Uno de los problemas más graves de la educación en Colombia tiene que ver con la falta de estabilidad en las políticas públicas. El(la) ministro(a) que llega suele desconocer el trabajo de su antecesor(a) e igualmente ocurre en las entidades territoriales. Este es un fenómeno que no es nuevo. La Universidad Pedagógica Nacional desarrolló una recopilación de varios artículos editoriales sobre educación en diferentes periódicos del país, y de la misma manera en que inicia este párrafo, inician varios artículos escritos incluso a inicios siglo XX.
La manera más sintética de expresar el problema es que contamos con políticas de gobierno y no con políticas de Estado. Un avance importante se ve reflejado en los esfuerzos por estructurar planes decenales de educación. Pero, ciertamente, falta mucho para que se logren proyecciones importantes para que la educación acompañe y potencialice esfuerzos nacionales de desarrollo integral. Un ejemplo interesante puede apreciarse en algunos países asiáticos en los períodos de posguerra, en los cuales se usó el sistema educativo para proyectar su crecimiento económico pronosticando los requerimientos de perfiles profesionales específicos.
De alguna manera, todos somos responsables, las manifestaciones para reclamar mejores condiciones, por parte de algunos docentes y agremiaciones de docentes, a veces se concentran en reclamos de corto plazo (válidos y justificados) y vale aclarar que muchas veces (me atrevo a decir que la mayoría) también se reclama políticas públicas estables y serias, pero los medios de comunicación tradicionales no visibilizan estos reclamos y se concentran en temas como los aspectos salariales y de atención en salud, los cuales, insisto, también son muy importantes. Pero es muy posible que a los docentes y a los intelectuales nos falte hacer más por llamar la atención de la comunidad sobre la importancia de estos otros temas.
Otro debate que suele pasarse por alto o suele enfocarse equivocadamente tiene que ver con las diferencias entre la educación pública y privada. No debería preguntarse si la educación privada es mejor que la pública, juego en el que caen banalmente la mayoría de los medios de comunicación convencionales. Deberíamos preguntarnos mejor: si la educación se considera un servicio o un derecho; si el Estado garantiza este derecho a la población de manera adecuada y pertinente; si la oferta educativa del sector privado es complementaria a la del sector público o si rivaliza en una “sana” competencia o de manera “abusiva”; si la diversidad en la oferta educativa representa oportunidades interesantes para la mayor parte de la población, o si es un síntoma de inequidad en el acceso. En una lógica económica de oferta y demanda, los “consumidores” de los “servicios” educativos podrían escoger las mejores opciones de acuerdo a sus preferencias, gustos, intereses e incluso características de personalidad, pero la realidad en Colombia es que la diversidad es más una señal de inequidad que una muestra de “oportunidades”, de manera que muchos escogen de acuerdo a lo que les alcance el bolsillo.
De esta manera, otro debate equivocado suele ser la comparación con otros países. Por ejemplo: estudiar un doctorado en Colombia es muy costoso, en Alemania es gratis, la mayoría de universidades en Colombia son privadas, en Alemania son públicas; en este orden, no se puede comparar a Colombia con Alemania así nada más. El problema no está en compararnos con otros países, en muchas ocasiones puede servir de mucha utilidad; piénsese en la primera misión alemana en 1870 de la cual se derivaron aprendizajes muy importantes para mejorar (estructurar) el sistema educativo colombiano; el problema está cuando se pretende aplicar modelos foráneos sin reconocer la falta de integralidad (o integración) de nuestro sistema educativo y las particularidades de nuestra situación social, económica y política.
