La idiosincrasia de la democracia colombiana

El modelo que se funda en la libertad, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia y la participación es impensable acá mientras no se cambie el régimen político

Por: Pedro Antonio Perez Parada
enero 29, 2019
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La idiosincrasia de la democracia colombiana
Foto: Pixabay

 

Si la democracia es el sistema de gobierno que se funda en un conjunto de valores morales, éticos y sociales en el que el Estado es respetuoso de las libertades y derechos fundamentales, se garantiza la igualdad de oportunidades y se vela por el bienestar general de la sociedad, entonces se podría pensar que la democracia colombiana es disfuncional. ¿Cuáles son las razones para que Colombia no haya podido construir otro modelo de democracia?

Según la historia oficial, la democracia colombiana comienza con el proceso de independencia que puso punto final al yugo español y al régimen colonial. Ciertamente existieron elementos emancipatorios en el proceso de colonización pero fue una descolonización para las elites criollas que no llegó verdaderamente al pueblo. Esa emancipación popular y la inclusión del pueblo en la democracia aún está pendiente”.

Lo que se da en el proceso independentista es una disputa entre las elites criollas. De un lado, los sectores más dependientes del régimen colonial (terratenientes, mercaderes de esclavos y clero). Del otro, nuevas clases sociales emergentes (comerciantes, artesanos y profesionales) que, influenciados por las ideas liberales de la época, ven la necesidad de transformar el régimen colonial en uno en el que sus intereses estén directamente representados sobre la base de una nación libre e independiente y no como un eslabón de un imperio colonial”.

En ese escenario de conflictividad política se estructura el Estado con un régimen constitucional que se dice democrático pero que, en verdad, es un régimen constitucional aristocrático y oligárquico diseñado por y para unas minorías que quiebran incluso sus mecanismos constitucionales oligárquicos e inauguran un régimen de guerra civil permanente como mecanismo de resolución de sus conflictos. De otra manera no se explica ese pasado sangriento, de sucesivas guerras civiles, que incluye la de los Mil Días (1899-1904) la más cruenta, que dejó huérfanos, viudas, una nación aún más empobrecida, dividida, y que no pudo siquiera salvaguardar la integridad territorial de la nación.

Al hablar de la democracia y de la historia constitucional siempre se hace referencia a la de la historia oficial, la que está en los textos escolares, esa que glorifica la figura de héroes y próceres de la patria y se sustenta en el pensamiento de una oligarquía económica que siempre ha controlado el poder político en Colombia y también el control ideológico de la sociedad. Pero cada vez más, el ciudadano común no se identifica con ese relato histórico oficial, al comprobar que en el mismo está ocultada la otra Colombia: la multiétnica, la pluricultural, la de los pueblos aborígenes y los grupos étnicos con sus formas de pensar y proyectos de vida.

El régimen político producto de ese modelo de democracia excluyente limita y no garantiza la participación de las mayorías. Es un derecho reservado, por diversos mecanismos informales, a unas minorías, que eligen los presidentes para que los representen y velen por sus intereses, decidan y manden a un pueblo sumiso y arrodillado. Ese es el régimen político que ha imperado, el de los privilegios y la corrupción, que se sustenta en un sistema económico causante de la desestabilización social, la injusticia y la pobreza. Un caldo de cultivo para la violencia, la insurrección armada y el surgimiento de grupos ilegales.

Por generaciones los responsables de la violencia política no han querido reconocer su autoría. Son los mismos de siempre los que se oponen a que la memoria histórica reconstruya ese pasado oscuro para situarlo en el presente. Siendo esta una de las causas para que esa violencia se repita una y otra vez, como viene sucediendo.

La democracia que se funda en la libertad, en el respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la participación, es impensable en Colombia mientras no cambie el régimen político. A él se debe esa cultura antidemocrática, presente en las relaciones familiares, sociales, profesionales y el Estado. Hoy se está frente a un país polarizado, con un tejido social fragmentado y con una violencia que está afectando la salud mental individual y colectiva.

Esa “cultura” es la que ha situado al país en los primeros lugares de desigualdad social. Una desigualdad que tiene sus antecedentes en las primeras Constituciones. En unos ordenamientos jurídicos draconianos, en los que se discriminaron a las mayorías (mujeres, analfabetas y pobres), al no considerárseles como sujetos de derecho, se les negó el derecho a la participación política y el ejercicio de la ciudadanía.

Una de las manifestaciones de esa “cultura” que más daño le está haciendo a la democracia, es la intolerancia, entendida como el rechazo a la diversidad de opiniones, a todo pensamiento que se opongan o critique al “establishment”. Cuando ese rechazo está cargado de un sentimiento visceral, emerge el fanatismo político. Una herencia del bipartidismo, liberal conservador. Pero esa intolerancia no es más que la ausencia de una cultura política, que nunca ha existido. Detrás de la “violencia política bipartidista, liberal conservadora” está esa intolerancia.

No es más que una expresión de esa intolerancia perseguir, asesinar, desaparecer, desarraigar y/o desplazar al adversario político para imponer un pensamiento único, ejercer el control territorial y poblacional por la fuerza. Así es como ha venido obrando el terrateniente para acumular tierra, para ampliar su frontera ganadera y disponer de espacios para los cultivos permanentes agroindustriales. Con ese propósito se crearon estructuras de grupos clandestinos armados, de escuadrones de la muerte, con el apoyo del narcotráfico y la complicidad por acción y omisión del Estado.

Con el surgimiento de la guerrilla, como respuesta a ese régimen político imperante, se crea un nuevo escenario para la violencia. Se da inicio a un conflicto armado interno, a una guerra civil no declarada, que terminará patrocinando el narcotráfico. La falta de voluntad política hace que el conflicto no se resuelva, quedando atrapado el país en un círculo vicioso de guerra y paz. A todo intento de paz la respuesta ha sido la violencia. Mientras la economía de la guerra sea más rentable que la paz, seguirá reinando la violencia. Para los violentos, la convivencia pacífica es un obstáculo para sus actividades ilícitas, el control territorial e institucional.

En un Estado de derecho la constitución es el instrumento jurídico al servicio del ciudadano, con ella ejerce un control a los actos de la administración y hace valer sus derechos. En Colombia sucede lo contrario, el gobernante de turno la utiliza como un instrumento para ejercer un control social. Con la justificación de mantener el orden y preservar el statu quo, el país ha sido gobernado en los últimos cincuenta años bajo un Estado de Sitio y/o de excepción. En el uso de unas facultades temporales, los distintos gobiernos han expedido estatutos de seguridad (ciudadana, democrática) que limitan y restringen las libertades y derechos fundamentales. Al tiempo que otorga amplios poderes a los cuerpos de seguridad para reprimir a la población con el uso de la fuerza.

A estos estatutos se debe la degradación del conflicto y los crímenes de Estado y/o de lesa humanidad en contra de líderes políticos, comunales, dirigentes de los movimientos sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y población vulnerable, (indígenas, campesinos, afrodescendientes y mujeres). En esto también colaboran algunos medios de comunicación al servicio de las oligarquías y de los actores de la violencia por la difusión de información sesgada, que no contribuye al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores. Esa impunidad, es la que alienta a que se siga con los asesinatos selectivos en contra de los líderes sociales, como viene sucediendo.

Hay otras razones que contribuyen a mantener ese modelo de democracia disfuncional, como son los factores externos (la comunidad internacional, el capital transnacional). Es un tema que queda pendiente y que merece ser tratado más adelante.

Lo anteriormente considerado no es más que una radiografía de esa democracia disfuncional que impera en Colombia. Es la imagen de una realidad donde no están dadas las condiciones para un cambio. Esto no justifica que se siga negando a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer los beneficios de la democracia funcional y de una convivencia pacífica. Propiciar un cambio en esa dirección es una tarea que tiene que ser asumida por todos los colombianos, son ellos los agentes de su propio cambio. Fortalecer la democracia no es una tarea fácil, todavía se está a tiempo para que se tome en cuenta a la otra Colombia, la que no aparece en la historia oficial.

Un buen comienzo para construir una cultura democrática es no seguir complaciendo el crimen de Estado con impunidad, la mentira y la corrupción sin consecuencias. Este es el primer paso para que esas dinámicas de violencia que, son vistas como normales porque se viven y no porque se acepten, pasen a ser un asunto del pasado. Para crear confianza entre la población hay que desterrar al miedo y al terror.

La democracia colombiana está requiriendo de un nuevo contrato social, que sea respetuoso del Estado de derecho. Pero solo es posible a través de un diálogo democrático a nivel nacional, que sea incluyente, esto es, en el que se garantice la participación de todos los actores del conflicto, de la sociedad civil, los movimientos sociales y estén representados los sectores más vulnerables. Es de esta forma como se puede empezar a resolver el conflicto y sentar las bases para una convivencia pacífica. Es una propuesta que ya empieza a tener eco y que merece ser considerada seriamente.

El reto que tienen los colombianos es darle una oportunidad a la democracia para que se fortalezca, esto es para que funcione y pueda ser definida como lo que debería ser: “como la forma de gobierno, del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos de participación en la toma de decisiones”.

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