Aunque hoy es posible encontrar chicha en lugares como el Chorro de Quevedo, en el tradicional barrio de La Candelaria, en Bogotá, y aunque cada 27 de junio está especialmente dedicado a esta bebida ancestral en el departamento del Tolima, hoy no es fácil imaginar la popularidad que la bebida alcanzó hasta mediados del siglo XX, cuando fue terminantemente prohibida.
Durante generaciones, la chicha fue parte de la vida cotidiana en Bogotá y en buena parte del altiplano cundiboyacense. Se bebía en fiestas, en reuniones familiares y en espacios populares donde vecinos y trabajadores compartían conversación y descanso. Lo que pocos recuerdan es que desde 1948 existe un decreto que fijó condiciones que en la práctica volvieron ilegal su producción tradicional, y que esa norma aún aparece como vigente en el ordenamiento jurídico colombiano.
La chicha, bebida fermentada a base de maíz, tiene raíces prehispánicas. En el altiplano, comunidades muiscas la elaboraban como parte de rituales y celebraciones colectivas. Con el paso de los siglos, su consumo se extendió a sectores populares urbanos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya existían chicherías establecidas en distintos barrios de Bogotá.
De bebida ancestral a problema sanitario
En paralelo, la industria cervecera comenzó a consolidarse. En 1889 se fundó en Bogotá la Cervecería Bavaria, impulsada por el empresario alemán Leo Siegfried Kopp. A diferencia de la chicha, la cerveza era un producto industrial, envasado y gravado con impuestos. La disputa por el mercado de bebidas fermentadas se dio en medio de debates sanitarios y campañas públicas que cuestionaban la calidad de la chicha.
En las primeras décadas del siglo XX circularon estudios y publicaciones médicas que advertían sobre supuestos riesgos sanitarios asociados a su consumo. En distintos momentos se le atribuyeron enfermedades, deterioro físico y comportamientos violentos. La bebida fue presentada como un problema de higiene, orden público y moralidad, argumentos que luego serían retomados por el Estado.
Una decisión que nació de la indignación del Libertador
El punto de quiebre llegó en 1948. El 9 de abril fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en el centro de Bogotá. Ese mismo día se desató una revuelta que dejó incendios, saqueos y centenares de muertos en la capital y otras ciudades del país. El Gobierno declaró turbado el orden público y el país entró en estado de sitio.
En ese contexto, el 2 de junio de 1948 se expidió el Decreto Legislativo 1839, firmado por el presidente Mariano Ospina Pérez y su gabinete. La norma se emitió al amparo del Artículo 121 de la Constitución vigente entonces, que permitía legislar mediante decretos en situaciones excepcionales, simulando la decisión que el mismísimo Simón Bolívar había tomado más de 100 años antes.
Según lo registró el libro "La derrota de un vicio", escrito por Jorge Bejarano, médico higienista y funcionario del Estado, en 1820, en Sogamoso, cerca de 50 soldados de la División Valdez murieron y un centenar resultó intoxicado tras consumirla. Indignado, el Libertador firmó un decreto tajante: “prohíbase desde hoy y para siempre” su fabricación y expendio. A diferencia de la orden dada por Ospina Pérez, la de Bolívar no se popularizó: la chicha siguió consumiéndose y la medida fue difícil de aplicar a largo plazo.
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El Decreto 1839: requisitos que hicieron inviable la chicha tradicional
El decreto no mencionó únicamente a la chicha, pero sí estableció condiciones que afectaban directamente su producción tradicional. En su artículo primero dispuso que, desde el 1° de enero de 1949, solo podrían fabricarse, venderse y consumirse bebidas fermentadas provenientes de cereales o frutas cuando hubieran sido sometidas a procesos de fermentación y pasteurización “por medio de aparatos y sistemas técnicos e higiénicos” y se comercializaran en envase cerrado, individual y de vidrio u otro material autorizado.
Además, fijó un límite de hasta el 4 % de alcohol etílico en volumen, sujeto a requisitos químicos que definiría el Ministerio de Higiene. También determinó que los establecimientos destinados al expendio debían cumplir las condiciones exigidas a restaurantes, bares y cafés, y prohibió admitir menores de 20 años.
El artículo tercero fue más explícito: quedó prohibida la venta de bebidas fermentadas, chicha y guarapo, en restaurantes o sitios donde se diera alimentación o se vendiera comida. El Artículo cuarto estableció que solo el Instituto Nacional de Higiene “Samper Martínez” podría expedir licencias para nuevas fábricas y expendios.
La norma también contempló sanciones. El Artículo octavo fijó multas entre 50 y 2.000 pesos moneda legal de la época, convertibles en arresto, y autorizó la clausura temporal o definitiva de fábricas o establecimientos que incumplieran las disposiciones.
El decreto fue leído por bando en todos los municipios del país y entró a regir desde su promulgación. Aunque formalmente no decía “prohíbase la chicha”, las exigencias técnicas y de envasado hacían inviable la elaboración casera y su venta tradicional en totumas o vasijas de barro.
En barrios como La Perseverancia, tradicionalmente vinculados a la producción de chicha, la medida tuvo efectos inmediatos. Las chicherías desaparecieron de la legalidad y la producción pasó a la clandestinidad. Testimonios recogidos en investigaciones históricas relatan allanamientos, decomisos y derrames del producto en operativos de policía.
Durante décadas, la bebida quedó asociada a la informalidad. Sin embargo, en 1987 se realizó el Primer Festival de la Chicha, el Maíz y la Dicha en La Perseverancia, iniciativa impulsada por jóvenes investigadores del barrio. El evento se convirtió en un espacio anual para hacer visible la tradición.
Un decreto que sigue vigente en el papel
En 1991, con la nueva Constitución Política, se reforzaron principios de diversidad cultural y reconocimiento de prácticas tradicionales. Aun así, el Decreto 1839 de 1948 continúa apareciendo como vigente en el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano (SUIN-Juriscol), bajo la categoría de decreto legislativo.
La ficha oficial indica que su estado es “Vigente” y precisa que fue expedido en el marco del estado de sitio declarado en abril de 1948. No existe registro de una derogatoria expresa que lo haya dejado sin efectos en su totalidad.
En la práctica, hoy la chicha se produce y comercializa en distintos puntos de Bogotá, especialmente en el centro histórico y durante festivales culturales. Sin embargo, el texto del decreto, con sus exigencias técnicas y restricciones, permanece dentro del ordenamiento jurídico.
Casi setenta y ocho años después de su expedición, el decreto que transformó la historia de la chicha no ha sido formalmente tumbado. Sigue siendo parte de la legislación expedida en uno de los momentos más convulsos del siglo XX colombiano.
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