van a incidir negativamente en los debates del Congreso de la República con relación a la aprobación de las reformas de salud, trabajo y pensiones.

La nueva actitud que se vislumbra en los partidos Liberal, Conservador y de la U, con relación a la defensa de las EPS, en la tramitación de la reforma de salud, así como en la reforma laboral y pensional, cuando ahora anuncian que dejarán de ser partidos de Gobierno para pasar a la oposición en el mes de septiembre, resquebrajando así la coalición y gobernabilidad del Frente Amplio.

El “Paro Minero” del Bajo Cauca, que se extendió a las regiones del Norte, Urabá, Nordeste, Occidente del Departamento de Antioquia, desde el 2 de marzo, que paralizó el comercio, el transporte, las actividades educativas, el transporte de alimentos y medicinas para los hospitales, y que después de varios encuentros con el Presidente y varios de sus Ministros, donde se concluía que se crearía un Distrito Minero, con todos sus integrantes de esta economía ilegal, sometidos a la normatividad  estatal, fue sometido ayer con grupos del Ejercito y toque de queda para poder despejar las troncales del Bajo Cauca, del Norte y del Nordeste de Antioquia y sur de Córdoba; como una nueva versión del Paro de las AGC, y de otros grupos armados al margen de la ley del año pasado, en un claro reto al Gobierno Nacional como respuesta a la quema de seis dragas ilegales extractoras de oro, con el correspondiente daño ambiental y ecológico  de la región.

El Paro de los taxistas cerrando las vías a los aeropuertos de las capitales, reclamando sus derechos frente a los particulares que prestan el servicio en las plataformas de UBER, alegando una competencia desleal ante la cual el Gobierno Nacional continúa en conversaciones y negociaciones para poder presentar un proyecto de Ley que se encargue de resolver el problema y legalizar la situación con las Plataformas y con los Taxistas.

La salida intempestiva de las carteras de Educación, del Ministro Alejandro Gaviria, quien se había convertido en un verdadero portavoz del “fuego amigo”; de la Ministra del Deporte, Isabel Urrutia; y de  la Ministra de Cultura, Patricia Ariza, con el argumento de la baja capacidad de gestión, pero que después de leer la Carta Patricia al Presidente, queda uno con la duda de si en verdad es objetivo el juicio gubernamental o en cambio primaron las intrigas,  o la falta de una verdadera concepción de una política de la cultura y del arte para la paz y para la transición democrática, como en efecto podemos percibirlo en las siguientes palabras de la exministra, que reflejan muy bien la verdadera concepción del arte y la cultura que debe tener un Estado Democrático:  “El papel de las instituciones de cultura no es hacer la cultura sino estimularla, apoyarla, facilitar los escenarios, la formación y la circulación, reconocer y otorgar presupuestos para las artes y los saberes y contribuir a crear las mejores condiciones para la creación:”  Con esta carta al Presidente, la Exministra de Cultura está mostrando toda su estatura política, moral, intelectual y artística, además de su nobleza, sencillez y entrega total al Gobierno de los cambios democráticos.

El escenario de la batalla por la democratización de los medios de comunicación sigue vigente y ahora mucho más actual que nunca, como se está demostrando hasta la saciedad, suciedad y saturación con la defensa del gran capital de las empresas comerciales de las EPS, a través de los medios de comunicación del sistema neoliberal dominante, que los gradúa como el cuarto poder del Estado de la clase dominante, de tal manera que si el Gobierno Popular no elabora una estrategia de comunicación popular para explicar sus reformas, va a ser muy difícil tener a nuestro favor todas las buenas intenciones del Gobierno con las reformas a favor de los amplios sectores populares.

La reforma laboral con base en el regreso del aumento de las horas extras nocturnas, de los dominicales y festivos, sin concretar el tema del trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo a distancia, sin proponer salidas para la normalización del trabajo informal que llega a un 60% de los trabajadores colombianos, que es decisivo para la reforma del sistema pensional, y para la organización y planificación del nuevo modelo económico democrático; sin tener en cuenta los derechos laborales de los trabajadores a domicilio de los Rappi; sin una reforma a fondo del sistema actual del sindicalismo colombiano con un nuevo Estatuto del Trabajo que reestructure el sindicalismo en  una sola Central Sindical Nacional por ramas industriales, aboliendo el sindicalismo patronal, y poniendo como obligación legal la participación de todos los trabajadores en las elecciones democráticas del movimiento sindical, va a ser muy difícil tener el sujeto político que desde la sociedad civil pueda participar activa y en forma independiente en la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico, del nuevo Estado y de la nueva sociedad democrática.

En el mismo sentido la reforma laboral hay que llevarla a la organización campesina y de los trabajadores agrarios, para que estos se conviertan en sujetos activos de la Reforma Rural Integral, si queremos que el manejo de la tierra tenga una salida democrática acabando con el latifundio y desarrollando el capitalismo en el campo, única manera de darle salida al capitalismo feudal que todavía maneja las relaciones agrarias en el campesinado colombiano.

El problema de la paz total con los diversos grupos armados por fuera de la ley, con los criterios de la negociación política con el ELN, que acaba de terminar en México la primera ronda de diálogos con buenas perspectivas de traer a primer plano en Cuba la negociación del cese bilateral del fuego y hostilidades, y las perspectivas del levantamiento de las ordenes de captura para los jefes de la Segunda Marquetalia y para el Comando Central de las Farc, y con el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y demás grupos armados al margen de la Ley, con todas las críticas y prevenciones por parte de la procuraduría, será una pieza clave en el proyecto de la Paz completa del Gobierno Nacional, que ahora mismo tiene el tremendo obstáculo con el Paro Minero, donde todos los indicios están diciendo que no quieren la Paz: “Si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, no quiere la Paz”: presidente Petro.

La reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario, para darle curso al desmonte del tremendo hacinamiento en las cárceles del país y las estaciones de policía, ha tenido la respuesta negativa sobre la excarcelación de algunos penados que no tienen delitos graves y que pueden salir a cumplir su condena en la casa por cárcel o en trabajos de reparación social.

A este panorama se suma el atentado al Director de la Unidad Nacional de Protección, en la ciudad de Bogotá, en hechos que son materia de investigación  pero que todos los indicios conducen a la lucha que este alto funcionario ha desplegado para sanear la institución de la corrupción que la tiene permeada con relación al manejo de los vehículos que los han usado para el transporte de cocaína, armas y municiones  que también son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Viene a continuación las críticas al Plan Nacional de Desarrollo por la falta de motivación programática y por la ausencia de metas cuantificables en inversiones financieras y en temas y programas de salud, educación y de servicios públicos domiciliarios de energía, agua potable, alcantarillado e internet.

Se agrega a esta situación la violencia desplegada por algunos manifestantes en las marchas contra las reformas el día 15 de febrero en Medellín, marchas que superaron en número de personas a las participantes convocadas por el Gobierno en Bogotá, Cali y Medellín, el día anterior 14 de febrero, que muestran en alguna medida la capacidad de movilización de la ultraderecha con participantes engañados por la publicidad de algunos medios de comunicación y por la situación económica que sufren amplios sectores populares que no comprenden la situación de olla raspada y de corrupción que dejaron los anteriores gobiernos agentes del modelo neoliberal.

A estas contradicciones sociales y políticas del gobierno democrático con el modelo neoliberal se suma la deportación de la exsenadora Aída Merlano, quien regresa a la Cárcel del Buen Pastor, a la misma celda de donde se fugó hace dos años, hecho que ha despertado un huracán de expectativas por las consecuencias que pueden acarrear sus declaraciones contra el Clan de los Char en Departamento del Atlántico, por la compra de votos en las elecciones del expresidente Duque.

Como se puede ver con claridad, estamos parados en un polvorín político, económico y social que no tiene solución inmediata como la quieren algunos  sectores populares que creyeron en las promesas de campaña del Presidente Petro, y ante las cuales las fuerzas de izquierda y los sectores democráticos tienen que fijar una hoja de ruta política clara sobre todo en lo que respecta a las elecciones de octubre, agarrando con fuerza el eslabón principal de la situación política que tiene que ver con la gran contradicción del momento:  la lucha entre el modelo de desarrollo económico capitalista neoliberal y el modelo de desarrollo de un capitalismo democrático, humanista y moderno.

La división del Pacto Histórico con la entrada en acción de nuevos partidos como son los “Independientes” del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, quienes aspiran a poner sus candidatos en las alcaldías y en los concejos municipales, bajo el paraguas del Pacto Histórico, acudiendo a la consulta popular dentro del Pacto para lograr este cometido, con los respectivos avales para los ganadores en estos eventos.

Aquí aparece el problema de la lista cerrada y de la respectiva distribución de los renglones de la misma para la participación de la izquierda y de los partidos fundadores del Pacto en los renglones efectivos de la misma, con todas las ventajas y desventajas implícitas en medio de esta cultura política individualista agudizada por los valores del neoliberalismo.

La necesidad de negociar las alcaldías de las principales capitales del país en las próximas elecciones de octubre es un hecho concreto de la realidad política para poder aprobar las reformas en el Congreso de la República sin que la motilada signifique mocharles la cabeza y acabar con la esencia de las mismas.

El caso concreto de Medellín es paradigmático con los resultados de la administración del alcalde Daniel Quintero; este asunto debe ser asumido por la izquierda del Pacto Histórico con el realismo político de la correlación de fuerzas  actuales, y con el criterio de que la contradicción fundamental que definirá los próximos desarrollos políticos dependerá de quien determine el poder político en la ciudad y en el departamento: si el neoliberalismo violento y corrupto del  gran capital del narcotráfico que ha dominado la política y la economía en las últimas cuatro décadas en Antioquia, con los casos ejemplarizantes y paradójicos de Hidroituango y EPM, o la continuación del Proyecto Político del Pacto Histórico en el 2026.

Se trata de que los árboles no le impidan ver el bosque a la izquierda del Pacto y a los sectores democráticos, en el sentido de que estas fuerzas deben enfocar todas su baterías en colocar candidatos en los renglones efectivos de la lista cerrada al Concejo y acudir con un candidato único de la izquierda a la consulta popular, negociando los espacios de poder real con la nueva administración, pensando en la proyección política del Pacto para el 2026.

Con los criterios del Pacto Histórico para Concejo y  Asamblea y de Frente Amplio para la Alcaldía y la Gobernación, la izquierda puede trabajar en unidad de acción para no dejarse aislar políticamente  en esta coyuntura regional y local  y acumular fuerzas unitarias para  enfrentar los nuevos desarrollos políticos que se perfilan en el horizonte de la transición democrática.

Las reflexiones anteriores tienen en cuenta la relación de fuerzas al interior del Pacto con las fuerza del Partido Liberal, Conservador y de la U, que hasta ahora se han declarado partidos de Gobierno, pero que en el momento muestran sus vacilaciones presionados con mucha fuerza por los intereses del gran capital, además del Centro Democrático y de Cambio Radical, declarados abiertamente  como partidos de oposición, con una gran fuerza política de masas en Antioquia, como ya se demostró con las movilizaciones del 15 de febrero y con los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, que se la van a meter toda para recuperar la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

En este panorama político a la izquierda no le quedan sino dos caminos: aislarse políticamente asumiendo el papel quijotesco y utópico de la revolución en abstracto, o concretar la unidad de acción política con dos o más candidatos en renglones efectivos de la lista cerrada al Concejo Municipal, y participar en la consulta popular del Pacto con un solo candidato de la izquierda, para jugársela con el Frente Amplio por un solo candidato democrático para la alcaldía de Medellín,  y para la Gobernación de Antioquia.

Si las izquierdas del Pacto en Antioquia, Medellín y el Área Metropolitana logran dar este primer paso de unidad, estarán en condiciones reales de enfrentarse al proyecto neoliberal y de dirigir a los sectores democráticos dentro del Gobierno Popular, para defender con la movilización de masas las reformas estructurales que están planteadas para la transición democrática, además de ir creando las condiciones para constituirse en el núcleo más esclarecido de la vanguardia colectiva por los cambios políticos, económicos y sociales que necesita el país.

En este sentido la tarea inmediata será la participación unitaria en la movilización convocada por la CUT para el próximo Jueves 16 de Marzo con el fin de apoyar el proyecto de Reforma Laboral y Pensional que se empiezan a discutir en el Congreso de la República: “! Por la defensa del derecho a la vida, el trabajo digno, las pensiones, la salud y la educación, este Jueves todos y todas a las calles!”;  además de participar unitariamente en la inscripción de los precandidatos al Concejo y del precandidato a la alcaldía para participar en la consulta popular por un candidato del Pacto y del Frente Amplio a la Alcaldía de Medellín, para lo cual hay plazo hasta el 26 de Marzo.

Medellín, 12 de marzo de 2023.

SITUACIÓN POLÍTICA, REFORMAS, ELECCIONES Y UNIDAD DE LA IZQUIERDA

Por Tiberio Gutiérrez

Quiero presentar algunas consideraciones sobre estos cuatro elementos de la situación nacional, porque me parecen de actualidad y porque seguramente van a definir el destino y los alcances  de la implementación de los cambios del Gobierno popular del Pacto Histórico, sin pretender, obviamente, agotar las múltiples interpretaciones y lecturas de la coyuntura nacional, y teniendo en mente la configuración de una perspectiva clara para la actuación de las fuerzas de izquierda, con el fin de que ésta  maneje la situación y no de que la coyuntura maneje a las izquierdas, haciendo de esta manera, una especie de balance de los primeros 8 meses  del primer Gobierno de izquierda en las 200 años de historia republicana.

En este sentido lo primero que tenemos que registrar es la denuncia y la investigación del hijo del Presidente, Nicolás Petro, por parte de la Fiscalía,  por hechos acaecidos cuando fungía como diputado del Atlántico, lo mismo que acontece con el hermano del primer magistrado, Fernando Petro, por hechos ocurridos presuntamente cuando ofreció ventajas a los narcotraficantes en visita a la cárcel durante la campaña presidencial, para llegar a la paz total, y la petición de otra unidad de protección en su calidad de alto delegado para la paz en el extranjero, hechos e investigaciones cuyas consecuencias, seguramente van a incidir negativamente en los debates del Congreso de la República con relación a la aprobación de las reformas de salud, trabajo y pensiones.

La nueva actitud que se vislumbra en los partidos Liberal, Conservador y de la U, con relación a la defensa de las EPS, en la tramitación de la reforma de salud, así como en la reforma laboral y pensional, cuando ahora anuncian que dejarán de ser partidos de Gobierno para pasar a la oposición en el mes de septiembre, resquebrajando así la coalición y gobernabilidad del Frente Amplio.

El “Paro Minero” del Bajo Cauca, que se extendió a las regiones del Norte, Urabá, Nordeste, Occidente del Departamento de Antioquia, desde el 2 de marzo, que paralizó el comercio, el transporte, las actividades educativas, el transporte de alimentos y medicinas para los hospitales, y que después de varios encuentros con el Presidente y varios de sus Ministros, donde se concluía que se crearía un Distrito Minero, con todos sus integrantes de esta economía ilegal, sometidos a la normatividad  estatal, fue sometido ayer con grupos del Ejercito y toque de queda para poder despejar las troncales del Bajo Cauca, del Norte y del Nordeste de Antioquia y sur de Córdoba; como una nueva versión del Paro de las AGC, y de otros grupos armados al margen de la ley del año pasado, en un claro reto al Gobierno Nacional como respuesta a la quema de seis dragas ilegales extractoras de oro, con el correspondiente daño ambiental y ecológico  de la región.

El Paro de los taxistas cerrando las vías a los aeropuertos de las capitales, reclamando sus derechos frente a los particulares que prestan el servicio en las plataformas de UBER, alegando una competencia desleal ante la cual el Gobierno Nacional continúa en conversaciones y negociaciones para poder presentar un proyecto de Ley que se encargue de resolver el problema y legalizar la situación con las Plataformas y con los Taxistas.

La salida intempestiva de las carteras de Educación, del Ministro Alejandro Gaviria, quien se había convertido en un verdadero portavoz del “fuego amigo”; de la Ministra del Deporte, Isabel Urrutia; y de  la Ministra de Cultura, Patricia Ariza, con el argumento de la baja capacidad de gestión, pero que después de leer la Carta Patricia al Presidente, queda uno con la duda de si en verdad es objetivo el juicio gubernamental o en cambio primaron las intrigas,  o la falta de una verdadera concepción de una política de la cultura y del arte para la paz y para la transición democrática, como en efecto podemos percibirlo en las siguientes palabras de la exministra, que reflejan muy bien la verdadera concepción del arte y la cultura que debe tener un Estado Democrático:  “El papel de las instituciones de cultura no es hacer la cultura sino estimularla, apoyarla, facilitar los escenarios, la formación y la circulación, reconocer y otorgar presupuestos para las artes y los saberes y contribuir a crear las mejores condiciones para la creación:”  Con esta carta al Presidente, la Exministra de Cultura está mostrando toda su estatura política, moral, intelectual y artística, además de su nobleza, sencillez y entrega total al Gobierno de los cambios democráticos.

El escenario de la batalla por la democratización de los medios de comunicación sigue vigente y ahora mucho más actual que nunca, como se está demostrando hasta la saciedad, suciedad y saturación con la defensa del gran capital de las empresas comerciales de las EPS, a través de los medios de comunicación del sistema neoliberal dominante, que los gradúa como el cuarto poder del Estado de la clase dominante, de tal manera que si el Gobierno Popular no elabora una estrategia de comunicación popular para explicar sus reformas, va a ser muy difícil tener a nuestro favor todas las buenas intenciones del Gobierno con las reformas a favor de los amplios sectores populares.

La reforma laboral con base en el regreso del aumento de las horas extras nocturnas, de los dominicales y festivos, sin concretar el tema del trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo a distancia, sin proponer salidas para la normalización del trabajo informal que llega a un 60% de los trabajadores colombianos, que es decisivo para la reforma del sistema pensional, y para la organización y planificación del nuevo modelo económico democrático; sin tener en cuenta los derechos laborales de los trabajadores a domicilio de los Rappi; sin una reforma a fondo del sistema actual del sindicalismo colombiano con un nuevo Estatuto del Trabajo que reestructure el sindicalismo en  una sola Central Sindical Nacional por ramas industriales, aboliendo el sindicalismo patronal, y poniendo como obligación legal la participación de todos los trabajadores en las elecciones democráticas del movimiento sindical, va a ser muy difícil tener el sujeto político que desde la sociedad civil pueda participar activa y en forma independiente en la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico, del nuevo Estado y de la nueva sociedad democrática.

En el mismo sentido la reforma laboral hay que llevarla a la organización campesina y de los trabajadores agrarios, para que estos se conviertan en sujetos activos de la Reforma Rural Integral, si queremos que el manejo de la tierra tenga una salida democrática acabando con el latifundio y desarrollando el capitalismo en el campo, única manera de darle salida al capitalismo feudal que todavía maneja las relaciones agrarias en el campesinado colombiano.

El problema de la paz total con los diversos grupos armados por fuera de la ley, con los criterios de la negociación política con el ELN, que acaba de terminar en México la primera ronda de diálogos con buenas perspectivas de traer a primer plano en Cuba la negociación del cese bilateral del fuego y hostilidades, y las perspectivas del levantamiento de las ordenes de captura para los jefes de la Segunda Marquetalia y para el Comando Central de las Farc, y con el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y demás grupos armados al margen de la Ley, con todas las críticas y prevenciones por parte de la procuraduría, será una pieza clave en el proyecto de la Paz completa del Gobierno Nacional, que ahora mismo tiene el tremendo obstáculo con el Paro Minero, donde todos los indicios están diciendo que no quieren la Paz: “Si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, no quiere la Paz”: presidente Petro.

La reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario, para darle curso al desmonte del tremendo hacinamiento en las cárceles del país y las estaciones de policía, ha tenido la respuesta negativa sobre la excarcelación de algunos penados que no tienen delitos graves y que pueden salir a cumplir su condena en la casa por cárcel o en trabajos de reparación social.

A este panorama se suma el atentado al Director de la Unidad Nacional de Protección, en la ciudad de Bogotá, en hechos que son materia de investigación  pero que todos los indicios conducen a la lucha que este alto funcionario ha desplegado para sanear la institución de la corrupción que la tiene permeada con relación al manejo de los vehículos que los han usado para el transporte de cocaína, armas y municiones  que también son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Viene a continuación las críticas al Plan Nacional de Desarrollo por la falta de motivación programática y por la ausencia de metas cuantificables en inversiones financieras y en temas y programas de salud, educación y de servicios públicos domiciliarios de energía, agua potable, alcantarillado e internet.

Se agrega a esta situación la violencia desplegada por algunos manifestantes en las marchas contra las reformas el día 15 de febrero en Medellín, marchas que superaron en número de personas a las participantes convocadas por el Gobierno en Bogotá, Cali y Medellín, el día anterior 14 de febrero, que muestran en alguna medida la capacidad de movilización de la ultraderecha con participantes engañados por la publicidad de algunos medios de comunicación y por la situación económica que sufren amplios sectores populares que no comprenden la situación de olla raspada y de corrupción que dejaron los anteriores gobiernos agentes del modelo neoliberal.

A estas contradicciones sociales y políticas del gobierno democrático con el modelo neoliberal se suma la deportación de la exsenadora Aída Merlano, quien regresa a la Cárcel del Buen Pastor, a la misma celda de donde se fugó hace dos años, hecho que ha despertado un huracán de expectativas por las consecuencias que pueden acarrear sus declaraciones contra el Clan de los Char en Departamento del Atlántico, por la compra de votos en las elecciones del expresidente Duque.

Como se puede ver con claridad, estamos parados en un polvorín político, económico y social que no tiene solución inmediata como la quieren algunos  sectores populares que creyeron en las promesas de campaña del Presidente Petro, y ante las cuales las fuerzas de izquierda y los sectores democráticos tienen que fijar una hoja de ruta política clara sobre todo en lo que respecta a las elecciones de octubre, agarrando con fuerza el eslabón principal de la situación política que tiene que ver con la gran contradicción del momento:  la lucha entre el modelo de desarrollo económico capitalista neoliberal y el modelo de desarrollo de un capitalismo democrático, humanista y moderno.

La división del Pacto Histórico con la entrada en acción de nuevos partidos como son los “Independientes” del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y la Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, quienes aspiran a poner sus candidatos en las alcaldías y en los concejos municipales, bajo el paraguas del Pacto Histórico, acudiendo a la consulta popular dentro del Pacto para lograr este cometido, con los respectivos avales para los ganadores en estos eventos.

Aquí aparece el problema de la lista cerrada y de la respectiva distribución de los renglones de la misma para la participación de la izquierda y de los partidos fundadores del Pacto en los renglones efectivos de la misma, con todas las ventajas y desventajas implícitas en medio de esta cultura política individualista agudizada por los valores del neoliberalismo.

La necesidad de negociar las alcaldías de las principales capitales del país en las próximas elecciones de octubre es un hecho concreto de la realidad política para poder aprobar las reformas en el Congreso de la República sin que la motilada signifique mocharles la cabeza y acabar con la esencia de las mismas.

El caso concreto de Medellín es paradigmático con los resultados de la administración del alcalde Daniel Quintero; este asunto debe ser asumido por la izquierda del Pacto Histórico con el realismo político de la correlación de fuerzas  actuales, y con el criterio de que la contradicción fundamental que definirá los próximos desarrollos políticos dependerá de quien determine el poder político en la ciudad y en el departamento: si el neoliberalismo violento y corrupto del  gran capital del narcotráfico que ha dominado la política y la economía en las últimas cuatro décadas en Antioquia, con los casos ejemplarizantes y paradójicos de Hidroituango y EPM, o la continuación del Proyecto Político del Pacto Histórico en el 2026.

Se trata de que los árboles no le impidan ver el bosque a la izquierda del Pacto y a los sectores democráticos, en el sentido de que estas fuerzas deben enfocar todas su baterías en colocar candidatos en los renglones efectivos de la lista cerrada al Concejo y acudir con un candidato único de la izquierda a la consulta popular, negociando los espacios de poder real con la nueva administración, pensando en la proyección política del Pacto para el 2026.

Con los criterios del Pacto Histórico para Concejo y  Asamblea y de Frente Amplio para la Alcaldía y la Gobernación, la izquierda puede trabajar en unidad de acción para no dejarse aislar políticamente  en esta coyuntura regional y local  y acumular fuerzas unitarias para  enfrentar los nuevos desarrollos políticos que se perfilan en el horizonte de la transición democrática.

Las reflexiones anteriores tienen en cuenta la relación de fuerzas al interior del Pacto con las fuerzas del Partido Liberal, Conservador y de la U, que hasta ahora se han declarado partidos de Gobierno, pero que en el momento muestran sus vacilaciones presionados con mucha fuerza por los intereses del gran capital, además del Centro Democrático y de Cambio Radical, declarados abiertamente  como partidos de oposición, con una gran fuerza política de masas en Antioquia, como ya se demostró con las movilizaciones del 15 de febrero y con los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, que se la van a meter toda para recuperar la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

En este panorama político a la izquierda no le quedan sino dos caminos: aislarse políticamente asumiendo el papel quijotesco y utópico de la revolución en abstracto, o concretar la unidad de acción política con dos o más candidatos en renglones efectivos de la lista cerrada al Concejo Municipal, y participar en la consulta popular del Pacto con un solo candidato de la izquierda, para jugársela con el Frente Amplio por un solo candidato democrático para la alcaldía de Medellín,  y para la Gobernación de Antioquia.

Si las izquierdas del Pacto en Antioquia, Medellín y el Área Metropolitana logran dar este primer paso de unidad, estarán en condiciones reales de enfrentarse al proyecto neoliberal y de dirigir a los sectores democráticos dentro del Gobierno Popular, para defender con la movilización de masas las reformas estructurales que están planteadas para la transición democrática, además de ir creando las condiciones para constituirse en el núcleo más esclarecido de la vanguardia colectiva por los cambios políticos, económicos y sociales que necesita el país.

En este sentido la tarea inmediata será la participación unitaria en la movilización convocada por la CUT para el próximo Jueves 16 de Marzo con el fin de apoyar el proyecto de Reforma Laboral y Pensional que se empiezan a discutir en el Congreso de la República: “! Por la defensa del derecho a la vida, el trabajo digno, las pensiones, la salud y la educación, este Jueves todos y todas a las calles!”;  además de participar unitariamente en la inscripción de los precandidatos al Concejo y del precandidato a la alcaldía para participar en la consulta popular por un candidato del Pacto y del Frente Amplio a la Alcaldía de Medellín, para lo cual hay plazo hasta el 26 de Marzo.

Medellín, 12 de marzo de 2023.

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