La actual gerente del acueducto de Bogotá Natasha Avendaño fue la Superintendetne de servicios públicos domiciliarios del Presidente Iván Duque y como tal tomó al menos dos decisiones que resultaron funestas para el Caribe colombiano: la intervención del Essmar y con su aval la entrega del contrato de recolección de basuras a Aseo técnico de la sabana –Atesa- que tiene la ciudad vuelta un muladar y la liquidación de Electricaribe para darle origen a las fallidas Afinia y Air-e.
Las dos nuevas operadoras que le costaron millones al Estado asumieron la distribución eléctrica en la Costa Caribe sin los resultados esperados y disparando las tarifas pero además ambas empresas están quebradas. El fundador de Aire-E, Alberto Rios Velilla la dejó para ser liquidada por el gobierno y EPM la dueña de Afinia ha dicho que es un lastre que ha desfondado las finanzas de la sólida empresa paisa.
El Presidente Duque y la superintentente Avendaño y la Ministra de minas María Fernanda Suarez celebraron el haber encontrado un camino que parecía salvador para la gente de la costa que había padecido la desfondada unida a la corrupción de Electricaribe pero no fue así. Duque luego en la recta final de su presidencia, dejar a Avendaño atornillada en la Creg, pero el nombramiento se cayó.
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Tras la intervención en noviembre del 2021, Avendaño nombró como agente interventora del Essmar a Yahaira Díaz Quesada, una economista de toda su confianza quien había estado en Emcali, había sido gerente de la empresa de servicios públicos de Yopal y gerente encargada de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y ahora, después de su paso por Santa Marta aterrizó en el Acueducto de Bogotá donde tiene el cargo de directora de apoyo comercial.
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Aunque la superintendente de servicios domiciliarios dejó el cargo el 31 de julio del 2022 para aspirar a formar parte de la Creg, acompañó como responsable última a la interventora Yahaira Díaz Quesada en todo el proceso de control del Essmar que pasó por el cambio de operador. Fue Diaz Quesada quien firmó la cesión del contrato de Interaseo, de propiedad de William Vélez con años de experiencia en Santa Marta, a Atesa –Aseo técnico de la Sabana que asumió la operación desde el 13 de agosto del 2022, incluyendo el relleno sanitario y compromisos de mejoramiento vial y de aseo, un proceso flash que generó algunas controversias.
La gerente de Atesa que hasta el pasado mes de diciembre era la economista cordobesa Yolanda González Puente, quien a juzgar por lo que samarios y turistas padecen no logró tomar las riendas del control de las basuras de la ciudad y mucho menos de las playas de Santa Marta que su descuido y desorden contratan con el auge de visitantes. González fue contratada por la francesa Veolia para que asuma la gerencia de la operación de basuras en Cartagena donde se espera tenga un mejor desempeño que el de Santa Marta.
En enero del 2024 Atesa, bajo la gerencia de Yolanda González, fue sancionada por la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios en cabeza de Dagoberto Quiroga el primer superintendente de servicios del gobierno Petro, con una suma de $ 5.293.548.000 por la mala prestación del servicio de aseo en Santa Marta. Los hallazgos fueron producto de una trabajo minucioso liderado por el director de Investigaciones de la entidad Ariel Lozano Gaitán, quien acaba de ser nombrado director jurídico de la ANI.
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Las sanciones se debieron a la mala prestación del servicio público domiciliario de aseo, afectación de los derechos de los usuarios, conductas violatorias del régimen de los servicios públicos. El “incumplimiento de las normas técnicas en la prestación del servicio de aseo en cuanto a las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables” por lo que fue sancionada Atesa enero del 2024 perdura, mientras la gerente González se traslada a Cartagena a asumir otra responsabilidad en una ciudad mucho más compleja.
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