La ética testimonial en Colombia

Lo que está en juego es la verdad y, junto a ella, y por una muy extraña y compleja suerte, la vida de muchas personas

Por: Miguel Ángel Guerrero Ramos
Enero 10, 2019
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La ética testimonial en Colombia

De acuerdo con la idea de la ética del testimonio, son las víctimas de los sucesos atroces las que poseen el punto de vista sobre la realidad que permite desvelar las injusticias y las estructuras de poder bajo las cuales estas se cometen. En otras palabras, son las víctimas, es decir, los que han padecido, incluso los más “débiles”, las que pueden dar voz a historias de vida que den cuenta de las calamidades y los diversos horrores que han tenido que vivir.

En la Colombia contemporánea, la oralidad tiene un peso determinante en el sistema acusatorio, e incluso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual le otorga una gran importancia al testimonio, de manera tal que la prueba testimonial es suficiente, por ejemplo, para condenar por delitos sexuales. Un sistema, en principio, no solo ético, en cuanto a la importancia de la verdad testimonial, sino muy completo, sobre todo si se tiene en cuenta que la Ley estatutaria 1 de 2017 que la reglamenta, contempla acciones de tutela contra acciones u omisiones de la JEP.

No obstante, a pesar de la importancia de la oralidad y del testimonio en la ley colombiana, lo cierto es que dichos elementos se desenvuelven de manera bastante frágil y con sendos muros que los franquean. En el mismo sistema acusatorio, el testimonio puede dar pie a una detención preventiva, lo cual pueda que suceda de manera bastante frecuente, cuando la detención preventiva, sin un fallo condenatorio en toda regla, debería ser la excepción y no la regla. En un informe titulado Sobre la prisión preventiva en las Américas, del 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la detención preventiva en la región, es decir, en Latinoamérica, ha presentado abusos bastante serios.

Por otra parte, los mismos testigos de los hechos delictivos en nuestro país suelen sufrir represalias. El caso paradigmático es el de la corruptora brasileña Odebrecht, más exactamente por la muerte, en extrañas circunstancias, del excontralor de la Concesionaria “Ruta del Sol II”, Jorge Pizano en noviembre de 2018 con cianuro, y en diciembre del mismo año, del exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, al parecer también por cianuro. Ambos, cabe decir, testigos del mencionado caso Odebrecht.

Otro factor que debilita la ética testimonial es nuestro país es el de la veracidad de los testimonios, recuérdese el caso de Carlos Enrique Areiza, quien se llegó a retractar de haber testificado contra un exgobernador y afirmó que el senador Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos para su testimonio inicial, sin embargo, luego volvió a retractarse y negó que Cepeda le hubiera hecho tal ofrecimiento monetario y finalmente, a inicios de 2018, Areiza fue asesinado. En otras palabras, el testimonio ha llegado a ser utilizado en Colombia como arma política, como forma de desacreditar a otros y moldear la realidad a conveniencia propia.

Véase como se vea, darle una gran importancia al testimonio, es operar desde una justicia con un trasfondo ético y comprometido. Razón por la cual, los cambios que debería haber son, en primer lugar, el de reubicar socialmente el peso mismo de la palabra y de las expresiones, apostar por una cultura que guste escuchar y reconocer al prójimo, una cultura que sea incluso solidaria con sus literatos, con las personas que forjan y trabajan la palabra. Se vale soñar, por ejemplo, con una Colombia utópica donde cada colombiano supiera recitar de memoria, por qué no, ese bello y espléndido poema que es la Canción de la vida profunda, de Porfirio Barba Jacob. Sin embargo, tenemos un país del cual el mismo Fernando Vallejo ha dicho en su novela Chapolas negras, que tiene culpa en el suicidio del gran poeta José Asunción Silva.

Pero más allá de los cambios educativos y culturales, la misma ciencia del derecho requiere esfuerzos mayores para formar a sus juristas en interpretación del testimonio y sus contextos, por un lado, y por otro, esfuerzos mayores por parte del gobierno y el Ministerio de Justicia, en cuanto a programas de protección de testigos y la importancia social de dichos programas. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la verdad y, junto a ella, y por una muy extraña y compleja suerte, la vida de muchas personas.

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