El pasado mes se conocieron dos documentos fundamentales para el debate de la transición en Colombia: la “Metodología para definir la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia” y el “Informe de recursos y reservas con corte diciembre de 2022”. Ambas publicaciones, a pesar de tener una temática común, fueron tratados de manera muy distinta en medios. El primero pasó casi desapercibido, y marginalmente se tituló como el aplazamiento de la publicación de la hoja de ruta de transición. El segundo, en cambio, fue ampliamente difundido, y descuidando la realidad evidenciada en las cifras, orientó los titulares hacia la caída de las reservas con el fin de cuestionar la propuesta de moratoria a la nueva exploración de petróleo y gas que sostiene el Gobierno. Sin embargo, al mirar los detalles de ambos documentos, observaríamos que las cifras del segundo nos deben llevar a las propuestas del primero.
De acuerdo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2022, los nuevos descubrimientos (provenientes de la exploración) sumaron tan solo 6 millones de barriles de petróleo (el 2,2 % del petróleo extraído en el año) y 36 giga pies cúbicos de gas (el 9,18 % del gas explotado), a pesar de ser el año de mayor inversión en este rubro desde 2015 (1290 millones de dólares). El informe también indica que fue por la vía de las revisiones técnicas (aumento del precio internacional y proyectos de recobro mejorado), y no de la exploración, que se sostuvo la vida de las reservas. A diferencia de los titulares, la realidad nos muestra que, de un lado, llevamos 16 años con una vida media promedio de las reservas de petróleo de 6,7 años y de gas de 10,9 años; y de otro, que invertir en exploración en Colombia no es rentable, como se profundiza en este informe.
Atendiendo al rigor de los datos, el documento de la hoja de ruta plantea claramente los graves riesgos que enfrentamos ante los efectos de la crisis climática, la relación directa de esta con la explotación y uso de carbón, petróleo y gas, y avanza en reconocer como de incertidumbre el panorama global de futuro de la demanda de los combustibles fósiles y el impacto económico que esta situación tendría en el país. En este contexto, de manera acertada, advierte que la propuesta de una transición energética justa deja de ser una política de gobierno para convertirse en una necesidad de Estado. Y en términos de metas plantea, además de volver a Colombia líder en la lucha contra el cambio climático, pasar de una economía extractivista a una productiva, una fundamental: entender el acceso a la energía “como derecho universal” y avanzar en la “democratización energética”.
El documento de la hoja de ruta advierte acertadamente que la propuesta de una transición energética justa deja de ser una política de gobierno para convertirse en una necesidad de Estado
El documento de la hoja de ruta, más allá de definir principios, objetivos y metodología, construye conceptualmente una visión novedosa del futuro energético que se propone el país, incorporando además lenguajes alternativos. Por ejemplo, reconoce condiciones de racismo estructural asociados a territorios con necesidades energéticas insatisfechas que implican la democratización del acceso a la energía entendida esta como un bien común, afirmación que avanza hacia la desmercantilización de nuestra relación con la energía. También reconoce las cosmovisiones distintas que habitan el país y su cuestionamiento a las ideas dominantes de desarrollo y progreso occidentales. Al entender las relaciones diversas que tenemos con la naturaleza, establece que estas perspectivas “deben ser tenidas en cuenta para la construcción de una transición energética verdaderamente justa en los ámbitos social y ambiental”. En términos de participación, admite la posibilidad del uso de fuentes renovables contando con una implementación territorial donde las comunidades participen en la construcción de sus lineamientos.
Cuando nuestras exportaciones, y por tanto nuestros ingresos, dependen en su mayoría de un bien natural (hidrocarburos) que no tenemos ni tendremos, como se concluye claramente del informe de la ANH, entender que nos urge construir las condiciones de cambio necesarias es fundamental. Los riesgos que plantea la transición global al país, si decidimos hacerla lenta y dependiente del gas, como promueven los gremios con sus tácticas de pánico, traería riesgos e inestabilidad. Las medidas aceleradas de diversificación de la canasta exportadora, generarían beneficios en el corto y mediano plazo. El Gobierno actual debe concentrar sus esfuerzos en comunicar de manera adecuada las dimensiones de su propuesta de transición, no solo desde la perspectiva ambiental si no la económica. Una transición que afiance sus ejes principales, “alrededor de construir bienestar y permitir una vida digna para la población en todo el territorio colombiano, y particularmente en esas regiones ricas en recursos energéticos que han sido marginadas”. Una transición “según las condiciones del contexto y la realidad colombianas” que nos ubica, como en pocos asuntos, a la vanguardia.
