Hace poco más de un año que se ha cumplido la implementación del régimen de excepción expedido durante el periodo de gobierno de Nayib Bukele en El salvador, y es que aunque ha pasado ya tiempo desde el “boom” mediático sobre el apoyo o discrepancia a las políticas implementadas por el mencionado mandatario dentro del marco de un régimen de excepción que tuvo y tiene como justificación una guerra interna declarada por parte del estado del presidente electo contra el crimen organizado, la corrupción y las pandillas (maras) sigue siendo esta implementación de políticas cuestión objeto de discusión global.
En este proceso de contención y extinción de las pandillas se ha producido la violación sistemática de derechos humanos a cualquiera relacionado con un miembro de estos grupos, bien sea por lazos familiares, sociales o culturales como lo son estar tatuados o tener cierto tipo de vestimenta por dar un ejemplo a personas que tengan estas caracteristicas se les ha realizado un sin número de capturas ilegales, implementación de penas y tratos crueles e inhumanos a los capturados, los cuales tienen un nulo derecho de defensa bajo un sistema de procesamiento penal expedito sin garantías jurídicas.
Aunado a esto, el hacinamiento en centros penitenciarios, los trabajos forzados, torturas y múltiples formas de degradación humana a través de mecanismos jurídicos son si se quiere la violacion a derechos humanos más visible y contrariada de la última década que parece no tener un punto medio y que se da de esta parte del hemisferio.
Pues pese a que El Salvador es miembro de las naciones unidas desde el 26 junio 1945 y a se ha suscrito con la misma organización internacional a múltiples convenciones y tratados, ejemplo de ello y pertinente al caso es la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes siendo este país en cuestión uno de los que mayor número de ratificación de tratados tiene a nivel global con una media de 15 a 18, las actuales politicas mencionadas y el apoyo o desacuerdo frente a las acciones del presidente electo de manera interna y por algunos sectores internacionales parecen respaldar la continuación de este tipo de acciones del gobierno en contra de sus ciudadanos, acciones¹ que por sus resultados como son; capturas masivas, hacinamiento y homicidio de pandilleros parecen justificar los improperios contra el ser humano, en este punto podríamos pensar dentro de la lógica del desarrollo histórico de estas garantías universales que estos actos serian causal para un enjuiciamiento y reproche general, no obstante contrario sensu existe apoyo de múltiples sectores a estas acciones del gobierno salvadoreño como se mencionó anteriormente ejemplo de esto se da en el panorama de la política colombiana en el cual algunos miembros del centro democratico como es el caso del representante José Jaime Uscateguí quien invito al mandatario a la cumbre de patriotas desarrollada por miembros y afines a este partido político, a través de una carta el representante dice, “Para nosotros sería de enorme satisfacción contar con su participación e intervención en este importante encuentro, el cual han asistido figuras nacionales, como el expresidente Álvaro Uribe, y otras personalidades internacionales como la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.
Es en este punto en donde la dualidad se hace evidente pues pese a esta invitación el presidente de El salvador y el de Colombia han mantenido múltiples discusiones en torno a los planes de manejo de cada país, que tiene como punto central si las prácticas adoptadas por Bukele en su estado de excepción son realmente aceptables dentro del marco de discurso globalizado de protección a los derechos humanos como lo reitera y respalda el comité de derechos sociales y económicos de las Naciones Unidas el cual en octubre de 2022. Instó, a modo de recomendacion, al gobierno de El Salvador entre otras cosas a ratificar instrumentos fundamentales de derechos humanos en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como también tenga en cuenta la observación general núm. 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos, relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los reclusos (Reglas Nelson Mandela). por la manifiesta inquietud por parte del comité por la detención de personas participantes de protestas, sus condiciones y tratamiento en centros de reclusión conforme a los principios de dignidad, legalidad.
¹ World report 2022: El Salvador, Human Right Watch
