Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana, es un obstáculo mayúsculo para quienes aspiran consolidar un régimen represivo en Colombia, blindándolo de legalidad desde el Senado y con amenazas y asesinatos desde la clandestinidad.
Petro con singular valentía e inteligencia denunció desde sus primeros años de senador la tenebrosa alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico y las élites políticas regionales que lograron infiltrar las más importantes instituciones del Estado y que al parecer siguen permeadas.
Ha sido Petro quien permanentemente ha levantado su voz para alertar a los colombianos sobre los más sonados casos de corrupción de los últimos dieciséis años de gobierno. Corrupción cuyo costo supera los $50.0 billones de pesos y que continúa en total impunidad.
Durante años ha mantenido una férrea defensa de las clases menos favorecidas y siempre ha sido tildado por este ideal de comunista. Su pasado como militante del M-19 es utilizado permanentemente por sus enemigos políticos para restarle importancia a sus denuncias sociales. Sin embargo, la contundencia de la realidad que señala se erige como un muro donde se estrellan todos los improperios de sus detractores.
Con un pensamiento político crítico y claro ha podido conformar una fuerza política de más de ocho millones de seguidores, que coinciden con él en sus denuncias y en la necesidad de cambios reales y de fondo en casi todas las áreas de la actividad socio-económica y política de la patria. Su activismo político, despojado de las eternas fraudulentas prácticas proselitistas de sus opositores, no ha sido fácil. Tampoco ha contado con el apoyo económico de las clases dominantes o empresarios poderosos. Ha decir verdad casi con ningún apoyo, salvo el consagrado en la ley. Sus seguidores no son los poderosos, sino los ignorados y desposeídos.
Petro no ha sido condenado por ningún caso de corrupción, a pesar de todos los intentos fallidos de oscuros y poderosos enemigos. Esta condición, le otorga la investidura moral y ética para hablar sin tapujos y de frente contra los ladrones de cuello blanco, denunciando acuerdos de legisladores para favorecer los intereses de algunos pocos en detrimento del interés general.
Durante su paso por la alcaldía de Bogotá, su administración fue permanentemente saboteada y obstaculizada por empresarios corruptos y líderes de los tradicionales partidos políticos de esta mal llamada Democracia Colombiana. En cabeza de un procurador abyecto tuvo que sufrir la más férrea persecución legal que haya enfrentado funcionario público en Colombia, gracias a lo cual, faltó poco para perder, de por vida, sus derechos políticos como ciudadano.
Petro, junto con Robledo, Iván Cepeda y ahora la exsenadora Claudia López, representan un grupo de senadores y contradictores inteligentes que han logrado desenmascarar el accionar siniestro de la ultraderecha en el senado y en el país. A todos ellos les han buscado el quiebre —como se dice coloquialmente— para callarlos y sacarlos del camino. Su presencia en el Senado constituye un molesto obstáculo para los objetivos de grupos poderosos y regresivos de Colombia.
Con explícita maldad y torpeza, la senadora Paloma Valencia reveló, durante el debate en el Senado al fiscal Néstor Humberto Martínez, por el mayor caso de corrupción en Colombia, un video donde según ella Gustavo Petro recibe dineros de dudosa procedencia.
El video, filmado hace más de catorce años, muestra a alguien, entregándole una suma de dinero en efectivo a Gustavo Petro. Al parecer veinte millones, que el senador habría recibido como donación de un importante arquitecto para el financiamiento de una de sus campañas.
El Centro Democrático, que al parecer tiene su propia central de inteligencia, e intereses fundados para mantener en la impunidad el caso de Odebrecht, logró obtener el mentado video, cuya deficiente calidad visual y sonora utilizó la senadora Valencia para comprometer a Petro y torpedear el debate al fiscal Martínez, que era cuestionado por los serios impedimentos que ostenta para proceder de manera imparcial y fiel en el esclarecimiento de uno de los más escandalosos casos de corrupción internacional, en el cual aparece salpicado el excandidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien por decisión del mismo senador Álvaro Uribe fue retirado de la consulta para las presidenciales que ganó el hoy presidente Iván Duque, también señalado en las preliminares de la investigación.
Un desprevenido, pero atento, observador, tendría que cuestionarse: ¿por cuál razón la senadora Valencia sacó a relucir el deficiente video, filmado hace más de catorce años, durante una de las plenarias más importantes del Senado en lo corrido del año?, ¿cómo fue realizada la filmación del video?, ¿por quiénes y con autorización de quién?, ¿no muestra este video que el hoy senador Petro fue objeto de filmaciones y chuzadas ilegales por amigos de la senadora Valencia o del gobierno de turno, constituyéndose este hecho, en un acto ilícito?, ¿cómo obtuvo la senadora Valencia el video con el cual pretende acusar a Petro de un “intento de sospecha”?, ¿por cuál razón el video no se hizo público antes?
¿Por qué razón la senadora Valencia no procedió de forma correcta, haciendo entrega del video a las autoridades para su consiguiente investigación en lugar de hacerlo público en tan importante debate?, ¿cuántos videos más guarda el Centro Democrático y/o la senadora Valencia que deberían hacerse públicos o entregarse a las autoridades para bien de la justicia?, ¿fue el real interés de la senadora del Centro Democrático desviar la atención del debate con un objetivo predeterminado?, ¿acaso la senadora Valencia sigue la misma línea de comportamiento del fiscal Martínez, según la cual los hechos delictivos son para ponerlos en consideración cuando conviene?
Con seguridad Gustavo Petro saldrá airoso de esta celada que le tendió el Centro Democrático y que fue ejecutada por la senadora Valencia. Sin embargo, la cortina de humo que tendieron sobre el caso Odebrecht y el comportamiento del fiscal Martínez sobre el mismo habrá contribuido de manera sustantiva a un penoso episodio más de impunidad, por el cual ya perdieron la vida dos colombianos, el ingeniero Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro.
