En su reciente columna, Mauricio Botero Caicedo recurre a una comparación tan grandilocuente como imprecisa: equipara al precandidato Iván Cepeda con Maximilien Robespierre, figura emblemática del Terror jacobino. El paralelismo pretende advertir sobre un supuesto peligro político. Sin embargo, lo que termina revelando no es un riesgo real, sino una debilidad argumentativa.
Las analogías históricas exigen rigor. Robespierre fue protagonista de un régimen de excepción que normalizó la violencia como método de gobierno, suprimió garantías y convirtió la muerte en instrumento pedagógico del poder.
Iván Cepeda, por el contrario, ha construido su trayectoria política desde un lugar opuesto: la defensa de las víctimas, la exigencia de verdad judicial, el fortalecimiento de la memoria histórica y el respeto —aun en contextos adversos— por el Estado de derecho. No se trata de matices ideológicos: se trata de hechos.
La comparación propuesta por Botero Caicedo no resiste el menor contraste histórico. Cepeda no ha promovido purgas, ni tribunales de excepción, ni violencia política. Ha promovido procesos judiciales, investigaciones, testimonios y debates públicos. Confundir ese ejercicio con el terror revolucionario no es una hipérbole inocente: es una distorsión deliberada.
¿Por qué acudir entonces a Robespierre?
Porque cuando no se logra refutar una postura ética o política, se opta por estigmatizar al sujeto que la encarna. La invocación de figuras extremas del pasado cumple una función retórica clara: sembrar miedo en el lector. No se discuten ideas; se lanzan advertencias. No se debate un proyecto político; se construye un enemigo simbólico.
En Colombia, este mecanismo es conocido. Cada vez que alguien insiste en hablar de responsabilidades políticas en la violencia, de paramilitarismo, de falsos positivos o de impunidad estructural, aparece el reflejo defensivo que confunde justicia con revancha. No porque esas discusiones carezcan de fundamento, sino porque interpelan zonas de poder históricamente intocables.
La columna de Botero Caicedo incurre además en una confusión de fondo: asumir que la persistencia en la búsqueda de verdad es sinónimo de odio. Cepeda no ha hecho de la venganza su bandera; ha hecho de la memoria y la legalidad su método. Pero para ciertos sectores, habituados a una justicia selectiva y lenta, cualquier intento de coherencia ética resulta sospechoso.
El señalamiento, en últimas, no habla tanto del acusado como del acusador. Cuando un opinador como Botero Caicedo necesita recurrir al Terror francés para deslegitimar a un defensor de víctimas, el problema no es la supuesta radicalidad del político, sino el temor persistente a que la verdad deje de ser un asunto negociable.
Las comparaciones históricas pueden iluminar el presente. Mal usadas, solo lo oscurecen. Y en este caso, la sombra no cae sobre Iván Cepeda, sino sobre la fragilidad del argumento que pretende desacreditarlo.
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